Cactus, piedras, montañas y la arena gris del desierto, y en medio de ese paisaje, ruinas incendiadas y abandonadas. Eso es todo lo que se puede ver al pie de la montaña Picachos del Fraile, en las afueras de la ciudad industrial de Monterrey, en México. Por eso los carteles del narcotráfico eligieron este lugar, para poder asesinar y enterrar a sus víctimas. En 2010, la guerra entre carteles de la droga fue particularmente violenta en la región. Cientos de personas desaparecieron.
Tarea sin fin en más de 4.000 fosas comunes
Algunas de las personas desaparecidas fueron secuestradas para trabajos forzados para los carteles o para el contrabando de drogas. Otras fueron detenidas por las fuerzas de seguridad de México antes de perderse su huella. En julio desaparecieron 10 indígenas yaqui en el estado de Sonora mientras conducían ganado hacia una subasta, a 85 kilómetros de distancia. Sus familiares sospechan que su desaparición está relacionada con la resistencia que oponían contra proyectos mineros.
Algunas de las víctimas yacen en la arena del desierto a las puertas de Monterrey, y las hallaron gracias a una pista anónima. Ahora, una brigada forense de la fiscalía regional salió en su búsqueda. Con una cinta amarilla marcan un área del tamaño de una cancha de fútbol. Algunos oficiales en trajes protectores blancos cavan la tierra con picos y palas. Cuando encuentran un hueso, se lo entregan a sus colegas, que lo limpian con pinceles sobre una superficie plástica, lo enumeran y lo guardan en una bolsa de plástico transparente. Desde allí, los huesos son trasladados a un depósito en la fiscalía, son sometidos a pruebas de ADN, y luego comparados con los ADN de familiares de víctimas en un banco de datos.
En un país cuyo tamaño es casi seis veces más grande que Alemania, la búsqueda de los, entretanto, más de 90.000 desaparecidos es un trabajo sin fin. A menudo son los familiares quienes dan con su paradero. En México ya hay casi 100 brigadas privadas de búsqueda de personas desaparecidas, formadas por madres, campesinos y comerciantes que en su tiempo libre se dedican a ello. Aprendieron en cursos con forenses de otros países a evaluar declaraciones de testigos y a desenterrar adecuadamente restos humanos. Hasta la fecha se pudieron encontrar más de 4.000 fosas comunes ocultas y se desenterraron más de 6.900 cadáveres.
La relación con el gobierno está quebrantada
Desde el comienzo de la guerra contra el narcotráfico, en 2006, se sucedieron tres gobiernos en México, cada uno con una bandera política diferente. Pero el drama no cesa. Solo en 2020 se sumaron 4.960 desaparecidos, aunque al presidente mexicano, Andrés Manual López Obrador, le guste hablar de la «peor herencia”, la de sus antecesores. En su campaña electoral de 2018 prometió ayudar a las víctimas de narcotráfico y a frenar el derramamiento de sangre. Pero no lo logró. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, suele contar sobre exitosas acciones de búsqueda, sobre la capacitación profesional de las autoridades regionales de investigación, y sobre que en el año del inicio de la pandemia, 2020, los avisos sobre desapariciones disminuyeron en un 22%.
Las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se manifiestan para que el Estado esclarezca las desapariciones.
Sin embargo, la relación entre los familiares de desaparecidos y el gobierno está quebrantada. En abril, el partido gobernante, Morena, aprobó una reforma de la Fiscalía General de la República (FGR) que no respeta las recomendaciones de las Naciones Unidas y de organizaciones sobre derechos humanos, y libera a la Fiscalía general de México de la obligación de coordinar las búsquedas de personas desaparecidas. También suavizó el control ciudadano de la fiscalía, así como la obligación de garantizar a los familiares el acceso a los archivos o la posibilidad de exigir peritajes de expertos independientes, dijo Volga del Pino, asesora del Movimiento Nacional para nuestros Desaparecidos, al portal Animal Político. El motivo, según observadores, es que, frecuentemente, las fuerzas de seguridad estatales están infiltradas por organizaciones criminales de narcotráfico y también participan de secuestros, desapariciones y asesinatos.
«No poner la carga sobre los hombros de las familias”
De ese modo, las investigaciones pasan a estar nuevamente bajo la competencia de las fiscalías regionales, justamente las autoridades que estuvieron desde siempre en el foco de las críticas. De 23.000 personas que desaparecieron en 2018, las fiscalías solo habrían registrado a un tercio de las víctimas de crímenes, lo cual implica una obligación de investigarlos, criticó recientemente la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). La mayoría de los menores desaparecidos son, según WOLA, niñas, pero en México la hipótesis del tráfico de niñas y mujeres no es tomada en consideración por ningún organismo estatal.
«Las familias tienen derecho a participar en las investigaciones”, dijo a DW Stephanie Brewer, de WOLA. «Pero eso no significa que el Estado cargue con la responsabilidad de las investigaciones a las familias y, con ello, las exponga a mayores riesgos”, añadió. Esto le pasó factura al gobierno de López Obrador. El pasado viernes (27.08.2021), un grupo de manifestantes, entre ellos también familiares de víctimas de violencia y de desaparecidos, retuvieron el automóvil del presidente mexicano por más de dos horas. Pero López Obrador se negó a bajarse del vehículo, diciendo: «Yo no acepto chantajes”.
Fuente: DW