Hace tres años, en 2018, la gente en México que votó por AMLO para presidente, lo escogió porque su ariete era combatir a la corrupción, luchar contra una cierta oligarquía en connivencia con una parte de la clase política, a la que llamó la “mafia del poder”.
Era un discurso convincente, a la luz de tantos casos de desvíos de fondos públicos, de tantos escándalos, de tantas propiedades y cuentas halladas a ex funcionarios que se enriquecieron brutalmente a costa de los impuestos de los mexicanos.
Pero ahora, cuando estamos ante las elecciones intermedias, podemos saber lo que realmente significa el proyecto de AMLO, su Cuarta Transformación. Conocemos lo que es y lo que no es.
Así que quienes hayan escogido a Morena, el movimiento-partido oficialista, habrán apoyado todo lo siguiente:
-Hiperpresidencialismo atroz.
-Centralismo.
-Control de ambas Cámaras legislativas.
-Control del Poder Judicial.
-Destrucción de las instituciones autónomas.
-Sometimiento agresivo de los gobiernos estatales.
-Defenestración de opositores y críticos.
-Militarización de espacios civiles.
-Asistencialismo electorero.
-Propaganda oficialista exhaustiva.
-Construcción de liderazgo de nuevo Eje Latinoamericano Rojo.
-Errática “soberanía” energética.
-Ideología socialista.
-Opacidad en manejo de los recursos públicos.
En 2018 era negado oficialmente el carácter socialista de la Cuarta Transformación. Hoy podemos atestiguar los visos socialistas que conlleva este proyecto político de Nación.
Valga el símil, así como Fidel Castro mantuvo en secreto durante la Sierra Maestra que su revolución armada era comunista, y lo vino a revelar cuando ya había tomado el poder, en México se negó el tinte socialista de la 4T antes de 2018.
Y aún en 2021 hay quienes lo niegan, pero la hiperconcentración del poder en la figura del presidente, el rechazo a la inversión extranjera en energía (e incluso de la mexicana, y aún cuando carecemos de tecnología nacional), la persecución selectiva de opositores, las dádivas con fines electoreros, el romantizar a los pobres, la abominación de los acaudalados, el sometimiento del poder legislativo y del poder judicial, no dejan mucho lugar a dudas. Es el esquema de Castro y de Chávez.
Es decir, el proyecto de la así llamada “Cuarta Transformación” no es un proyecto democrático. En lo absoluto. Se trata de encumbrar a un grupo de poder profundamente ideologizado, socialista, con escuela de lo peor de América Latina y con pertenencia al Foro de Sao Paolo, y al más reciente Grupo de Puebla, para perpetuarse en el poder simulando elecciones libres.
Pero apenas haya pasado este 6 de junio, día de la jornada electoral, el gobierno a través de sus operadores legislativos, como de hecho ya lo han anunciado éstos, va a tomar el control del hasta ahora autónomo Instituto Nacional Electoral (INE), y con ello, no habrá comicios legítimos en el futuro próximo. Una de las columnas de la democracia se habrá quebrado ante el socialismo trasnochado de raigambre latinoamericanista.
Lo primero que va a pasar en México una vez que concluyan las elecciones, con un poco de mejores resultados para la oposición de lo previstos hace un año, es que el gobierno de AMLO buscará reformar las leyes electorales, y que así, las elecciones vuelvan a ser manejadas de forma centralizada, como en los setentas.
Con ello se derrumbará uno de los más caros sueños de los mexicanos, el contar con un instituto electoral nacional no sujeto al poder del presidente en turno y a su ideología.
Con el INE tomado, así sea argumentando -bajo una cuestionable racionalidad legal- el mandato “las mayorías”, ya nada podrá ser igual.
Habrá elecciones, sí, pero sin ninguna legitimidad. Igual que en Venezuela. México va a formar parte de un selecto club de países podridos por la ideología socialista que en realidad se ciñen a la voluntad de un caudillo que permanece lustros en el poder.
Su justificación siempre será que ese “líder del pueblo” -eufemismo de dictador- está ahí porque “el pueblo” lo ha elegido, y que todos los desastres actuales, económicos y de inseguridad, se deben a los malos manejos del pasado en el que los gobernantes -asociados a la plutocracia- depredaron las arcas públicas.
La lógica que sustenta este tipo de proyectos es el neuromarketing político para la canalización de una emotividad negativa, la de la venganza, la del resentimiento, la de la frustración, la de la envidia.
Emociones propias de los más olvidados, que ahora no buscan quién se las debe, sino quién se las pague. Justo como en el filme Nuevo Orden, de Michel Franco. A esto nadie puede llamarle “justicia social”.
Esa forma de venganza tampoco es lo que proclama Jesucristo, una hermenéutica sesgada e interesada que han estado promoviendo estos socialistas, con el fin de hacerse pasar por “cristianos”, e intentar hacer ver su revanchismo social como liberación teológica.
Su verdadera meta es usar como trampolín la sed de venganza de la clase obrera, para ostentarse como sus representantes, engordar sus cuentas bancarias y gobernar décadas.
Sobra decir que Jesucristo no buscaba el poder terrenal, ni promovía dictaduras, ni perseguía opositores, ni odiaba a los ricos. Basta de manipular la religión con fines electoreros.
Pese a todo este panorama, los auténticos conservadores, que cada día son más, y entre cuyas filas se cuentan más y más jóvenes, y la auténtica derecha política, la que no esconde la mano, la que no es tibia, la que es seria y congruente, está muy despierta y activa, y cuenta con un amplio y sólido respaldo social, empresarial, eclesiástico y universitario.
La derecha en México no está sola: es apoyada a nivel internacional por intelectuales, periodistas, líderes políticos y sociales.
Incluso el gobierno “progre” de Estados Unidos, el de Biden y Kamala, absorto totalmente en una guerra geopolítica con China, cada día ve con ojos más críticos lo que está sucediendo debajo de su frontera sur, donde no parece viable dejar pasar como si nada la construcción de un proyecto socialista, al mismo tiempo que están el vigor convenios internacionales que obligan a respetar los derechos humanos, el T-MEC, y las libertades propias de una democracia. Una aún democracia.
Sólo hace unos días Estados Unidos envió al director de la CIA, Joseph Burns, a hablar con funcionarios mexicanos de primer nivel, algo altamente simbólico en un México en el que han sido asesinados más de 30 candidatos y cerca de 80 políticos en tiempos electorales.
Y donde los cárteles de sustancias y de trata de personas no parecen tocados en sus intereses, pero podrían ser considerados como “terroristas” por la administración Biden.
Se espera ahora la visita de la vicepresidente Kamala Harris. Será el momento para que el país de las barras y las estrellas le hable claro al gobierno mexicano y le recuerde que es parte de una región, no una isla conquistada por piratas que pueda irse por la libre sintiéndose avalado por un sector de la población al que mantiene hipnotizado con programas sociales.