Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo, magistrados en excedencia por servicios especiales (al formar parte del Gobierno de la Nación), están inhabilitados moralmente para volver o reincorporarse a sus puestos en la carrera judicial.
El Consejo de Ministros, del que forman parte y son responsables solidariamente de sus acuerdos, aprobará en breve, con sus votos, los indultos a los presos golpistas del procès, desoyendo el informe de los magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que jurídicamente han motivado de manera impecable su oposición a los mismos.
No pongo en cuestión las facultades discrecionales del Ejecutivo para indultar con independencia del criterio del Tribunal Sentenciador y de la Fiscalía, pero esa facultad discrecional, tiene también su límite, de lo contrario se convierte en arbitrario y como resultado de ello, en ilegal.
Que tres destacados miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, que han desempeñado puestos de la máxima responsabilidad cuando ejercen de magistrados, vayan a avalar una ilegalidad, un disparate jurídico, a sabiendas de ello les inhabilita para reincorporarse a la carrera judicial.
Lo decente hubiera sido, que ante tal situación, hubieran presentado su dimisión.
Actuar y moverse en el marco político pero respetando la legalidad vigente, es obligación de cualquier ciudadano y máxime de aquellos que deben dar un ejemplo. Pavor, produce a la ciudadanía, su reincorporación a la carrera judicial.
Esa concesión con los indultos, la conformidad que estos tres ministros del Gobierno de Sánchez, darán a la ilegal e indecente denominada mesa de diálogo (el gobierno- generalidad), será el colofón de una inhabilitación moral.
El daño a la credibilidad de la Justicia española, alcanza con este comportamiento cotas difícilmente de imaginar quedando el Poder Judicial contaminado por el Poder Ejecutivo y con ello nuestro Estado de Derecho.
Fuente: PanamPost