“Los regímenes autoritarios y corruptos buscan la manera de evadir las sanciones, y es responsabilidad de Estados Unidos asegurarse que la ley se cumpla”, dijo el senador republicano Marco Rubio en entrevista concedida a DIARIO LAS AMÈRICAS.
Por eso, asegura, “es indispensable investigar el esquema de compañías ‘fantasma’ que ha creado el régimen cubano para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos”.
Recientemente el senador Rubio y su colega Bob Menéndez, presidente del comité de Relaciones Exteriores en el Senado, solicitaron investigar la estructura creada por el régimen de La Habana para eludir sanciones. Ambos enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en la que le piden usar “todas las herramientas disponibles” para responsabilizar a ese régimen, a las personas y entidades vinculadas en la creación de una red de empresas que cumplen el propósito de eludir las leyes estadounidenses.
En sus declaraciones a este rotativo, el político cubanoamericano mencionó la importancia de la solicitud a la secretaria del Tesoro, cuyo propósito explicó es que se investigue el esquema que está empleando el régimen que encabeza Miguel Díaz-Canel. “Necesitamos saber cómo la dictadura manipula el sistema por medio de estas compañías fantasma. ¿Quiénes los están ayudando? ¿Cómo operan estas empresas?”.
El pedido de los senadores se origina tras la publicación de una investigación realizada por The Miami Herald y el Nuevo Herald sobre la creación de una red de “empresas fantasmas” y “jurisdicciones secretas”, creadas con el fin de solicitar préstamos financieros, vender y fletar embarcaciones para transportar combustible, químicos y materiales de construcción necesarios para los nuevos proyectos de construcción que realiza el conglomerado de empresas en manos militares.
A través de ese esquema Cuba también estaría exportando minerales. “Debemos llegar al fondo de esto para hacer cumplir la ley”, sentenció el legislador.
“No sabemos [cómo operan y quiénes participan], por eso estamos instando al departamento del Tesoro a que investigue”, acotó el senador.
Según los informes de prensa, las compañías estarían operando bajo la jurisdicción de Acemex, una corporación vinculada al régimen de La Habana, creada desde hace casi cuatro décadas en el Principado de Liechtenstein, que limita con Suiza al oeste y el sur, y con Austria al este y el norte, es de habla alemana y tiene un fuerte sector financiero, centrado en Vaduz, la capital.
Las compañías fantasmas estarían operando bajo la protección de Acemex, que serviría de “paraguas” para esconder las transacciones comerciales de La Habana.
Dada la forma en que Acemex está eludiendo la ley estadounidense, “nos preocupa que la empresa sirva como modelo de negocios para regímenes corruptos que buscan violar y socavar la efectividad de las sanciones estadounidenses sin enfrentar las consecuencias necesarias”, expresan los legisladores en la carta enviada a la titular del Tesoro.
“Dado que el uso que hace el régimen cubano de Acemex y una red de empresas fantasma tiene implicaciones para otros programas de sanciones de Estados Unidos”, sostienen los legisladores en la misiva a la secretaría del Tesoro.
Militares, “parte de la mafia”
El cubano de a pie enfrenta cada vez más desafíos para sobrevivir en la isla, la pandemia ha agudizado la crisis económica, una realidad que no afecta a la cúpula del Partido Comunista y a los militares dueños de empresas y que viven como capitalistas. El lujo que les rodea y disfrutan junto a sus familias, autos, viajes, vacaciones, lo comparten ocasionalmente en las redes sociales, un contraste con la realidad que viven los cubanos que hacen enormes colas para conseguir alimentos.
“Es impresionante cómo los integrantes del régimen y el mismo Díaz-Canel no padecen los mismos racionamientos que el resto del pueblo, es evidente que comen muy bien con tan solo ver fotos. El objetivo de la dictadura siempre ha sido que el pueblo dependa a todo nivel de ellos, así tratan de dominar e intimidar al pueblo cubano”, precisó.
Las riquezas de la cúpula están en manos y son administradas por los militares. El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), es un conglomerado de empresas adscrita al Ministerio de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), que ya no solo tienen las armas, se han convertido en un poder económico desde 1995 que fue creado, desde entonces su crecimiento ha sido descomunal con todas las facilidades, sin controles y sin rendición de cuentas.
Las finanzas de los militares cubanos son manejadas como “secreto de estado”, pero investigaciones periodísticas en la isla refieren que parte del conglomerado lo constituyen lujosos hoteles, restaurantes, centros recreativos, agencias de viajes, hostales, cafeterías, inmobiliarias, empresas de vuelos, importadoras, empresas de rentas de autos, almacenes, navieras, servicio de mensajería y paquetería, ventas mayoristas, bancos, empresas financieras, empresas de construcción, y toda la red de tiendas minoristas en CUC (Peso cubano convertible), y ahora en MLC (Moneda libremente convertible), una riqueza en pocas manos.
Sobre ese tema, el senador estadounidense refiere que la cúpula militar cubana es parte de la mafia del régimen castrista.
“Los militares cubanos son parte de una mafia que domina varios sectores de la economía cubana. Lo triste y preocupante es que se doblegan ante una dictadura por interés económico y en defensa de una revolución opresiva”, subrayó Rubio.
Rubio y Menéndez han solicitado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) investigar sobre este asunto y tomar todas las medidas necesarias.
También han pedido trabajar con los socios europeos para garantizar la plena implementación y el cumplimiento de las sanciones.
Al mismo tiempo solicitaron una reunión informativa para discutir la aplicación de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos sobre la red de empresas fantasmas bajo la sombrilla de Acemex, y de ser necesario realizar cambios regulatorios para garantizar que no existan lagunas que “pudiera utilizar Acemex o empresas similares para eludir otros programas de sanciones”.
Robo de propiedad
Rubio y Menéndez que han constituido un equipo en defensa de los intereses de la democracia en la región, presentaron un nuevo proyecto de Ley bipartidista y bicameral que persigue proteger en las cortes estadounidenses los derechos e intereses de empresarios estadounidenses, cuyos bienes han sido confiscados por el régimen cubano.
“La propuesta busca prohibir que las cortes de Estados Unidos puedan reconocer, hacer cumplir o validar de otro modo cualquier afirmación de derechos por parte de una persona sobre una marca comercial que ha sido utilizada en relación con un negocio o bienes confiscados por el régimen cubano, a menos que el propietario original de la marca haya otorgado su consentimiento en favor de la transferencia de dicha marca”, dice la iniciativa.
“Cualquier confiscación de bienes por parte del régimen Castrista es y será siempre un delito. Este proyecto de ley protegerá las marcas comerciales estadounidenses al codificar en ley la política de apoyar a los legítimos propietarios de bienes robados, así garantizará que las cortes reconozcan los derechos de aquellos cuyas marcas fueron confiscadas”, dijo Menéndez.
“Por 60 años la dictadura cubana a través de empresas controladas por el régimen, se han beneficiado de la propiedad intelectual que fue robada y que legítimamente pertenece a [familias de origen] cubano y sus descendientes”, dijo Rubio.
Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega ha empezado a utilizar las herramientas “legales” que la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, ha aprobado para garantizar la permanencia de Ortega en el poder a través de la represión, el encarcelamiento y de limitar la participación de la oposición en las próximas elecciones.
Las últimas acciones de Ortega han sido retirar la personería jurídica a dos partidos de la oposición con lo que inhibe su participación en los comicios presidenciales de noviembre próximo en el que Ortega, el único candidato del FSLN durante cuatro décadas, se estaría postulando para un cuarto mandato consecutivo tras 14 años de permanencia en el poder durante la segunda dictadura sandinista.
El senador Rubio junto al senador Menéndez y otros legisladores presentaron el proyecto de “Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER)”, que persigue sancionar al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, por sus acciones corruptas y lograr elecciones libres, justas y transparentes en la nación centroamericana.
Rubio cree que la actual administración del presidente Joe Biden debe actuar y “abordar el tema de la corrupción del régimen de Ortega y de su familia. Estados Unidos no debe desamparar la causa de la lucha por Nicaragua, la administración anterior (del presidente Donald Trump) fue contundente en imponer sanciones importantes contra los hijos de Ortega y otros allegados. Es importante que la administración Biden muestre algún interés por este tema y siga sancionando a los testaferros de Ortega y a aquellos que han violado los derechos humanos de los nicaragüenses”, precisó Rubio.
Las sanciones de Estado Unidos contra el régimen sandinista por corrupción y violaciones a los derechos humanos se han detenido desde la llegada de la nueva administración. Hasta ahora las acciones del Departamento de Estado, han quedado en señalamientos y repudio.
La administración Trump designó una treintena de sanciones contra familiares de Ortega -entre ellos su esposa, tres hijos y su consuegro-, su círculo cercano y empresas obtenidas al amparo de la ayuda petrolera venezolana y fondos públicos.
Fuente: Diario las Américas
En sus declaraciones a este rotativo, el político cubanoamericano mencionó la importancia de la solicitud a la secretaria del Tesoro, cuyo propósito explicó es que se investigue el esquema que está empleando el régimen que encabeza Miguel Díaz-Canel. “Necesitamos saber cómo la dictadura manipula el sistema por medio de estas compañías fantasma. ¿Quiénes los están ayudando? ¿Cómo operan estas empresas?”.
El pedido de los senadores se origina tras la publicación de una investigación realizada por The Miami Herald y el Nuevo Herald sobre la creación de una red de “empresas fantasmas” y “jurisdicciones secretas”, creadas con el fin de solicitar préstamos financieros, vender y fletar embarcaciones para transportar combustible, químicos y materiales de construcción necesarios para los nuevos proyectos de construcción que realiza el conglomerado de empresas en manos militares.
A través de ese esquema Cuba también estaría exportando minerales. “Debemos llegar al fondo de esto para hacer cumplir la ley”, sentenció el legislador.
“No sabemos [cómo operan y quiénes participan], por eso estamos instando al departamento del Tesoro a que investigue”, acotó el senador.
Según los informes de prensa, las compañías estarían operando bajo la jurisdicción de Acemex, una corporación vinculada al régimen de La Habana, creada desde hace casi cuatro décadas en el Principado de Liechtenstein, que limita con Suiza al oeste y el sur, y con Austria al este y el norte, es de habla alemana y tiene un fuerte sector financiero, centrado en Vaduz, la capital.
Las compañías fantasmas estarían operando bajo la protección de Acemex, que serviría de “paraguas” para esconder las transacciones comerciales de La Habana.
Dada la forma en que Acemex está eludiendo la ley estadounidense, “nos preocupa que la empresa sirva como modelo de negocios para regímenes corruptos que buscan violar y socavar la efectividad de las sanciones estadounidenses sin enfrentar las consecuencias necesarias”, expresan los legisladores en la carta enviada a la titular del Tesoro.
“Dado que el uso que hace el régimen cubano de Acemex y una red de empresas fantasma tiene implicaciones para otros programas de sanciones de Estados Unidos”, sostienen los legisladores en la misiva a la secretaría del Tesoro.
Militares, “parte de la mafia”
El cubano de a pie enfrenta cada vez más desafíos para sobrevivir en la isla, la pandemia ha agudizado la crisis económica, una realidad que no afecta a la cúpula del Partido Comunista y a los militares dueños de empresas y que viven como capitalistas. El lujo que les rodea y disfrutan junto a sus familias, autos, viajes, vacaciones, lo comparten ocasionalmente en las redes sociales, un contraste con la realidad que viven los cubanos que hacen enormes colas para conseguir alimentos.
“Es impresionante cómo los integrantes del régimen y el mismo Díaz-Canel no padecen los mismos racionamientos que el resto del pueblo, es evidente que comen muy bien con tan solo ver fotos. El objetivo de la dictadura siempre ha sido que el pueblo dependa a todo nivel de ellos, así tratan de dominar e intimidar al pueblo cubano”, precisó.
Las riquezas de la cúpula están en manos y son administradas por los militares. El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), es un conglomerado de empresas adscrita al Ministerio de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), que ya no solo tienen las armas, se han convertido en un poder económico desde 1995 que fue creado, desde entonces su crecimiento ha sido descomunal con todas las facilidades, sin controles y sin rendición de cuentas.
Las finanzas de los militares cubanos son manejadas como “secreto de estado”, pero investigaciones periodísticas en la isla refieren que parte del conglomerado lo constituyen lujosos hoteles, restaurantes, centros recreativos, agencias de viajes, hostales, cafeterías, inmobiliarias, empresas de vuelos, importadoras, empresas de rentas de autos, almacenes, navieras, servicio de mensajería y paquetería, ventas mayoristas, bancos, empresas financieras, empresas de construcción, y toda la red de tiendas minoristas en CUC (Peso cubano convertible), y ahora en MLC (Moneda libremente convertible), una riqueza en pocas manos.
Sobre ese tema, el senador estadounidense refiere que la cúpula militar cubana es parte de la mafia del régimen castrista.
“Los militares cubanos son parte de una mafia que domina varios sectores de la economía cubana. Lo triste y preocupante es que se doblegan ante una dictadura por interés económico y en defensa de una revolución opresiva”, subrayó Rubio.
Rubio y Menéndez han solicitado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) investigar sobre este asunto y tomar todas las medidas necesarias.
También han pedido trabajar con los socios europeos para garantizar la plena implementación y el cumplimiento de las sanciones.
Al mismo tiempo solicitaron una reunión informativa para discutir la aplicación de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos sobre la red de empresas fantasmas bajo la sombrilla de Acemex, y de ser necesario realizar cambios regulatorios para garantizar que no existan lagunas que “pudiera utilizar Acemex o empresas similares para eludir otros programas de sanciones”.
Robo de propiedad
Rubio y Menéndez que han constituido un equipo en defensa de los intereses de la democracia en la región, presentaron un nuevo proyecto de Ley bipartidista y bicameral que persigue proteger en las cortes estadounidenses los derechos e intereses de empresarios estadounidenses, cuyos bienes han sido confiscados por el régimen cubano.
“La propuesta busca prohibir que las cortes de Estados Unidos puedan reconocer, hacer cumplir o validar de otro modo cualquier afirmación de derechos por parte de una persona sobre una marca comercial que ha sido utilizada en relación con un negocio o bienes confiscados por el régimen cubano, a menos que el propietario original de la marca haya otorgado su consentimiento en favor de la transferencia de dicha marca”, dice la iniciativa.
“Cualquier confiscación de bienes por parte del régimen Castrista es y será siempre un delito. Este proyecto de ley protegerá las marcas comerciales estadounidenses al codificar en ley la política de apoyar a los legítimos propietarios de bienes robados, así garantizará que las cortes reconozcan los derechos de aquellos cuyas marcas fueron confiscadas”, dijo Menéndez.
“Por 60 años la dictadura cubana a través de empresas controladas por el régimen, se han beneficiado de la propiedad intelectual que fue robada y que legítimamente pertenece a [familias de origen] cubano y sus descendientes”, dijo Rubio.
Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega ha empezado a utilizar las herramientas “legales” que la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, ha aprobado para garantizar la permanencia de Ortega en el poder a través de la represión, el encarcelamiento y de limitar la participación de la oposición en las próximas elecciones.
Las últimas acciones de Ortega han sido retirar la personería jurídica a dos partidos de la oposición con lo que inhibe su participación en los comicios presidenciales de noviembre próximo en el que Ortega, el único candidato del FSLN durante cuatro décadas, se estaría postulando para un cuarto mandato consecutivo tras 14 años de permanencia en el poder durante la segunda dictadura sandinista.
El senador Rubio junto al senador Menéndez y otros legisladores presentaron el proyecto de “Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER)”, que persigue sancionar al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, por sus acciones corruptas y lograr elecciones libres, justas y transparentes en la nación centroamericana.
Rubio cree que la actual administración del presidente Joe Biden debe actuar y “abordar el tema de la corrupción del régimen de Ortega y de su familia. Estados Unidos no debe desamparar la causa de la lucha por Nicaragua, la administración anterior (del presidente Donald Trump) fue contundente en imponer sanciones importantes contra los hijos de Ortega y otros allegados. Es importante que la administración Biden muestre algún interés por este tema y siga sancionando a los testaferros de Ortega y a aquellos que han violado los derechos humanos de los nicaragüenses”, precisó Rubio.
Las sanciones de Estado Unidos contra el régimen sandinista por corrupción y violaciones a los derechos humanos se han detenido desde la llegada de la nueva administración. Hasta ahora las acciones del Departamento de Estado, han quedado en señalamientos y repudio.
La administración Trump designó una treintena de sanciones contra familiares de Ortega -entre ellos su esposa, tres hijos y su consuegro-, su círculo cercano y empresas obtenidas al amparo de la ayuda petrolera venezolana y fondos públicos.
Fuente: Diario las Américas