Cuando el bitcóin entre en curso, el 7 de septiembre próximo, también comenzarán los riesgos de que se incremente en El Salvador el lavado de activos y la entidad encargada de prevenir y combatir este delito será la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la cual según un experto carece de independencia porque está adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) que dirige Rodolfo Delgado, impuesto el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa.
La Ley del Bitcóin no incluye ningún aspecto sobre la prevención del lavado de activos, un factor que sí está mencionado en las «Normas Técnicas para Facilitar la Aplicación de la Ley del Bitcóin» publicadas recientemente por el Banco Central de Reserva (BCR), cuyo capítulo VII toma en cuenta aspectos que evitarían que se cometan delitos en esta área.
Pero esto no da seguridad de que dicho delito no se cometa, según analizó Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal AntiCorrupción en El Salvador (ALAC), quien sostiene que además de los vacíos de ley, también incide que en la Fiscalía, entidad encargada de hacer las investigaciones en el tema, hay un fiscal general impuesto y eso deja en tela de juicio su independencia.
Sandoval dice que la FGR incumpliría la recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y que eso podría dejar a El Salvador fuera de esta organización.
«La Fiscalía es un ente intervenido políticamente y la UIF, que es la que debe velar porque se cumplan estos aspectos, ha sido intervenida políticamente porque removieron a Raúl Melara, quien era el fiscal legítimo, y han impuesto a un fiscal que obedece a los intereses de Casa Presidencial (CAPRES)», aseveró.
Además, dijo que si la UIF no hace bien su trabajo y si no se cumplen con las recomendaciones, El Salvador podría salir nuevamente de la GAFIC, como sucedió con el Gobierno del FMLN cuando en la FGR hubo intervención política.
El Grupo de Acción Financiera del Caribe es quien supervisa el trabajo de la UIF y es quien decide si El Salvador ha cumplido con las 40 recomendaciones para evaluar riesgos y tomar acciones en la lucha contra el lavado de activos. De no ser así, El Salvador pasa a ser un país con riesgo para el Sistema Financiero y para que el bitcóin se pueda prestar también para financiar estructuras criminales.
Sandoval aclara que los principales afectados con el incumplimiento de las recomendaciones del GAFIC son los bancos, ya que si incumplen estos estándares internacionales nadie querrá trabajar con la banca salvadoreña.
Un experto economista que pidió anonimato dijo que hay un problema porque no hay reglas claras para la aplicación del bitcóin, ni tampoco control sobre las «wallets»o billeteras electrónicas.
Fuente: El Economista