Ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, alertó sobre el «grave escalamiento» de la situación en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega detuvo en los últimos días a una veintena de opositores.
«Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes», afirmó.
Urrejola recordó que la CIDH señala el quebrantamiento del Estado de derecho en Nicaragua desde 2018, cuando la respuesta del régimen de Ortega a multitudinarias protestas en su contra tuvo conductas que «deben considerarse crímenes de lesa humanidad».
El «estado de excepción de facto» en Nicaragua no sólo se mantiene, sino que ahora se ha «intensificado», aseguró.
Urrejola señaló la «aprobación de leyes contrarias al derecho internacional», «falta de garantías judiciales mínimas», «arbitrariedad» del gobierno e «impunidad generalizada».
Protección de la Corte IDH
Entre la veintena de detenidos recientemente, cinco de los cuales son precandidatos presidenciales para los comicios del 7 de noviembre, Urrejola destacó la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos.
Mencionó en particular los casos de Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Dora Téllez, Ana Margarita Vijil, Luis Alberto Rivas, Miguel Mendoza y María Fernanda Flores. También señaló el allanamiento de la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro.
Granera y Aguerri están entre los cuatro detenidos que la CIDH solicitó a la Corte IDH proteger con medidas provisionales. Además, solicitó el amparo de los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, también arrestados en las últimas tres semanas.
La Comisión subrayó en un comunicado que la vida e integridad de estos cuatro opositores y de sus familiares, para quienes pidió asimismo amparo, corre peligro.
La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares para ellos en 2018 y 2019.
La Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, emite medidas provisionales «en casos de extrema gravedad y urgencia» y su cumplimiento es obligatorio para todos los países miembros del sistema interamericano.
Nicaragua responde
El gobierno de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, justifican el arresto de opositores acusándolos de tramar un «golpe de Estado» en su contra.
Ante el consejo permanente de la OEA, el embajador nicaragüense, Luis Alvarado, arremetió contra los «mercenarios y vendepatrias financiados y dirigidos» por Estados Unidos que, «a través de sus nexos con gobiernos extranjeros», buscan «reeditar el fallido golpe de Estado» de 2018 en el marco del proceso electoral.
«Que no ose la CIDH (…) venir a cuestionar nuestra institucionalidad», dijo, al rechazar por «falaz y mal intencionado» el reporte presentado por Urrejola.
«No señores, no se equivoquen, el verdadero objetivo maquiavélico de estos informes no creíbles y vilipendiosos es facilitar condenas y linchamientos políticos en la OEA, presiones diplomáticas y la aplicación de medidas unilaterales violatorias del derecho internacional», aseguró.
Una resolución de condena de la OEA a la represión en Nicaragua fue aprobada el 15 de junio con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos. El secretario general, Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional, pero para concretarse requiere el respaldo de dos tercios de una Asamblea General de la OEA, su órgano máximo.
«Peor que Anastasio Somoza»
Estados Unidos no respondió a las acusaciones de Alvarado sobre injerencia electoral, más que para señalar que esa «retórica banal» recuerda «el lenguaje de los regímenes autoritarios».
«Es hora de que el régimen de Ortega-Murillo cambie de rumbo» y «permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos», aseveró el embajador Bradley Freden, citando al secretario de Estado, Antony Blinken.
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado Nicaragua de 1979 a 1990, periodo en que instauró la primera dictadura sandinista, tras la caída del dictador Anastasio Somoza, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios.
«Mi padre luchó junto a ellos [los sandinistas] para que se liberara a nuestro país de una dictadura y ahora resulta que Daniel Ortega viene a ser un dictador, para mí, peor que Anastasio Somoza», dijo a AFP Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, el exvicecandiller de Ortega durante el primer régimen sandinista.
«Estamos viviendo un terrorismo de Estado en Nicaragua», afirmó.
Fuente: Diario las Américas
Urrejola recordó que la CIDH señala el quebrantamiento del Estado de derecho en Nicaragua desde 2018, cuando la respuesta del régimen de Ortega a multitudinarias protestas en su contra tuvo conductas que «deben considerarse crímenes de lesa humanidad».
El «estado de excepción de facto» en Nicaragua no sólo se mantiene, sino que ahora se ha «intensificado», aseguró.
Urrejola señaló la «aprobación de leyes contrarias al derecho internacional», «falta de garantías judiciales mínimas», «arbitrariedad» del gobierno e «impunidad generalizada».
Protección de la Corte IDH
Entre la veintena de detenidos recientemente, cinco de los cuales son precandidatos presidenciales para los comicios del 7 de noviembre, Urrejola destacó la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos.
Mencionó en particular los casos de Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Dora Téllez, Ana Margarita Vijil, Luis Alberto Rivas, Miguel Mendoza y María Fernanda Flores. También señaló el allanamiento de la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro.
Granera y Aguerri están entre los cuatro detenidos que la CIDH solicitó a la Corte IDH proteger con medidas provisionales. Además, solicitó el amparo de los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, también arrestados en las últimas tres semanas.
La Comisión subrayó en un comunicado que la vida e integridad de estos cuatro opositores y de sus familiares, para quienes pidió asimismo amparo, corre peligro.
La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares para ellos en 2018 y 2019.
La Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, emite medidas provisionales «en casos de extrema gravedad y urgencia» y su cumplimiento es obligatorio para todos los países miembros del sistema interamericano.
Nicaragua responde
El gobierno de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, justifican el arresto de opositores acusándolos de tramar un «golpe de Estado» en su contra.
Ante el consejo permanente de la OEA, el embajador nicaragüense, Luis Alvarado, arremetió contra los «mercenarios y vendepatrias financiados y dirigidos» por Estados Unidos que, «a través de sus nexos con gobiernos extranjeros», buscan «reeditar el fallido golpe de Estado» de 2018 en el marco del proceso electoral.
«Que no ose la CIDH (…) venir a cuestionar nuestra institucionalidad», dijo, al rechazar por «falaz y mal intencionado» el reporte presentado por Urrejola.
«No señores, no se equivoquen, el verdadero objetivo maquiavélico de estos informes no creíbles y vilipendiosos es facilitar condenas y linchamientos políticos en la OEA, presiones diplomáticas y la aplicación de medidas unilaterales violatorias del derecho internacional», aseguró.
Una resolución de condena de la OEA a la represión en Nicaragua fue aprobada el 15 de junio con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos. El secretario general, Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional, pero para concretarse requiere el respaldo de dos tercios de una Asamblea General de la OEA, su órgano máximo.
«Peor que Anastasio Somoza»
Estados Unidos no respondió a las acusaciones de Alvarado sobre injerencia electoral, más que para señalar que esa «retórica banal» recuerda «el lenguaje de los regímenes autoritarios».
«Es hora de que el régimen de Ortega-Murillo cambie de rumbo» y «permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos», aseveró el embajador Bradley Freden, citando al secretario de Estado, Antony Blinken.
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado Nicaragua de 1979 a 1990, periodo en que instauró la primera dictadura sandinista, tras la caída del dictador Anastasio Somoza, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios.
«Mi padre luchó junto a ellos [los sandinistas] para que se liberara a nuestro país de una dictadura y ahora resulta que Daniel Ortega viene a ser un dictador, para mí, peor que Anastasio Somoza», dijo a AFP Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, el exvicecandiller de Ortega durante el primer régimen sandinista.
«Estamos viviendo un terrorismo de Estado en Nicaragua», afirmó.
Fuente: Diario las Américas