La Convención Constitucional que redactará la nueva Carta Magna de Chile, se instaló este domingo tras protestas que provocaron tensión antes de una ceremonia que resultó menos formal y solemne de lo que acostumbra este país.
Con cerca de tres horas de retraso, la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, quien presidió la ceremonia, procedió al nombramiento uno a uno de los 155 convencionales, tras constatar que ya «no hay represión, no hay detenidos, no hay lesionados».
Se mantenían sin embargo algunos choques entre las fuerzas especiales de la Policía y un grupo de manifestantes que intentó traspasar el cordón de seguridad en los alrededores de los jardines de la vieja sede del Congreso en Santiago, donde por razones sanitarias se realizó la ceremonia.
«No más represión»
Cuando comenzaba la sesión con la entonación del himno nacional, se escucharon chiflidos y gritos de algunos constituyentes que decían: «¡No más represión!». Se acercaron a la mesa desde donde Valladares los juramentaría y en un clima de mucha tensión la llevaron a suspender temporalmente la ceremonia.
«Queremos hacer una fiesta de la democracia y no un problema, vamos a suspender la sesión por breves minutos», afirmó Valladares cuando decidió suspender la ceremonia, en momentos que un grupo de constituyentes, en su mayoría de la Lista del Pueblo, salieron a la calle a exigir que las fuerzas especiales se retiraran de la zona, en el centro de la capital.
También hubo manifestaciones en los alrededores de la Plaza Italia, el epicentro de las manifestaciones sociales que estallaron en Chile en octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad social, en el marco de un descontento general que se canalizó en el proceso que abrió la posibilidad de instalar a partir de este domingo la Convención que redactará la nueva Constitución de Chile, que reemplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La Carta Magna, redactada en 1980, fue objeto de reformas en los últimos 30 años de democracia pero sigue siendo considerada como la base de las desigualdades sociales.
Esperanza y aprensión
Constituyentes aymaras y mapuches hicieron ceremonias en Santiago antes de la instalación de la Convención Constitucional.
«Hoy venimos a apoyar a nuestra gente mapuche, que todo este cambio ojalá termine bien para todo Chile. A nosotros que nos dejen vivir en paz y desmilitaricen nuestras tierras en el sur», dijo a la AFP Daniel Antigual, un jubilado de 60 años que acompañaba a un grupo mapuche, el pueblo indígena más numeroso en Chile.
«Harto newen. Amulepe taiñ weichan»: mucha fuerza y que siga nuestra lucha, dijo al pie del Cerro Huelén (Cerro Santa Lucía como se identifica en el paisaje de Santiago) en mapudungún, la lengua de su pueblo, que esperan que la nueva Constitución reconozca como parte de un Estado Plurinacional.
En Plaza Italia se concentraron unas 5.000 personas, la mayoría en apoyo a la «Lista del Pueblo», un grupo heterogéneo de personas desconocidas entre sí que contra todo pronóstico fue la tercera más votada en las elecciones de constituyentes del 15 y 16 de mayo.
«Tengo mucha esperanza de que este proceso nos va a ayudar a construir un país para todos», dijo Carolina Vergara, empleada bancaria de 47 años. «Ojalá salga bien».
Una muestra diversa de Chile
La heterogeneidad de los 155 integrantes de la Convención Constitucional -muchos independientes con afinidades de izquierda y sin experiencia en cargos públicos y sin ninguna lista que ostente la mayoría de un tercio que otorga poder de veto- obligará a alcanzar acuerdos.
Pero esta misma diversidad en posturas y orígenes alimenta el temor de que se eternicen las discusiones y finalmente el texto no logre cumplir con las expectativas ciudadanas.
«Está todo el país representado y se van a sentar a dialogar, a conversar el país que queremos. Por primera vez veo que hay una instancia de tanto poder como ésta en la que no están detrás los poderes fácticos», dijo a la AFP el sacerdote jesuita Felipe Berríos, una de las voces más influyentes en Chile.
La tensión ya se había instalado en los días previos, debido a las peticiones de algunos de los constituyentes.
El sábado, 60 constituyentes firmaron una carta para demandar «garantías democráticas para la sana instalación de la convención», en la que exigen, entre otros puntos, la liberación de presos de la revuelta social de 2019.
Tras la juramentación, se inició la ceremonia de elección de los cargos de presidente y vicepresidente.
La Convención tendrá nueve meses -prorrogable por tres meses más- para redactar el nuevo texto, que será luego sometido a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.
Fuente: Diario las Américas
«No más represión»
Cuando comenzaba la sesión con la entonación del himno nacional, se escucharon chiflidos y gritos de algunos constituyentes que decían: «¡No más represión!». Se acercaron a la mesa desde donde Valladares los juramentaría y en un clima de mucha tensión la llevaron a suspender temporalmente la ceremonia.
«Queremos hacer una fiesta de la democracia y no un problema, vamos a suspender la sesión por breves minutos», afirmó Valladares cuando decidió suspender la ceremonia, en momentos que un grupo de constituyentes, en su mayoría de la Lista del Pueblo, salieron a la calle a exigir que las fuerzas especiales se retiraran de la zona, en el centro de la capital.
También hubo manifestaciones en los alrededores de la Plaza Italia, el epicentro de las manifestaciones sociales que estallaron en Chile en octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad social, en el marco de un descontento general que se canalizó en el proceso que abrió la posibilidad de instalar a partir de este domingo la Convención que redactará la nueva Constitución de Chile, que reemplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La Carta Magna, redactada en 1980, fue objeto de reformas en los últimos 30 años de democracia pero sigue siendo considerada como la base de las desigualdades sociales.
Esperanza y aprensión
Constituyentes aymaras y mapuches hicieron ceremonias en Santiago antes de la instalación de la Convención Constitucional.
«Hoy venimos a apoyar a nuestra gente mapuche, que todo este cambio ojalá termine bien para todo Chile. A nosotros que nos dejen vivir en paz y desmilitaricen nuestras tierras en el sur», dijo a la AFP Daniel Antigual, un jubilado de 60 años que acompañaba a un grupo mapuche, el pueblo indígena más numeroso en Chile.
«Harto newen. Amulepe taiñ weichan»: mucha fuerza y que siga nuestra lucha, dijo al pie del Cerro Huelén (Cerro Santa Lucía como se identifica en el paisaje de Santiago) en mapudungún, la lengua de su pueblo, que esperan que la nueva Constitución reconozca como parte de un Estado Plurinacional.
En Plaza Italia se concentraron unas 5.000 personas, la mayoría en apoyo a la «Lista del Pueblo», un grupo heterogéneo de personas desconocidas entre sí que contra todo pronóstico fue la tercera más votada en las elecciones de constituyentes del 15 y 16 de mayo.
«Tengo mucha esperanza de que este proceso nos va a ayudar a construir un país para todos», dijo Carolina Vergara, empleada bancaria de 47 años. «Ojalá salga bien».
Una muestra diversa de Chile
La heterogeneidad de los 155 integrantes de la Convención Constitucional -muchos independientes con afinidades de izquierda y sin experiencia en cargos públicos y sin ninguna lista que ostente la mayoría de un tercio que otorga poder de veto- obligará a alcanzar acuerdos.
Pero esta misma diversidad en posturas y orígenes alimenta el temor de que se eternicen las discusiones y finalmente el texto no logre cumplir con las expectativas ciudadanas.
«Está todo el país representado y se van a sentar a dialogar, a conversar el país que queremos. Por primera vez veo que hay una instancia de tanto poder como ésta en la que no están detrás los poderes fácticos», dijo a la AFP el sacerdote jesuita Felipe Berríos, una de las voces más influyentes en Chile.
La tensión ya se había instalado en los días previos, debido a las peticiones de algunos de los constituyentes.
El sábado, 60 constituyentes firmaron una carta para demandar «garantías democráticas para la sana instalación de la convención», en la que exigen, entre otros puntos, la liberación de presos de la revuelta social de 2019.
Tras la juramentación, se inició la ceremonia de elección de los cargos de presidente y vicepresidente.
La Convención tendrá nueve meses -prorrogable por tres meses más- para redactar el nuevo texto, que será luego sometido a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.
Fuente: Diario las Américas