La politización de la justicia en Brasil logró la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por decisión del Supremo Tribunal Federal, equivalente a la Corte Suprema de Justicia, tras haber sido condenado por corrupción. Pero el procurador de la República del Distrito Federal, Frederico Paiva, confirmó la denuncia contra el líder socialista en la acción penal por presuntos sobornos pagados por Odebrecht, objetivo de la operación Lava Jato.
A Lula da Silva le fueron restituidos sus «derechoso políticos» por parte de un tribunal conformado mayoritariamente por ministros (magistrados) nombrados por el Partido de los Trabajadores (PT), donde Lula es la cabeza, el cual es funcional al socialismo del siglo XXI. La acusación en su contra fue anulada en junio por el ministro Gilmar Mendes, del STF (Supremo Tribunal Federal). De los 11 ministros actuales, tres fueron designados por Lula y cuatro por su sucesora Dilma Rousseff, también del PT, acaparando este partido siete de los 11 puestos del máximo tribunal.
Como consecuencia, el exmandatario condenado por corrupción podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales como rival del presidente Jair Bolsonaro, salvo que actúe la justicia en su contra nuevamente. El escandaloso caso de sobornos y lavado de dinero conocido como Lava Jato lo envió a prisión años atrás y removió de su cargo a su sucesora, Dilma Rousseff. Ahora el procurador abre la posibilidad de enviarlo nuevamente a prisión y frenar sus aspiraciones políticas.
Frederico Paiva ratificó en el tribunal la denuncia contra el expresidente Lula da Silva (PT). En la orden, firmada el 29 de julio, Paiva solicita que se reciba la denuncia y que se excluya la petición que anuló el proceso hasta el inicio del trámite procesal.
«No tiene lógica la premisa de que todos actuaron para perseguir a Lula»
La ratificación del procurador se sustenta en el hecho de que la mayor parte de los actos del proceso estuvo en manos de la juez sustituta Gabriela Hardt, quien no consideró la sospecha de la nulidad. La acusación había sido anulada en junio por el ministro Gilmar Mendes por la sospecha del exjuez Sergio Moro, en el caso relacionado con traslados de fondos al Instituto Lula.
Adicionalmente el procurador agrega que la nulidad de los actos judiciales no se puede extender al órgano que acusa, el Ministerio Público Federal. «El grupo que ratificó la denuncia está integrado por al menos 13 fiscales públicos, incluidos fiscales regionales. El operativo Lava Jato movilizó un importante contingente ministerial y de la Policía Federal para obtener pruebas y definir la línea de investigación a la cual hacerle seguimiento. La cantidad de datos e información que sustentan el introductorio hace inverosímil la parcialidad del órgano legítimo de acusación (…) Dada la cantidad de personas involucradas, no tiene lógica la premisa de que todas actuaron para perseguir al expresidente Lula. La defensa no se apoya en hechos concretos», detalla.
El próximo paso será que la denuncia sea considerada o no por el tribunal. También Antônio Palocci y el empresario Marcelo Odebrecht fueron denunciados.
La información brindada por el gerente de la constructora que se benefició del erario público ha sido crucial para desmontar la red de corrupción y colusión entre el sector corporativo y el Estado durante la era Lula.
El BNDES habría servido para financiar a Odebrecht
Marcelo Odebrecht aseguró que «por razones ideológicas» recibió la orden de financiar infraestructura para el régimen cubano. El empresario declaró que Cuba era la primera prioridad del Gobierno de Lula da Silva, sobre todo para la obra de expansión del Puerto de Mariel, que costó 957 millones de dólares, financiados por el Estado brasileño.
”El único país con el que nos dimos cuenta de que había una mayor voluntad, un acto, un mayor esfuerzo del Gobierno para ayudar a aprobar el crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) fue sobre el tema de Cuba», declaró Odebrecht.
Lula alega su inocencia. Pero son cada vez más las pruebas que indican que no solo fue beneficiado por empresas constructoras como Odebrecht y OAS, sino que además dio la orden de que estas designaran fondos para sus aliados.
Por definición, el socialismo nada produce. Su fin es redistribuir la riqueza existente. El BNDES sirvió por años para financiar a los regímenes de Cuba y Venezuela hasta que Bolsonaro llegó al poder. Bajo la consigna «Brasil por encima de todo», se puso fin a la era de abastecer regímenes totalitarios y ser su garante, como lo fue con Cuba mediante préstamos internacionales durante el Gobierno de Lula da Silva.
La liberación y posible triunfo electoral de Lula en 2022 representaría combustible y recursos para las tiranías que más exiliados han producido el continente, mientras que un freno a las aspiraciones del exmandatario socialista se traduciría en mayor presión a estos regímenes.
Fuente: PanamPost