“Ha avanzado de modo exponencial y violento la represión contra los periodistas críticos con el régimen” (de Ortega) acompañada de una “degradación de los derechos humanos y persecución de la oposición”, alertó la SIP en la presentación del informe sobre este país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de libertad de Expresión.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dio a conocer los resultados del informe preliminar sobre la situación en Nicaragua, tras una visita virtual al país centroamericano para hablar con periodistas, dirigentes opositores, académicos, empresarios y prelados.
Cerco al periodismo libre y simulacro electoral
La conclusión de la investigación de la SIP es muy sombría sobre la perspectiva de avances democráticos en Nicaragua, donde el régimen de Ortega busca “acallar toda crítica al poder concentrado en la pareja gobernante” (Ortega y la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo) en una deriva represiva contra la libertad de expresión y la pluralidad política.
Nos encontramos ante un “régimen autocrático y descontrolado” que ha montado un “simulacro electoral” de cara a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para noviembre en el país, resaltó Jornet.
En ese contexto de “degradación y desprecio de Ortega a los derechos de las personas”, el directivo de la SIP repudió los arrestos de casi todos los candidatos a las elecciones con medidas como 90 días de detención preventiva.
“Se alega que las personas encarceladas por el Gobierno nicaragüense cometieron delito. No. Primero se les detiene y luego se les arma la causa”, lo que evidencia la “sumisión” de los organismos estatales y oficiales e instituciones al Ejecutivo, precisó.
Desde la SIP se calificó de “ilegal y violatorio de los derechos humanos” estos arrestos y la medida de incomunicación ejecutada, sin que las familias puedan acceder a los detenidos para llevarles comida o medicinas, un ataque desde el poder que “se extiende a todo el arco opositor y los medios de comunicación”.
Jornet se dirigió a la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ambos participantes en la reunión, para acotar que el “cerco sobre el periodismo libre se va cerrando día a día en Nicaragua”.
Un “cerco” que, alertó Jornet, se materializa en “retenes policiales frente al domicilio de los periodistas”, la “estigmatización” de estos y la “falta de acceso a la información pública”.
Represión y rejas
A juicio del presidente de la SIP, Jorge Canahuati, en Nicaragua y por extensión en el continente “estamos entrando en una noche muy oscura en términos de libertad de expresión y derechos humanos”.
Urrejola, por su parte, alertó de que en Nicaragua los poderes públicos “no permiten el escrutinio ni la crítica” ni la “libre circulación de ideas diversas y opiniones”, por lo que nos enfrentamos a un “Gobierno autoritario que ataca a los periodistas independientes”.
“Hemos visto en estos cuatro últimos años la confiscación de instalaciones (de medios de comunicación) y la persecución y criminalización” de los periodistas, con leyes “destinadas a inhibir las libertades públicas”, aseveró la presidenta de la CIDH.
Así, en Nicaragua “no ha cesado la represión y el hostigamiento permanente de la disidencia” y el régimen mantienen todos los “mecanismos de represión para silenciar las protestas en las calles”.
“Represión y rejas” es la frase que empleó Vaca para describir la actual situación que vive la oposición a Ortega y el periodismo libre en el país.
Coincidió el relator para la Libertad de Expresión con Urrejola en que Nicaragua se halla sofocada por la “asfixia de las libertades civiles, el acoso a los periodistas, un ambiente de autocensura y estigmatización, y una violación de los derechos humanos” continua.
Insistió Urrejola en la situación de persecución que sufre la disidencia en Nicaragua, con “detenciones arbitrarias de líderes y candidatos (presidenciales)” a los que se les presentan “cargos infundados” y “sin derecho al debido proceso”.
Fuente: Prensa Libre