El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia remitió al parlamento este jueves una acusación por «genocidio» y otros delitos contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), por el asesinato de manifestantes opositores en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.
«Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio (…) con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez», informó el presidente del TSJ, Ricardo Torres.
La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo.
La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo.
De acuerdo con Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, que está en prisión preventiva desde marzo.
Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión.
Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
La aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el parlamento, no tiene una mayoría suficiente.
La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.
En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de «masacres».
También hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y el otro por presunto incumplimiento de deberes.
Áñez asumió presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, Evo Morales, renunciara presionado por mandos militares y se exiliara, luego de semanas de protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato.
Después de las elecciones frustradas, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección de Luis Arce, aliado de Morales, y en marzo fue detenida.
Junto a varios de sus ministros y exjefes militares y policiales, es señalada por el actual gobierno y el partido oficialista como coautora de un golpe de Estado contra Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los gobiernos del argentino Mauricio Macri y ecuatoriano Lenín Moreno.
La oposición denuncia que las acciones judiciales contra Áñez se tratan de un ajuste de cuentas.
El informe del GIEI, por otra parte, es lapidario con la Justicia boliviana: destaca su «falta de independencia» y la «ausencia de garantías del debido proceso», además del «uso excesivo de la detención preventiva».
La expresidenta de 54 años, que se encuentra en frágil estado de salud, intentó suicidarse el sábado cortándose un brazo en la cárcel.
Fuente: Diario las Américas
Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión.
Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
La aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el parlamento, no tiene una mayoría suficiente.
La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.
En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de «masacres».
También hay otros dos juicios en curso contra la expresidenta, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y el otro por presunto incumplimiento de deberes.
Áñez asumió presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, Evo Morales, renunciara presionado por mandos militares y se exiliara, luego de semanas de protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato.
Después de las elecciones frustradas, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección de Luis Arce, aliado de Morales, y en marzo fue detenida.
Junto a varios de sus ministros y exjefes militares y policiales, es señalada por el actual gobierno y el partido oficialista como coautora de un golpe de Estado contra Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los gobiernos del argentino Mauricio Macri y ecuatoriano Lenín Moreno.
La oposición denuncia que las acciones judiciales contra Áñez se tratan de un ajuste de cuentas.
El informe del GIEI, por otra parte, es lapidario con la Justicia boliviana: destaca su «falta de independencia» y la «ausencia de garantías del debido proceso», además del «uso excesivo de la detención preventiva».
La expresidenta de 54 años, que se encuentra en frágil estado de salud, intentó suicidarse el sábado cortándose un brazo en la cárcel.
Fuente: Diario las Américas