El presidente de Haití, Jovenel Moïse, murió este miércoles de madrugada en un ataque armado contra su residencia privada, informó el primer ministro interino Claude Joseph.
En el asalto también resultó herida la primera dama, Martine Moïse, quien fue trasladada por la tarde a un hospital del área de Miami, EE.UU., para ser atendida.
El atentado se produjo alrededor de la 01:00 hora local (05:00 GMT), cuando un grupo de individuos no identificados accedió al domicilio del presidente en el barrio Pétion-Ville de Puerto Príncipe, la capital haitiana.
Joseph ha tomado ahora el control de la nación y urgió a su pueblo a mantener la calma, declarando que se «han tomado todas las medidas para garantizar la continuidad del Estado».
Además, calificó el ataque como «un acto inhumano, bárbaro y atroz»
En una intervención televisada, Joseph aseguró que Moïse fue «asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español«.
República Dominicana, vecino territorial, ordenó el «cierre inmediato» de sus fronteras con Haití y reforzó la vigilancia de la zona.
La Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a realizar una «rápida investigación internacional».
Al término de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, se aprobó esta propuesta de Haití, a la que se acogieron los Estados participantes que expresaron su «más vehemente condena al atroz crimen» cometido contra el presidente del país caribeño.
A pesar de que Joseph dijo que asumió el poder junto a los ministros de Estado, quedan dudas sobre cuánto control del gobiernotiene.
La constitución de Haití dice que los ministros, bajo el liderazgo del primer ministro, toman el control en caso de la vacancia presidencial, hasta que se puedan convocar elecciones.
Pero eso tampoco está claro, ya que un nuevo primer ministro, Ariel Henry, había sido nombrado por Moïse esta semana, pero aún no ha prestado juramento.
En tanto, las calles de la capital estuvieron prácticamente vacías el miércoles por la mañana.
Mandato turbulento
Jovenel Moïse, de 53 años, asumió el poder en febrero de 2017, cuando reemplazó al expresidente Michel Martelly.
El mandato de Moïse fue turbulento. Enfrentaba acusaciones de corrupción y era desafiado por oleadas de protestas antigubernamentales a menudo violentas.
A comienzos de año, varias manifestaciones sacudieron la capital y otras ciudades, con muchas personas pidiendo su dimisión.
El ataque en el que resultó muerto se produce a solo dos meses de las elecciones presidenciales, convocadas para el 26 de septiembre. Se trata de unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato.
El mandatario había convocado para la misma fecha un referéndum para aprobar una nueva Constitución, un proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional, pues se sospechaba que quería reformarla para ser reelegido.
La oposición clamaba que el mandato de cinco años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno de Martelly en 2016.
Moïse, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017.
El «vacío» presidencial de un año fue producto de alegaciones de fraude electoral, que finalmente provocaron la anulación de los resultados de las elecciones en 2015. Los nuevos comicios fueron ganados por Moïse.
Después, en octubre de 2019, Moïse suspendió por dos años las elecciones parlamentarias. En enero de 2020 disolvió el Parlamento y empezó a gobernar por decreto.
El pasado febrero, fecha en que la oposición esperaba que Moïse abandonara el poder, el mandatario anunció que se había producido, sin éxito, un intento de asesinarlo y derrocar su gobierno.
Inestabilidad y violencia
La inestabilidad política crónica y los desastres naturales han dejado a Haití como uno de los países más pobres de América Latina.
Con una veintena de gobiernos en los últimos 35 años, es la nación de la región que más gobiernos ha tenido en menos tiempo desde fines del siglo XX.
El país caribeño sufre, además, un incremento de violencia por parte de bandas criminales, secuestros y un deterioro de estándares de vida donde casi el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.
En 2010, un terremoto mató a 200.000 personas y causó daños extensos a la infraestructura y economía.