En Colombia hemos llegado a una situación tan sui generis en materia de administración de justicia, que hasta se ha vuelto tortuoso explicarla y ni los nacionales ni los extranjeros la entienden. Lo que sí entendemos todos es que en un país sin justicia no puede haber paz, y que la justicia brilla por su ausencia cuando el índice de impunidad se calcula en niveles disparatados de más del 90 %.
Un informe de hace dos años de Transparencia por Colombia y la Fiscalía General de la Nación (El Tiempo, 02/10/2019), dice que en este país de cada cien delitos solo se castigan seis. Y cualquiera entiende que una sociedad en la que se quedan sin castigo más de la mitad de los delitos tiene que ser una sociedad en crisis.
Lo más triste es que esta situación es causada en buena parte por las instituciones legítimamente constituidas para combatir y castigar la criminalidad, principalmente por la Rama Judicial. Se ha vuelto normal que los jueces, en uso de una autonomía desmedida y mal entendida, fallen los casos a su entero amaño, interpretando las leyes como les viene en gana, casi siempre a favor de peligrosos delincuentes y de quienes representan ideas de izquierda.
No sorprende entonces, que un juez decida liberar a los sujetos sindicados de prenderle fuego al Palacio de Justicia de Tuluá, durante el paro criminal de hace unos meses, o que un juez de un pueblito de la Costa Atlántica, como Puerto Colombia, se atreviera a suspender la caducidad del contrato que tiene contra la pared a la ministra Abudinen por la pérdida de un adelanto de 70.000 millones. Claro que este juez reversó su decisión, pero providencias absurdas como esta son paisaje nacional.
Sin embargo, en muchas ocasiones, los jueces culpan de su actuar al Poder Legislativo, argumentando que ellos cumplen a rajatabla con la normatividad penal emanada del Congreso de la República, como por ejemplo cuando liberan a delincuentes callejeros pocas horas después de haber sido capturados a pesar de tener un amplio historial criminal. Y hasta razón tendrán, porque la ley contempla como delitos de menor cuantía los hurtos que no superan los 10 salarios mínimos mensuales vigentes, o sea casi los 10 millones de pesos, cuyas penas son excarcelables. Todo un despropósito.
Sin duda, es un sinsentido que, en un país tan pobre como este donde la mayoría sobrevive con el salario mínimo, robarse una bicicleta de nueve millones, un celular de alta gama o un maletín Montblanc de cuatro millones como el que usan algunos senadores para cargar fajos de menuda, sean dizque delitos menores que no justifican la medida de aseguramiento. Solo una casta que devenga 34 millones mensuales de nuestros impuestos (alrededor de 40 salarios mínimos), podría considerar que un bien de hasta 10 millones es algo insignificante, como decir una ruana mugrosa y maloliente, o que se justifica combatir el hacinamiento carcelario fomentando la impunidad, negándose incluso a aumentar las penas por reincidencia, por lo que el bandido sabe que no importa si lo capturan 10, 20 o 50 veces porque siempre saldrá libre. De contera, los policías se cansan de cumplir su deber y los ciudadanos toman justicia por mano propia, pues no hay otra opción.
Pero la Rama Judicial no se puede lavar las manos tan fácil, porque si hasta el más humilde juez prevarica, lo de las Altas Cortes es un verdadero concierto para delinquir. Es que el país puede aguantarse las malas decisiones de los jueces de circuito, mas no puede ser indiferente al golpe de Estado al que nos someten a diario unos pocos magistrados enquistados en los máximos tribunales sin haber ganado un solo voto de los colombianos como para atreverse a tomar grandes decisiones por todos nosotros.
Entre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la particularmente funesta Justicia Especial para la Paz, han sumido a Colombia en «el siglo de los jueces», que es como abordar la barca de Caronte para ir al infierno sin pasaje de regreso.
La reciente decisión de la Corte Constitucional de tumbar la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores es apenas una muestra —una más— de que aquí se hace única y exclusivamente lo que decidan estos carteles prevaricadores; es decir, lo que consideren que está dentro de la órbita de lo que han prescrito como el «deber ser»: toda una dictadura, y de las malas.
Todo este desvarío de las Altas Cortes carcome la democracia y la va derrumbando por dentro hasta llevarla a su aniquilación, por lo que es urgente una reforma que las meta en cintura, lo que se ve difícil porque ellas mismas lo impiden y no hay quién las ronde; a veces se vigilan las unas a las otras y eso por simples celos al ver invadidas sus competencias. Así, no hay que explicar por qué la Justicia es una de las instituciones en las que menos confían los colombianos.
Fuente: PanamPost