Nicaragua se enrumba al aislamiento internacional a causa de las acciones represivas del gobernante sandinista Daniel Ortega, algo que parece no importarle pues continúa desoyendo las demandas de la comunidad internacional para que libere a los presos políticos y realice elecciones libres, por el contrario, el mandatario nicaragüense amenazó con ir hasta el final y acusa a EEUU de intentar “derrocarlo”.
Una veintena de opositores han sido detenidos en el transcurso del mes de junio que se suman a la larga lista de presos políticos; los 120 que se encuentran en las cárceles acusados en el contexto de las protestas antigubernamentales de abril de 2018, que dejó un saldo de 325 muertos, a consecuencia de la represión.
Eddy Acevedo, quien fuera asesor de política exterior de la excongresista Ileana Ros-Lehtinen y exasesor de Seguridad Nacional de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dijo que en las actuales circunstancias que vive Nicaragua “nadie está a salvo del terror y el abuso de este régimen”.
El dictador afirmó en tono desafiante, durante un discurso la noche del 23 de junio, que «no hay un paso atrás, solo hacia adelante», en respuesta a pedidos de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, entre ellos, cinco aspirantes presidenciales a los que ha encarcelado a partir desde el 2 de junio, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales.
Ortega acusó a los encarcelados de ser «agentes» de Estados Unidos para derrocarlo, y según él, no son «candidatos» ni «políticos» sino «criminales» que atentaron «contra la seguridad del país», al tratar de organizar un «golpe de Estado», un discurso que mantiene desde que la población se alzó en protestas en abril del 2018, exigiendo la salida de Ortega del poder.
Acevedo, asesor del Woodrow Wilson Center, no solo avizora el aislamiento al que Ortega expone al país con sus acciones, advirtió que nuevas sanciones se avecinan contra el régimen.
Una de esas sanciones sería la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, un acuerdo comercial vigente desde 2005 entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. En 2020, pese a los estragos causados por la pandemia, la nación norteamericana logró comprar el 49% de sus exportaciones a Nicaragua. Mientras que el 60% de las remesas que el país recibe son enviadas desde Estados Unidos. En 2020 las remesas aumentaron en casi un 10%, según las cifras del Banco Central de Nicaragua.
“Sí es viable la suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA. Hay un esfuerzo en este momento en el Congreso para que la administración del presidente (Joe) Biden revise la participación de Nicaragua en DR-CAFTA. Sabemos es que es necesario golpearle (la mesa) al régimen”.
Acevedo dijo que en Estados Unidos el libre comercio esta concebido “para trabajar con países que son libres, se sabe que en Nicaragua el pueblo no es libre y que la mayoría de las ganancias que recibe a través del CAFTA van dirigidas al régimen, fondos que podrían estar siendo destinados a la represión. Es totalmente viable que Nicaragua sea suspendida del DR-CAFTA”, acotó.
“El CAFTA se concibió como un acuerdo comercial preferencial entre las naciones libres de Centroamérica y Estados Unidos. Los intentos del régimen Ortega-Murillo de aplastar la democracia en Nicaragua son inconsistentes con el espíritu y los principios del DR-CAFTA”, dijo el senador Marco Rubio, tras la aprobación del proyecto de Ley RENACER, el pasado 22 de junio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Se trata de un proyecto de sanciones contra el régimen sandinista que impediría que Nicaragua tenga acceso a los créditos de la banca internacional, fondos que según denuncias de la oposición son empleados para reprimir. El proyecto que cuenta con respaldo bipartidista fue aprobado con una enmienda que permitirá revisar los activos del Ejército de Nicaragua en Estados Unidos.
Para el experto, Ortega, su familia y aliados se están beneficiando del DR-CAFTA. La familia Ortega-Murillo controla la mayoría de los negocios en Nicaragua.
¿Diálogo con Estados Unidos?
Acevedo sostiene que las “acciones criminales” de Ortega no contribuyen al diálogo que pretende entablar con Estados Unidos.
“Nadie está a salvo del terror y el abuso de este régimen y ojalá que lo que ha pasado recientemente sea una llamada de atención para el sector privado para que por fin se ponga de manera clara al lado del pueblo de Nicaragua y no del régimen. Como sabemos por muchos años el sector privado alimentó a este régimen ahora es el momento para definirse y estar al lado del pueblo”, sentenció Acevedo.
El sector privado estuvo asociado con el régimen hasta antes del estallido social. El deterioro institucional y las bases con las que Ortega cimentaba su dictadura fue ignorado. Pero ahora Ortega la ha emprendido contra algunos sectores privados que tomaron distancia del régimen tras los crímenes de abril, hoy dirigentes del sector privado están encarcelados y son acusados por Ortega de intentar “derrocar” su régimen con el “respaldo de Estados Unidos”.
En la última ola represiva el régimen impone una política de terror contra la oposición, allana viviendas y encarcela en medio de la oscuridad de la noche.
“La situación en Nicaragua es muy seria y una de las razones es por el terror que está imponiendo Ortega al pueblo por la situación de los paramilitares, el Ejército, la Policía es algo y fuerte y por eso se necesita atención inmediata de los Estados Unidos y los aliados. Hasta cuándo vamos a dejar que esto siga, se necesita una solución”, subrayó.
Acevedo asegura que la situación de Nicaragua puede desestabilizar a Centroamérica. En 2018 miles de nicaragüenses salieron del país a causa de la represión, Costa Rica fue el mayor receptor de refugiados, cerca de 80.000 nicaragüenses se exiliaron en ese país.
Elecciones
El experto sostiene que la comunidad internacional sabe que en las actuales circunstancias no hay condiciones para ir a elecciones en Nicaragua. “El régimen de Ortega no esta interesado en elecciones libres, justas y transparentes. La oposición tiene que ver este panorama y averiguar qué es lo que ellos quieren hacer”.
“Ahora que la mayoría de los aspirantes presidenciales están encarcelados, va a ser más difícil. No veo cómo van a haber elecciones con esa situación y con la crisis que hay en Nicaragua”, apuntó.
Ejército en la mira
La enmienda incluida en el proyecto de Ley RENACER permitirá revisar las inversiones del Ejército de Nicaragua en Estados Unidos.
El Ejército, aliado de Ortega, ha sido denunciado de participar en las acciones represivas, y rehúsa desarmar a los grupos paramilitares que el régimen de Ortega organiza y financia, con lo que viola el mandato de la Constitución que prohíbe grupos armados paralelos. Las estructuras paramilitares poseen armas que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pero el Ejército lo ignora.
“La administración debe investigar a fondo los activos y las tenencias de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en los Estados Unidos y considerar las acciones apropiadas para responsabilizarla por violaciones graves de los derechos humanos”, dijo el senador Rubio, coautor de la Ley junto al senador Bob Menéndez, presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Fuente: Diario las Américas
El dictador afirmó en tono desafiante, durante un discurso la noche del 23 de junio, que «no hay un paso atrás, solo hacia adelante», en respuesta a pedidos de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, entre ellos, cinco aspirantes presidenciales a los que ha encarcelado a partir desde el 2 de junio, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales.
Ortega acusó a los encarcelados de ser «agentes» de Estados Unidos para derrocarlo, y según él, no son «candidatos» ni «políticos» sino «criminales» que atentaron «contra la seguridad del país», al tratar de organizar un «golpe de Estado», un discurso que mantiene desde que la población se alzó en protestas en abril del 2018, exigiendo la salida de Ortega del poder.
Acevedo, asesor del Woodrow Wilson Center, no solo avizora el aislamiento al que Ortega expone al país con sus acciones, advirtió que nuevas sanciones se avecinan contra el régimen.
Una de esas sanciones sería la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, un acuerdo comercial vigente desde 2005 entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. En 2020, pese a los estragos causados por la pandemia, la nación norteamericana logró comprar el 49% de sus exportaciones a Nicaragua. Mientras que el 60% de las remesas que el país recibe son enviadas desde Estados Unidos. En 2020 las remesas aumentaron en casi un 10%, según las cifras del Banco Central de Nicaragua.
“Sí es viable la suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA. Hay un esfuerzo en este momento en el Congreso para que la administración del presidente (Joe) Biden revise la participación de Nicaragua en DR-CAFTA. Sabemos es que es necesario golpearle (la mesa) al régimen”.
Acevedo dijo que en Estados Unidos el libre comercio esta concebido “para trabajar con países que son libres, se sabe que en Nicaragua el pueblo no es libre y que la mayoría de las ganancias que recibe a través del CAFTA van dirigidas al régimen, fondos que podrían estar siendo destinados a la represión. Es totalmente viable que Nicaragua sea suspendida del DR-CAFTA”, acotó.
“El CAFTA se concibió como un acuerdo comercial preferencial entre las naciones libres de Centroamérica y Estados Unidos. Los intentos del régimen Ortega-Murillo de aplastar la democracia en Nicaragua son inconsistentes con el espíritu y los principios del DR-CAFTA”, dijo el senador Marco Rubio, tras la aprobación del proyecto de Ley RENACER, el pasado 22 de junio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Se trata de un proyecto de sanciones contra el régimen sandinista que impediría que Nicaragua tenga acceso a los créditos de la banca internacional, fondos que según denuncias de la oposición son empleados para reprimir. El proyecto que cuenta con respaldo bipartidista fue aprobado con una enmienda que permitirá revisar los activos del Ejército de Nicaragua en Estados Unidos.
Para el experto, Ortega, su familia y aliados se están beneficiando del DR-CAFTA. La familia Ortega-Murillo controla la mayoría de los negocios en Nicaragua.
¿Diálogo con Estados Unidos?
Acevedo sostiene que las “acciones criminales” de Ortega no contribuyen al diálogo que pretende entablar con Estados Unidos.
“Nadie está a salvo del terror y el abuso de este régimen y ojalá que lo que ha pasado recientemente sea una llamada de atención para el sector privado para que por fin se ponga de manera clara al lado del pueblo de Nicaragua y no del régimen. Como sabemos por muchos años el sector privado alimentó a este régimen ahora es el momento para definirse y estar al lado del pueblo”, sentenció Acevedo.
El sector privado estuvo asociado con el régimen hasta antes del estallido social. El deterioro institucional y las bases con las que Ortega cimentaba su dictadura fue ignorado. Pero ahora Ortega la ha emprendido contra algunos sectores privados que tomaron distancia del régimen tras los crímenes de abril, hoy dirigentes del sector privado están encarcelados y son acusados por Ortega de intentar “derrocar” su régimen con el “respaldo de Estados Unidos”.
En la última ola represiva el régimen impone una política de terror contra la oposición, allana viviendas y encarcela en medio de la oscuridad de la noche.
“La situación en Nicaragua es muy seria y una de las razones es por el terror que está imponiendo Ortega al pueblo por la situación de los paramilitares, el Ejército, la Policía es algo y fuerte y por eso se necesita atención inmediata de los Estados Unidos y los aliados. Hasta cuándo vamos a dejar que esto siga, se necesita una solución”, subrayó.
Acevedo asegura que la situación de Nicaragua puede desestabilizar a Centroamérica. En 2018 miles de nicaragüenses salieron del país a causa de la represión, Costa Rica fue el mayor receptor de refugiados, cerca de 80.000 nicaragüenses se exiliaron en ese país.
Elecciones
El experto sostiene que la comunidad internacional sabe que en las actuales circunstancias no hay condiciones para ir a elecciones en Nicaragua. “El régimen de Ortega no esta interesado en elecciones libres, justas y transparentes. La oposición tiene que ver este panorama y averiguar qué es lo que ellos quieren hacer”.
“Ahora que la mayoría de los aspirantes presidenciales están encarcelados, va a ser más difícil. No veo cómo van a haber elecciones con esa situación y con la crisis que hay en Nicaragua”, apuntó.
Ejército en la mira
La enmienda incluida en el proyecto de Ley RENACER permitirá revisar las inversiones del Ejército de Nicaragua en Estados Unidos.
El Ejército, aliado de Ortega, ha sido denunciado de participar en las acciones represivas, y rehúsa desarmar a los grupos paramilitares que el régimen de Ortega organiza y financia, con lo que viola el mandato de la Constitución que prohíbe grupos armados paralelos. Las estructuras paramilitares poseen armas que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pero el Ejército lo ignora.
“La administración debe investigar a fondo los activos y las tenencias de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en los Estados Unidos y considerar las acciones apropiadas para responsabilizarla por violaciones graves de los derechos humanos”, dijo el senador Rubio, coautor de la Ley junto al senador Bob Menéndez, presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Fuente: Diario las Américas