Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en total control de sus sistemas justicia, emiten “sentencias atroces” contra inocentes en base a narrativas y hechos falsificados, para producir miedo y terror en la población civil y someterla.
Las sentencias dictadas por los casos montados en torno a las protestas del 11 de julio 2021 en Cuba, contra los candidatos presidenciales y lideres civiles en Nicaragua, contra miembros del gobierno interino y de la resistencia civil de Bolivia y contra presos políticos en Venezuela son terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad.
Terrorismo de Estado es “la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos”. Es una actividad criminal que se ejerce cometiendo delitos instruidos, autorizados, ejecutados e institucionalizados desde y por el régimen, que van desde amenazas, intimidaciones, extorsiones, supresión de derechos y libertad, violencia, torturas, asesinato, hasta crímenes de lesa humanidad. Se trata de infundir terror, “miedo muy intenso” a la población, para detentar el poder indefinidamente con impunidad.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 7 los Crímenes de lesa humanidad señalando que “a los efectos del presente Estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes…: e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional…f) Tortura… h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables… k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”
Denomino “sentencias atroces” a los “fallos de jueces o tribunales que violan el debido proceso legal y que disponen condenas crueles, inhumanas o desproporcionadas violando derechos humanos”. Son actos horrendos, espantosos e inhumanos de “prevaricación” que es el “delito que consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”. Se trata de la actividad delictiva de individuos que detentan el título de jueces y que en verdad son verdugos, operadores obedientes en la violación institucionalizada de los derechos humanos.
La dictadura de Cuba, después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio 2021, mostró al mundo la represión violenta y criminal contra ciudadanos desarmados a los que detuvo y puso con sus jueces infames para “restituir el miedo”. La dictadura realizó más de mil detenciones, en enero 2022 aceptó que procesaba a 790 personas incluidos 82 menores de edad y el 16 de marzo el Tribunal Supremo de la República informó, en nota de prensa el fallo del Tribunal Provincial Popular de la Habana, condenando a 127 manifestantes con penas de entre 6 y 30 años de cárcel declarados “culpables de sedición y hurto”. De los 129 acusados, absolvieron a uno y dieron a otro la pena de “4 años de trabajo correccional sin internamiento”.
La dictadura de Nicaragua cometió crímenes de detenciones arbitrarias, acusación y denuncias falsas, encarcelamientos ilegales y torturas contra todos los candidatos a las elecciones presidenciales 2021 a los que inhabilitó para realizar el criminal fraude electoral con el que Daniel Ortega se reeligió dictador por un cuarto periodo. Hasta febrero 2022, fueron declarados en dos semanas de juicios “culpables de conspiración” 17 opositores con condenas de hasta 13 años de cárcel y el número siguió creciendo, incluyendo la condena de los 7 candidatos presidenciales que intentaron enfréntalo, “cualquiera de los que le hubiera ganado la elección”.
La dictadura de Bolivia falsifica la renuncia y fuga de Evo Morales en noviembre 2019 por el fraude electoral y crímenes que cometió públicamente con la narrativa de “golpe de Estado”. El crimen de “atribuir los crímenes cometidos por los castrochavistas a sus víctimas” para tener impunidad y falsificar la historia, usado respecto al golpe de estado de octubre 2003, de las masacres cometidas por Evo Morales en 2008/9 y de los crímenes y masacres de 2010/20, se repite con juicios contra la expresidenta Jeanine Añez y 78 presos políticos más. Torturan a los procesados para confesar delitos que no cometieron y someterse a “procesos abreviados” en los que dos generales ya fueron condenados 3 años de cárcel. El régimen pide 10 años de cárcel contra Añez que está presa hace más de un año.
La dictadura de Venezuela ha marcado sus “sentencias atroces” con la “condena a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel” al opositor Leopoldo López en 2015 al que juzgaron achacándole los crímenes cometidos por la dictadura en las manifestaciones de 2014. Este tipo crímenes siguen con la justicia de la dictadura bajo el mando de “Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura de Venezuela, con 5 millones de dólares de recompensa por su captura, procesado en Estados Unidos como parte del cartel de los soles de Nicolás Maduro y aceptar sobornos”.
Fuente: Diario las Américas
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 7 los Crímenes de lesa humanidad señalando que “a los efectos del presente Estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes…: e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional…f) Tortura… h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables… k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”
Denomino “sentencias atroces” a los “fallos de jueces o tribunales que violan el debido proceso legal y que disponen condenas crueles, inhumanas o desproporcionadas violando derechos humanos”. Son actos horrendos, espantosos e inhumanos de “prevaricación” que es el “delito que consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”. Se trata de la actividad delictiva de individuos que detentan el título de jueces y que en verdad son verdugos, operadores obedientes en la violación institucionalizada de los derechos humanos.
La dictadura de Cuba, después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio 2021, mostró al mundo la represión violenta y criminal contra ciudadanos desarmados a los que detuvo y puso con sus jueces infames para “restituir el miedo”. La dictadura realizó más de mil detenciones, en enero 2022 aceptó que procesaba a 790 personas incluidos 82 menores de edad y el 16 de marzo el Tribunal Supremo de la República informó, en nota de prensa el fallo del Tribunal Provincial Popular de la Habana, condenando a 127 manifestantes con penas de entre 6 y 30 años de cárcel declarados “culpables de sedición y hurto”. De los 129 acusados, absolvieron a uno y dieron a otro la pena de “4 años de trabajo correccional sin internamiento”.
La dictadura de Nicaragua cometió crímenes de detenciones arbitrarias, acusación y denuncias falsas, encarcelamientos ilegales y torturas contra todos los candidatos a las elecciones presidenciales 2021 a los que inhabilitó para realizar el criminal fraude electoral con el que Daniel Ortega se reeligió dictador por un cuarto periodo. Hasta febrero 2022, fueron declarados en dos semanas de juicios “culpables de conspiración” 17 opositores con condenas de hasta 13 años de cárcel y el número siguió creciendo, incluyendo la condena de los 7 candidatos presidenciales que intentaron enfréntalo, “cualquiera de los que le hubiera ganado la elección”.
La dictadura de Bolivia falsifica la renuncia y fuga de Evo Morales en noviembre 2019 por el fraude electoral y crímenes que cometió públicamente con la narrativa de “golpe de Estado”. El crimen de “atribuir los crímenes cometidos por los castrochavistas a sus víctimas” para tener impunidad y falsificar la historia, usado respecto al golpe de estado de octubre 2003, de las masacres cometidas por Evo Morales en 2008/9 y de los crímenes y masacres de 2010/20, se repite con juicios contra la expresidenta Jeanine Añez y 78 presos políticos más. Torturan a los procesados para confesar delitos que no cometieron y someterse a “procesos abreviados” en los que dos generales ya fueron condenados 3 años de cárcel. El régimen pide 10 años de cárcel contra Añez que está presa hace más de un año.
La dictadura de Venezuela ha marcado sus “sentencias atroces” con la “condena a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel” al opositor Leopoldo López en 2015 al que juzgaron achacándole los crímenes cometidos por la dictadura en las manifestaciones de 2014. Este tipo crímenes siguen con la justicia de la dictadura bajo el mando de “Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura de Venezuela, con 5 millones de dólares de recompensa por su captura, procesado en Estados Unidos como parte del cartel de los soles de Nicolás Maduro y aceptar sobornos”.
Fuente: Diario las Américas