Uno de los más lúcidos escolios de don Nicolás Gómez Dávila dice que «las sociedades moribundas acumulan leyes al igual que los moribundos medicinas». Y viene como anillo al dedo ahora que se cierra la actividad legislativa colombiana en el pico más mortífero de la pandemia y en el entretiempo de un paro criminal que entró en suspenso mientras sus perpetradores toman aliento y se vienen lanza en ristre otra vez.
Lamentablemente, deja mucho qué desear un órgano legislativo del que brotan a borbotones leyes de utilidad muy discutible, cuando no es que son totalmente deletéreas para el conjunto social. Un fenómeno que puede tener su origen en la nefasta práctica de radicar proyectos de ley por docenas, pues un parlamentario puede registrar en la secretaría del Congreso, sin despeinarse, una veintena de tonterías al inicio de cada legislatura con la creencia de que así justifica su paso por esa institución ante sus electores y el país, y valida la contratación de asesores para su Unidad de Trabajo Legislativo, que es la que casi siempre hace el trabajo.
Pero, como es de suponerse, la cantidad poco tiene que ver con la calidad y las necesidades de un país. Es muy triste que a estas alturas se sigan discutiendo leyes de «honores», leyes que resaltan el «paisaje cultural» cafetero, panelero o verdulero, y hasta nimiedades como la exaltación del uso del fique, el impulso a las artesanías de iraca o la instauración de una fecha para homenajear al sombrero aguadeño. Por cierto, una de esas leyes insulsas acaba de declarar al carriel antioqueño como Patrimonio Cultural de la nación.
Tal vez por eso es que los medios reciben con alborozo la aprobación de leyes tan anodinas como la que estipula que los padres, de común acuerdo, dispondrán el orden de los apellidos del recién nacido, como si eso fuera un acto de justicia con las mujeres —cuyos apellidos provienen de esos hombres que fueron sus padres— o con esos millones de seres que solo han tenido apellido materno por ser hijos de natura no reconocidos por su progenitor, entre quienes tenemos hasta un presidente de la República: don Marco Fidel Suárez.
Y si muchos padres no reconocen a sus hijos, y ni siquiera viven en la misma casa, ni están casados con la madre, no se entiende para qué quieren aumentar el número de semanas de la licencia de paternidad de los 8 días actuales a las ¡5 semanas!, como lo establece otro bodrio que acaban de parir los Padres de la Patria. Como si no fuera suficientemente lesiva para el empleo femenino —y para los empleadores, por supuesto— la extensa licencia de maternidad, ahora pretenden también entorpecer la contratación de población masculina que se encuentre estadísticamente en su edad fértil para que las empresas no discriminen tanto a las mujeres a la hora de contratar personal.
Y, precisamente, la ‘hora’ es lo que se le va a volver un dolor de cabeza a muchos empleadores por la ley que reduce de 48 horas a 42 la jornada laboral semanal. Para algunos que no han entendido, aclaremos que el meollo del asunto está en que se reducen las horas que se deben trabajar, pero se mantiene el salario, lo que encarece la mano de obra para las empresas, restándoles competitividad, mientras los trabajadores ganan tiempo libre con una supuesta mejoría en su calidad de vida. Lo bueno es que esta modificación tendrá una transición de cuatro años y no se hará de sopetón, por lo que tampoco será brusco su impacto en el empleo, del que los detractores de la dichosa ley dicen que será muy negativo.
Otra de las barbáricas leyes excretadas por el Congreso de la República es la que reglamenta el etiquetado de productos de consumo masivo bajo el supuesto de que no son saludables y están fomentando la obesidad en los niños. Habría que ver si el problema son los productos o el consumo excesivo, fruto de la pérdida de autoridad de los padres y la doctrina del libre desarrollo de la personalidad.
Si un niño se bebe cinco gaseosas diarias o desayuna cereales procesados todas las mañanas, la culpa es de los padres, no del tendero ni de la embotelladora. No obsta decir que el tema de los productos naturales o saludables tiene detrás muchos intereses ocultos. ¿Quién financió la campaña de etiquetado de la comida ‘chatarra’? Allá Cristiano Ronaldo si cree que un jugo natural (un exceso de fructosa) es más saludable que una Coca-Cola. Se sorprendería del juicio de expertos como Juan Manuel Mulet o David Perlmutter.
Por fortuna, el Congreso hundió aberraciones como el Acuerdo de Escazú y la ley que prohibía el fracking. Y ojalá algún día se hunda la creencia de que todo hay que discutirlo en los salones del Capitolio Nacional y volverlo ley.
Fuente: PanamPost