El miércoles, la candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su agrupación ha presentado recursos de nulidad para 802 actas de votación a nivel nacional, tras haber identificado supuestas irregularidades que, a su juicio, revelarían un “fraude en mesa” durante los comicios del pasado 6 de junio. Asimismo, ayer se supo que Perú Libre ha presentado el mismo recurso contra 209 actas. Así, quedan en pugna millares de votos que, en una elección tan ajustada como la actual, podrían determinar quién será el siguiente presidente del Perú. Por el momento, la ventaja de Pedro Castillo es de alrededor de 70 mil votos.
Más allá de cómo se evalúe la pertinencia o conveniencia de las acciones tomadas, estas se desarrollan en un ambiente de grave crispación política. Cada parte está convencida de que la otra pretende robarle la elección y es importante evitar que esto se nos vaya de las manos.
Sin embargo, todo lo que vaya a ocurrir de aquí hasta que se declare un ganador está en las manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el organismo que tiene la responsabilidad de juzgar si las denuncias presentadas por las partes tienen sustancia o no. El sistema electoral y nuestro marco jurídico permiten a los partidos acogerse a este tipo de recursos y hasta que estos se resuelvan no se puede determinar quién será el siguiente jefe del Estado.
En ese sentido, tanto el lado de la señora Fujimori como el del señor Castillo le deben al país un poco de prudencia. El primero, aunque tiene derecho a tomar las medidas que ha tomado, no está facultado para definir que, en efecto, hubo irregularidades y deberá esperar que se lo confirme (o se lo niegue) el JNE. El segundo, por su lado, mientras duren los procesos que su propio partido ha comenzado y el Jurado dirima, no puede asumirse triunfador. Que el aspirante a la presidencia se haya apresurado al declararse vencedor es una irresponsabilidad y, en esa misma línea, que algunos líderes de izquierda internacionales, como Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa y Alberto Fernández, hayan felicitado al candidato del lápiz por una victoria que no se ha definido es inaceptable y habla mal de sus credenciales democráticas. Por eso, es saludable que nuestra Cancillería haya protestado y que otros 17 expresidentes iberoamericanos hayan pedido que se espere a que se resuelvan las controversias.
En todo caso, es evidente que alguno de los dos candidatos que llegaron al balotaje va a perder tarde o temprano y eso lo definirán las instancias legales correspondientes. Y en este punto viene lo más importante: sea lo que sea que decida el JNE, todos los peruanos, y sobre todo los líderes de los partidos en liza, tendrán que aceptar el resultado. Cualquier acción en el sentido contrario no solo sería darle la espalda a la Constitución, sino que añadiría fuego a una situación harto inflamable.
Así, desde este Diario no queda más que insistir en que deben primar la prudencia y la paciencia. El escenario es delicado, pero es precisamente en estas circunstancias en las que se debe confiar en las instituciones sobre las que se sostiene nuestro sistema democrático. La decisión final la tendrá el JNE y las partes tendrán que reconocer la derrota o lo victoria cuando les toque. Ese es el primer paso para aliviar la tensión en la que hoy está sumido el Perú.
En última instancia, si por algo debemos preocuparnos es por la preservación de nuestra democracia. Por ello, la transparencia en cada etapa del proceso será vital y convendría que el JNE y los jurados electorales especiales transmitan en vivo todos los escrutinios. Los peruanos tenemos que saber hacia dónde vamos.