La banalización en la manera de afrontar la violación de los derechos humanos, la aceptación social de ese fenómeno que afecta principalmente a países en dictadura y el vacío que esta conducta genera en la democracia son algunos de los puntos abordados en la exposición de Miguel Ángel Martín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TPS) de Venezuela, durante el seminario Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad.
Abogado y doctor en Derecho, el jurista afirmó que “cuando se banaliza el mal, se transforma esa acción en algo poco importante y aceptado socialmente”, que “obra en contra de la aspiración de bienestar o buen vivir de los seres humanos”.
En el caso de Venezuela, en donde se han confirmado casos de violación sistemática de los derechos fundamentales, una misión de Naciones Unidas publicó un informe reciente en el que se aluden agresiones contra la población y se deja en claro que el poder judicial está “carente de independencia”.
Según los investigadores, la Justicia venezolana ha violado los derechos humanos a través de un “plan político” tendiente a “sofocar a la oposición del gobierno de Nicolás Maduro”.
Entre las denuncias que expone el informe se encuentran la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y los asesinatos, entre otros.
Martín, uno de los panelistas invitados al seminario promovido por el Instituto Atlántico de Gobierno y la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), subrayó que “es deplorable normalizar el horror que se vive en esta era de vacío de la democracia”.
“Cuando se habla de violaciones sistemáticas de derechos humanos que colindan con los delitos de lesa humanidad, el racionalismo y los saberes científicos, comienzan a buscarse las razones de lo ocurrido, surgiendo un consciente de encontrar las razones de los agresores desde la premisa de que se ha hecho mal y cómo se pudo evitar, lo cual no es incorrecto dentro del trabajo científico, sin embargo, la sociedad y en especial las víctimas tienen derecho a la reparación, y ello solo se logra con el castigo”, apuntó.
Acostumbrarse al horror
Asimismo, Martín aseveró que la sociedad actual atraviesa una “disminución en los estándares fijados por la comunidad internacional”, que se traduce en “acostumbrarse al horror cotidiano”, con lo que se refleja una “descomposición institucional y social”.
En opinión del magistrado, “no estamos frente a un Estado de derecho, sino a una mera aspiración, y solo basta revisar las cifras de denuncias que existen en los órganos internacionales encargados de resguardar los derechos humanos”.
El reciente estudio de Naciones Unidas no encontró “evidencias” de que funcionarios de “alto nivel” dentro del régimen venezolano hayan sido investigados o procesados después de ser acusados de casos atroces y violentos.
“Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela, contra opositores supuestos o reales”, sentenció la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
Sed de justicia
Son tantos los “abusos” de diferente índole que afectan al derecho primario de las personas, según la exposición de Martin, que el mundo se ha convertido en una “comunidad sedienta de justicia”.
En este sentido, el letrado sumó que la “convivencia pacífica” está amenazada por un “inventario de males”, que van desde “la inseguridad, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, migraciones masivas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y ejecución arbitrarias, fraudes electorales, confiscación de bienes y terrorismo”, entre otros factores.
De acuerdo con su explicación, ese conjunto de circunstancias se genera bajo un “manto de impunidad de gobiernos” que “disfrazan el autoritarismo en ‘democracias de mentiras’, extendiéndose como plagas en todos los ámbitos de la vida”.
El informe de la ONU pone de manifiesto el “uso habitual de la prisión preventiva, como medida rutinaria”, así como “órdenes de arresto retrospectivas”. Además, los expertos de la misión alegaron que fiscales habrían obtenido supuestas pruebas “mediante tortura” y éstas después habrían sido aceptadas por los jueces.
De igual forma, conforme a la investigación, hay indicios que apuntan a que magistrados ordenaron el regreso de detenidos a centros penitenciarios donde habrían sido maltratados. Entre los casos sobresalientes, el informe revela que un acusado detenido en abril y mayo del año pasado fue sometido a tortura con asfixia mediante una bolsa.
Urge una revisión
El magistrado del TSJ, órgano de justicia venezolano que sigue operando en el exilio, indicó que las “instituciones, gobiernos y comunidad internacional han sido rebasadas”, y, desde su punto de vista, “urge una revisión profunda” para acometer acciones que permitan “desvirtuar el mal”.
Al respecto, el letrado propuso un “sistema de democracia con sentido común” y de esta manera “recuperar el tejido social”.
Martín también recogió palabras del exministro venezolano y secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, para quien “se está imponiendo el régimen de la mentira, vaciando la democracia desde la democracia y manipulando las formas del Estado de derecho para vaciar de contenidos a éste y a aquélla”.
“Es ‘algo más turbio que la mera ilegalidad, es decir, es la simulación de la legalidad, el engaño, legalmente organizado, a la legalidad’”, dijo el magistrado tras citar a Piero Calamandrei, reconocido jurista, periodista y político italiano.
Fuente: Diario las Américas
Según los investigadores, la Justicia venezolana ha violado los derechos humanos a través de un “plan político” tendiente a “sofocar a la oposición del gobierno de Nicolás Maduro”.
Entre las denuncias que expone el informe se encuentran la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y los asesinatos, entre otros.
Martín, uno de los panelistas invitados al seminario promovido por el Instituto Atlántico de Gobierno y la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), subrayó que “es deplorable normalizar el horror que se vive en esta era de vacío de la democracia”.
“Cuando se habla de violaciones sistemáticas de derechos humanos que colindan con los delitos de lesa humanidad, el racionalismo y los saberes científicos, comienzan a buscarse las razones de lo ocurrido, surgiendo un consciente de encontrar las razones de los agresores desde la premisa de que se ha hecho mal y cómo se pudo evitar, lo cual no es incorrecto dentro del trabajo científico, sin embargo, la sociedad y en especial las víctimas tienen derecho a la reparación, y ello solo se logra con el castigo”, apuntó.
Acostumbrarse al horror
Asimismo, Martín aseveró que la sociedad actual atraviesa una “disminución en los estándares fijados por la comunidad internacional”, que se traduce en “acostumbrarse al horror cotidiano”, con lo que se refleja una “descomposición institucional y social”.
En opinión del magistrado, “no estamos frente a un Estado de derecho, sino a una mera aspiración, y solo basta revisar las cifras de denuncias que existen en los órganos internacionales encargados de resguardar los derechos humanos”.
El reciente estudio de Naciones Unidas no encontró “evidencias” de que funcionarios de “alto nivel” dentro del régimen venezolano hayan sido investigados o procesados después de ser acusados de casos atroces y violentos.
“Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela, contra opositores supuestos o reales”, sentenció la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
Sed de justicia
Son tantos los “abusos” de diferente índole que afectan al derecho primario de las personas, según la exposición de Martin, que el mundo se ha convertido en una “comunidad sedienta de justicia”.
En este sentido, el letrado sumó que la “convivencia pacífica” está amenazada por un “inventario de males”, que van desde “la inseguridad, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, migraciones masivas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y ejecución arbitrarias, fraudes electorales, confiscación de bienes y terrorismo”, entre otros factores.
De acuerdo con su explicación, ese conjunto de circunstancias se genera bajo un “manto de impunidad de gobiernos” que “disfrazan el autoritarismo en ‘democracias de mentiras’, extendiéndose como plagas en todos los ámbitos de la vida”.
El informe de la ONU pone de manifiesto el “uso habitual de la prisión preventiva, como medida rutinaria”, así como “órdenes de arresto retrospectivas”. Además, los expertos de la misión alegaron que fiscales habrían obtenido supuestas pruebas “mediante tortura” y éstas después habrían sido aceptadas por los jueces.
De igual forma, conforme a la investigación, hay indicios que apuntan a que magistrados ordenaron el regreso de detenidos a centros penitenciarios donde habrían sido maltratados. Entre los casos sobresalientes, el informe revela que un acusado detenido en abril y mayo del año pasado fue sometido a tortura con asfixia mediante una bolsa.
Urge una revisión
El magistrado del TSJ, órgano de justicia venezolano que sigue operando en el exilio, indicó que las “instituciones, gobiernos y comunidad internacional han sido rebasadas”, y, desde su punto de vista, “urge una revisión profunda” para acometer acciones que permitan “desvirtuar el mal”.
Al respecto, el letrado propuso un “sistema de democracia con sentido común” y de esta manera “recuperar el tejido social”.
Martín también recogió palabras del exministro venezolano y secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, para quien “se está imponiendo el régimen de la mentira, vaciando la democracia desde la democracia y manipulando las formas del Estado de derecho para vaciar de contenidos a éste y a aquélla”.
“Es ‘algo más turbio que la mera ilegalidad, es decir, es la simulación de la legalidad, el engaño, legalmente organizado, a la legalidad’”, dijo el magistrado tras citar a Piero Calamandrei, reconocido jurista, periodista y político italiano.
Fuente: Diario las Américas