Nayib Bukele no solo hará una mera reforma en la Constitución de El Salvador. No, todo lo contrario. El presidente de la nación centroamericana plantea prácticamente una nueva Carta Magna. Las 215 modificaciones, 182 reformas puntuales, 147 nuevos contenidos, 7 nuevos artículos, 8 sustituciones y 18 derogatorias lo dejan muy claro.
Es un documento a la medida de sus intereses. Allí se propone que los mandatos presidenciales se extenderán de cinco a seis años, sin posibilidad de una reelección inmediata, pero sí después de un mandato de por medio, en lugar de los dos contemplados actualmente. En este sentido, se evidencia que «una cosa es aplicar cambios necesarios a algunas reglas, y otra muy diferente es que alguien, quien en este momento tiene el control, quiera imponer todas las reglas a su conveniencia», apuntó El Salvador.
Eso es lo que intenta Bukele. El proyecto del mandatario propone, por ejemplo, la eliminación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Este espacio se sustituirá por un Tribunal Constitucional donde se separan las funciones administrativas de las jurisdiccionales.
Esta supresión detonará en la creación de dos salas al Supremo: la Sala Electoral para asumir la parte “jurisdiccional” del actual Tribunal Supremo Electoral, mientras que la segunda, la Sala Social manejará los asuntos laborales, de familia y medio ambiente.
A ello se suma que los mandatos del fiscal general, el procurador y otros funcionarios electos de segundo grado pasarán a durar de tres a seis años. Incluso, en el texto se contempla la posibilidad de usar “monedas no concretas, no físicas, en la política monetaria”, después de que el Parlamento salvadoreño aprobara en junio la legalización del uso del bitcoin, que será moneda de curso legal en el país centroamericano junto al dólar. Así rueda ya en redes sociales.
Con personalismo estatal
Asumir que hacer modificaciones a la Carta Magna es una cosa abstracta, la cual no afecta en mayor escala el rumbo de un país en todos los aspectos de rigor, dependerá de quién plantea estos cambios. Del mismo modo, es obligatorio pensar qué fines se persiguen al hacer esto.
En este caso, “la nueva Constitución recién propuesta adolece del mal de inflar los artículos con mucha retórica. Donde están precisos y contundentes en la Constitución actual. Le meten adorno y seudo filosofía. Solo traten de leer la introducción y los artículos 1 a 7, y se marean”, señaló el medio local.
Advierte que “los procesos de reformar las constituciones son complejos y tardados para evitar que los cambios sean solo expresión de la voluntad de mayorías coyunturales. Y precisamente esto es lo que está tratando hacer el actual gobierno. Quieren una Constitución al estilo de un traje a la medida, donde violan el principio más importante de las constituciones democráticas: tienen que proteger a las minorías”.
Todo indica que el texto de Bukele es una muestra de personalismo estatal. Su proyecto que reforma a la Constitución de 1983 con el auspicio de su vicepresidente Félix Ulloa implica “un cambio trascendental en la forma en la que se regirá la vida de todos los salvadoreños”, apuntó el Centro de Estudios Jurídicos en La Prensa Gráfica, porque “ya no es la persona lo primordial sino el Estado y sus fines”.
Significa que ahora tendrán mayor prevalencia los intereses del Estado y sus funcionarios, en lugar de la población. Es drástico. Las prioridades de esta Constitución cambian porque ya no son las personas sino el Estado el fin fundamental cuando se compara con la actual Carta Magna, donde se hace referencia al Estado, estructura e importancia después de los derechos de las personas.
“No es un cambio menor, pues el día que entren en conflicto los intereses del Estado con los de una persona o un grupo de personas, prevalecerán los primeros. De terror”.
De fondo y de forma
Bukele ataca todos los flancos de la Carta Magna. Se esmera en tratar la parte dogmática (donde se desarrollan los derechos de cada persona), al igual que la orgánica (mediante la cual se crean las instituciones estatales y se otorgan sus atribuciones).
Ambas se aprobarán en la Asamblea Legislativa vigente —donde el partido Nuevas Ideas de Bukele es mayoría— y su ratificación por la siguiente no será necesaria porque se sustituirá este último paso con un referéndum.
El plan del presidente salvadoreño está listo y la guinda es la eliminación en la Constitución del artículo que establece la prohibición de un partido político único. Actualmente, el texto dictamina que “la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecido en esta Constitución».
Con esto, sin mayor disimulo, el gobierno de Nayib Bukele pretende legitimar la existencia de una sola tolda política. De este modo se vulneran los derechos de las minorías y afectan a otros aspectos fundamentales como el derecho de asociación, la libertad de expresión y también de crear partidos políticos.
“El derecho a disentir es tirado por la borda con el fin de volver a mantener el poder en un solo partido político”, sostuvo el conglomerado de abogados salvadoreños.
Venezuela, Nicaragua y China son un espejo de las consecuencias de medidas como estas que el próximo 15 de septiembre, cuando se cumplen 200 años de la independencia centroamericana de España, se sabrá el destino del documento que no necesita cambios, sino la aplicación adecuada entre los funcionarios comprometidos con sus obligaciones de manera firme, sin atender a los intereses de grupos políticos específicos o de Nayib Bukele.
Fuente: PanamPost