El Salvador bajó de un sopetón los homicidios con Nayib Bukele en la Presidencia. De ello, presume porque las estadísticas de su administración arrojan 1300 asesinatos en el último año, un 45 % por ciento menos desde su llegada al poder con una tasa de homicidios de 19,7 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo lo logró? “negociando con las pandillas” pero “ocultando la evidencia”, reveló El Faro.
Quien pensó en magia o eficiencia se equivocó. Un informe de la Fiscalía divulgado por el medio confirma que el gobierno de Bukele pactó con las tres principales pandillas, dentro de penales de máxima seguridad, para desplomar las muertas violentas.
La maniobra con las organizaciones calificadas como terroristas por la legislación salvadoreña —la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18: sureños y revolucionarios— representa una “abultada y compleja” operación a cargo de funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones, así como a transmitir información a sus líderes encarcelados.
Fue otra “tregua concertada” aseguró una investigación de campo de InSight Crime. No hay más explicación. Quien pensó en el plan de administración territorial de control, que suponía el despliegue de más de 5000 policías y soldados a las fortalezas de bandas en 2019 también falló. De hecho, hay “intervenciones telefónicas, documentos incautados, fotografías y entrevistas a testigos” que comprueban este pacto entre emisarios de Bukele y las pandillas.
Entendimiento mutuo
Los investigadores de “Catedral” —como se conoce el caso— descubrieron un mayor número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad autorizadas por el director de Centros Penales, Osiris Luna, “saltándose todos los protocolos legales de ingreso y portando capuchas, lentes oscuros y guantes” para evitar ser identificados.
Una de las conversaciones interceptadas en el teléfono de uno de los pandilleros de la MS-13 involucrado en la negociación narra la planificación del disfraz que usarían sus miembros para ingresar a la cárcel, con el fin de negociar. De hecho, en uno de los audios, del 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar, y le asegura que los representantes del Gobierno están nerviosos.
“A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”, confesó.
Luna intentó borrar los rastros de las reuniones de funcionarios con pandilleros al retirar 221 libros de novedades y computadoras de los recintos penitenciarios.
Pactos con cuotas
Para cumplir con el acuerdo y mantenerlo, las pandillas impusieron un pliego de peticiones similar al solicitado en 2012 al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, cuando visitó el país para acuerpar el proceso de negociación que intentó el gobierno del expresidente Mauricio Funes, conocido como La Tregua.
Cese de operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos, y de la persecución indiscriminada de los suyos “solo por estar tatuados”; financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros; visitas de sus familiares en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad conformaron la lista de 20 puntos que en teoría cerró en 19 porque los pandilleros omiten nombrar el 18. Es su código.
También pidieron el retiro de las planchas metálicas que cubren las puertas y mejor ventilación; que la estadía de celdas de castigo tenga un máximo de tres años; educación, salud, religión e incluso acusaron el ingreso de ropa particular, encuentros conyugales y que no se mezclen en las mismas celdas a pandilleros retirados.
Bukele los complació. La Fiscalía consiguió documentar que miembros de pandillas distintas en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca fueron separados el 8 de agosto de 2020 cuando el subdirector general, Carlos Aparicio, pasó nueve horas en esas instalaciones coordinando la separación de internos, de modo que cada celda albergara exclusivamente a miembros de una sola pandilla.
Defensa en redes
El presidente sabe que “el diálogo con pandillas es un tema tabú en El Salvador,” informó Crisis Group. Por ello, distrae en las redes sobre el tema. Desde su cuenta en Twitter asegura que todo es parte de una “cortina de humo” del “periodismo incómodo para sacar del fango a una de sus plumas pagadas. Hoy no duermen, dándole a las teclas. Que feo ha de ser autodenominarte periodista y acusar a los demás por dinero. Siendo una basura (sic)”.
En su historial tiene 16 mensajes negando la investigación de la Fiscalía. Pero, otros hechos escurren la realidad, como la destitución del fiscal general, Raúl Melara, a cargo de la investigación con el respaldo de la Asamblea Nacional controlada por su partido Nuevas Ideas. La plenaria designó a Rodolfo Delgado, en el cargo en mayo y este desmanteló al Grupo Especial Antimafia (GEA) que estaba tras las pesquisas.
Con este panorama a Estados Unidos le tocará esperar por la extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, conocido como Blue, principal líder de la Mara Salvatrucha o MS-13, a quien un tribunal estadounidense acusa de “terrorismo”.
El pandillero, según autoridades norteamericanas, controlaba unas 20 clicas (células) de la MS-13 asentadas en Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey, California, Ohio, Rhode Island, Oklahoma, Luisiana y el Distrito de Columbia.
En junio, 13 magistrados de la Corte avalaron la extradición de Melgar Díaz, pero después de esa votación, los magistrados afines al presidente revocaron la decisión aduciendo era necesario un análisis constitucional más profundo. Las partes parecen cumplir.
Fuente: PanamPost