La decisión del parlamento, dominado por una decena de bancadas populistas y cuyo mandato expira en tres semanas más, llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar su «preocupación» por la falta de transparencia en el proceso.
«Un proceso inadecuado de selección y designación de operadores de justicia pone en peligro su independencia», advirtió en Twitter la CIDH, ente autónomo de la OEA, uniéndose a las voces que piden que sea el nuevo Congreso, electo en los comicios del 11 de abril, el que elija a los magistrados en un proceso transparente.
El Congreso saliente seleccionó a 15 postulantes en un proceso cuestionado por hacerse a último minuto y por el método de selección de candidatos.
La controversia estalló mientras Perú espera que las autoridades electorales proclamen al nuevo presidente, más de un mes después del reñido balotaje entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori.
El Congreso comenzó a votar este miércoles para escoger a los magistrados, pero suspendió la sesión luego de que los tres primeros candidatos no alcanzaran los 87 votos necesarios.
Mientras tanto, afuera del edificio legislativo decenas de partidarios de Castillo se manifestaban contra la designación de los nuevos magistrados y seguidores de Fujimori, a favor de la nominación.
«Si sube [es proclamado] Castillo ya no vamos a tener quien nos defienda», dijo a la AFP la manifestante fujimorista Susan Cairo, de 48 años.
Pero María Tarazona, de 36 años y seguidora de Castillo, denunció que «el Congreso saliente está desesperado en dejar alguien que defienda a esta Señora K [Keiko Fujimori]».
Este tribunal está encargado de dirimir los conflictos entre poderes del Estado, que han sido frecuentes desde 2016. Seis de sus siete integrantes ya cumplieron su mandato de seis años.
Una jueza constitucional de Lima, Soledad Blácido, había ordenado el martes «la suspensión provisional de la elección» afirmando que «el procedimiento estaría viciado por falta de transparencia».
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, recalcó en Twitter que «toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales», aunque las puede apelar.
En septiembre de 2019, el proceso de elección de magistrados a este tribunal originó una crisis que llevó al entonces presidente Martín Vizcarra a disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias.
Tanto esa vez como ahora, hubo denuncias de que los candidatos al tribunal estaban ligados a los líderes parlamentarios.
Fuente: Diario las Américas
El Congreso saliente seleccionó a 15 postulantes en un proceso cuestionado por hacerse a último minuto y por el método de selección de candidatos.
La controversia estalló mientras Perú espera que las autoridades electorales proclamen al nuevo presidente, más de un mes después del reñido balotaje entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori.
El Congreso comenzó a votar este miércoles para escoger a los magistrados, pero suspendió la sesión luego de que los tres primeros candidatos no alcanzaran los 87 votos necesarios.
Mientras tanto, afuera del edificio legislativo decenas de partidarios de Castillo se manifestaban contra la designación de los nuevos magistrados y seguidores de Fujimori, a favor de la nominación.
«Si sube [es proclamado] Castillo ya no vamos a tener quien nos defienda», dijo a la AFP la manifestante fujimorista Susan Cairo, de 48 años.
Pero María Tarazona, de 36 años y seguidora de Castillo, denunció que «el Congreso saliente está desesperado en dejar alguien que defienda a esta Señora K [Keiko Fujimori]».
Este tribunal está encargado de dirimir los conflictos entre poderes del Estado, que han sido frecuentes desde 2016. Seis de sus siete integrantes ya cumplieron su mandato de seis años.
Una jueza constitucional de Lima, Soledad Blácido, había ordenado el martes «la suspensión provisional de la elección» afirmando que «el procedimiento estaría viciado por falta de transparencia».
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, recalcó en Twitter que «toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales», aunque las puede apelar.
En septiembre de 2019, el proceso de elección de magistrados a este tribunal originó una crisis que llevó al entonces presidente Martín Vizcarra a disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias.
Tanto esa vez como ahora, hubo denuncias de que los candidatos al tribunal estaban ligados a los líderes parlamentarios.
Fuente: Diario las Américas