El régimen de Cuba importa aproximadamente el 70% de los alimentos que necesita la población, lo que corresponde al 50% de la canasta mensual de alimentos subvencionada por el régimen y que se facilita a la población, según un análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«En particular, la escasez de alimentos en Cuba y la consecuente dependencia de las importaciones se explicarían por problemas estructurales en el sistema productivo/agrícola local que, a su vez, serían el resultado de factores como: la falta de insumos y equipos agrícolas para las cadenas de valor agrícolas; la falta de servicios e incentivos adecuados; los eventos extremos y los riesgos relacionados con el clima; las carencias en materia de tecnología, conocimientos, innovación e inversiones; la baja productividad; y el uso limitado de créditos y seguros», reseñó el informe del PMA.
La CIDH y su REDESCA «observan con preocupación la información del PMA de que la canasta de alimentos subvencionada por el Estado cubano cubre solo el 40% del aporte energético recomendado para la nutrición adecuada de las personas. Es decir, para cubrir el 60% restante, la población necesitaría comprar alimentos en mercados no subvencionados, los cuales se caracterizan por precios muy elevados, un suministro irregular y eventual desabastecimiento».
Desde el año pasado la comisión de la OEA señaló, en su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Cuba, que existe en el país una escasez intermitente de productos alimentarios esenciales, como es el caso del aceite, la harina de trigo, el arroz, la carne de cerdo, el pollo o los huevos. El informe recoge las quejas de varios cubanos por «las grandes dificultades de la población para adquirir productos alimentarios más allá de los contenidos en la libreta de racionamiento».
«Se suma a esta realidad una elevada inflación y una fuerte contracción de las fuentes de ingresos nacionales y de los hogares, especialmente provenientes del turismo, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En particular, las importaciones de alimentos se han visto afectadas por la interrupción de las cadenas de suministro a nivel internacional y la incertidumbre ante las repercusiones de la pandemia en los mercados mundiales», agregó el comunicado.
La CIDH reiteró «su preocupación por la persistencia del embargo económico impuesto a Cuba por Estados Unidos y recalca la importancia del fin del embargo para garantizar los derechos humanos que se ven afectados como consecuencia de este. En particular, se señala que las restricciones económicas impuestas a Cuba profundizan y empeoran las condiciones de acceso a alimentos en el país y destacan que el derecho a una alimentación adecuada está vinculado a la dignidad inherente a la persona humana y es indispensable para la justicia social y para la erradicación de la pobreza».
El comunicado recordó que los Estados deben garantizar una alimentación nutritiva y adecuada a la población, especialmente a aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. También que gran parte de los aspectos de la inseguridad alimentaria, incluso de la desnutrición y subnutrición, son consecuencia y al mismo tiempo causa de la pobreza de la población.
Pese a la reestructuración económica llamada Tarea Ordenamiento y otras medidas «para recuperar la producción agrícola», el régimen de Cuba no logra cubrir la demanda de la población de alimentos y otros productos de primera necesidad.
Fuente: Diario las Américas