Con menos de un millón y medio de votos ganó Nayib Bukele la Presidencia de El Salvador hace dos años, y para conseguirlos, un puñado de sus funcionarios integró una red de lavado de dinero de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que sirvió de financista para su campaña.
“Carolina Recinos, actual jefe de gabinete en el Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”. Así se refiere, literalmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos a una de las funcionarias de mayor peso en el Gobierno de Bukele. Recinos ha integrado el pequeño círculo de confianza del mandatario desde que este comenzó su carrera política hace nueve años como alcalde del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán, revela El Faro.
Recinos aparece en el reporte de funcionarios salvadoreños corruptos o sospechosos de corrupción que emanó del Congreso norteamericano junto al exdirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de Alba Petróleos de El Salvador (APES) filial de PDVSA, José Luis Merino; el exministro de seguridad de la administración Bukele, Rogelio Rivas; el diputado de su partido Gana y expresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos; y el exdirigente del Frente y también expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes.
Transacciones ilícitas
Dinero mal habido los colocó en la lista. Los primeros señalados en llenar sus bolsillos son la jefe de gabinete presidencial, quien junto a su esposo, el embajador en Rusia, Efrén Bernal, recibió un préstamo de 227.000 dólares de APES en 2012.
Esa cifra quedó corta cuando sus cuentas reportaron el ingreso de 1.100.694 dólares un año después, a raíz de otro préstamo que gestionó como apoderada legal de Starlight, empresa que también era parte del entramado de Alba Petróleos. De ese dinero, 1.030.694 dólares los desembolsó Inverval, una compañía financiada en su totalidad por Alba Petróleos.
“El dinero llenó una bolsa de al menos 3.474.894 dólares que llegó hasta Nayib Bukele y los colaboradores políticos del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán que ahora forman parte del Ejecutivo nacional”, asegura Infoabe.
El plazo de reintegro sería de diez años para los pagos e intereses mensuales entre 7,5 y 9,5 %. De esa manera, los fondos son hoy parte de un hueco financiero que oscila entre los 646.600.000 y los 934.400.000 dólares que las empresas del conglomerado Alba Petróleos no han podido justificar ante la Fiscalía salvadoreña. Las investigaciones apuntan a que estos fondos son parte de un esquema de préstamos y “donaciones que superan el monto de las utilidades –generadas por las empresas– entre 2010 y 2019”.
Para empujar una aspiración política
Esos recursos –aún sin justificación legal– sirvieron para cultivar la imagen de Bukele porque alcanzaron hasta para comprar un canal de televisión, pese a que el destino de los fondos era la asistencia para la cooperación en temas de desarrollo social y económico.
El tiempo de las operaciones jugó a favor. Recinos y Bukele recibieron el grueso de los préstamos cuando el joven político empezó a poner la mira en el mayor cargo de la nación.
En ese periodo, Alba Petróleos de El Salvador desembolsó 15.500.000 dólares a Inverval, una de sus empresas fachada, y la cual fue listada por la Fiscalía General como una de las que sirvió para el desvío de fondos venezolanos.
Inverval utilizó el 70 % de los fondos para el desarrollo de dos complejos urbanísticos de lujo en el pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán, donde Bukele era entonces alcalde y desde donde acariciaba la aspiración presidencial.
El resto del dinero de Inverval sirvió para que Bukele invirtiera en Starlight, una empresa de comunicaciones y productora de televisión desde la cual el político empujó su nombre. En febrero de 2013, Inverval giró un cheque a nombre de Bukele por 1.390.200 dólares para la compra de Starlight. Y entre abril y octubre de ese año, Inverval giró cheques a favor de Starlight por otro 1.030.000 dólares como “aporte a capital de trabajo”.
Con esa inversión, Starlight consolidó el canal TVX, donde Bukele designó a Federico Anliker, actual presidente de los puertos y aeropuertos de El Salvador, como director de la planta.
Un proveedor
Alba Petróleos de El Salvador está sancionada desde marzo de 2019 por Washington por sospechas de que a través de ella y otras empresas “se diseñaron una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares”.
En una investigación publicada por la consultora independiente estadounidense IBI Consultants se estableció que Alba Petróleos desvió al menos 1000 millones de dólares de dinero proveniente del petróleo venezolano a través de mecanismos como los préstamos a particulares, similares a los recibidos por Carolina Recinos y Nayib Bukele.
Préstamos con los que también se vieron beneficiados el exministro de hacienda, Nelson Fuentes, y Pablo Anliker, quien hasta antes de la ventilación de estos hechos ocupaba la vicepresidencia de agricultura y fue sustituido por Lili Pacas, según anuncio de Bukele en Twitter.
Otros nombres en la mira
Guillermo Gallegos no corrió con la misma suerte. Su nombre sí está incluido en la lista de sancionados por irregularidades que van desde viáticos legislativos injustificados hasta la entrega de más de medio millón de dólares desde la presidencia de la Asamblea a una organización no gubernamental cuyas actividades no pudieron corroborarse. En 2017, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó más de 3 millones de dólares injustificados en el patrimonio del político.
A Sigfrido Reyes, el Departamento de Estado le señala por “apropiarse de fondos públicos para beneficio personal” a través de gastos fraudulentos en viajes. El expresidente de la Asamblea tiene orden de captura desde el 9 de enero de 2020 por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa por 6 millones de dólares. Reyes obtuvo asilo en México en 2020 y no ha vuelto a su país.
Mientras tanto, la conexión del dinero de Alba Petróleos posiciona el nombre de Erick Vega, un médico que fue la mano derecha de José Luis Merino, el cerebro tras la operación Alba-PDVSA y quien, según investigaciones en Estados Unidos, ha sido por más de dos décadas el nexo entre la política salvadoreña y grupos criminales como las FARC de Colombia, la mafia estatal venezolana e incluso grupos rusos.
Fiscalía enterada pero indiferente
Si bien la Fiscalía General de El Salvador allanó a finales de mayo de 2019 –tres meses después de ganar Bukele la Presidencia– a 23 empresas relacionadas con Alba Petróleos en el marco de una investigación formal por lavado de dinero, la averiguación quedó a la deriva.
Las probabilidades de avance mermaron desde la instalación de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador hace un mes, donde el partido Nuevas Ideas, de Bukele, cuenta con 56 de los 84 diputados a su favor. Y los legisladores que en campaña prometieron trabajar para el presidente ya lo hacen.
Recién instalados los parlamentarios fieles a Bukele, destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional y al fiscal general. Bastó que dos diputados de la bancada del partido del presidente milenial introdujeran las propuestas de destitución para que estas fueran aprobada con 64 votos y sin ninguna discusión.
Además, Bukele insiste en desafiar a Estados Unidos, pues decidió enviar a Carolina Recinos a la embajada de Italia. Un mensaje más que político.
Fuente: PanamPost