Un tribunal de Perú solicitó a Chile ampliar los cargos de extradición contra el encarcelado expresidente Alberto Fujimori para que pueda ser juzgado por las supuestas «esterilizaciones forzadas» de miles de mujeres peruanas entre 1996 y 2000.
Fujimori fue extraditado de Chile a Perú en 2007 por crímenes contra la humanidad y corrupción. Pero actualmente no puede ser procesado por las presuntas «esterilizaciones forzadas» cometidas durante su gobierno (1990-2000) porque la causa no fue incluida en el pedido de extradición original.
Por ese motivo, en una resolución dictada el 13 de abril pero divulgada este jueves, el juez Littman Ramírez dispuso «solicitar a las autoridades judiciales del gobierno de Chile la ampliación de la extradición activa del ciudadano peruano Alberto Fujimori» como «máximo principal responsable» de lesiones graves y muertes por la «realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas».
El juicio por las esterilizaciones forzadas cuenta con 1.317 demandantes, comenzó en 2002 y ha sido archivado y reabierto varias veces.
Al exgobernante se le imputa haber emprendido este programa «sin tener en consideración una serie de factores como […] una infraestructura adecuada, el personal médico especializado […], lo cual devino en que se produjeran lesiones graves en una gran cantidad de mujeres», según la resolución de Littman, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio
En diciembre pasado, otro juez, Rafael Martínez, accedió a llevar a juicio a Fujimori por las esterilizaciones forzadas, pero indicó que primero era necesario que el Juzgado Liquidador pidiera la ampliación de la extradición a Chile.
Fujimori, de ancestros japoneses y de 83 años, cumple en Perú una condena de 25 años por dos matanzas perpetradas por un escuadrón de la muerte integrado por militares y por actos de corrupción durante su mandato.
También serán juzgados por este caso los exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, así como otro exfuncionario.
Se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.
El cuestionado programa buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales.
El 17 de marzo, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar a Fujimori, al restituirle un indulto otorgado en 2017 y luego anulado, pero su excarcelación fue bloqueada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El juicio por las esterilizaciones forzadas cuenta con 1.317 demandantes, comenzó en 2002 y ha sido archivado y reabierto varias veces.
Al exgobernante se le imputa haber emprendido este programa «sin tener en consideración una serie de factores como […] una infraestructura adecuada, el personal médico especializado […], lo cual devino en que se produjeran lesiones graves en una gran cantidad de mujeres», según la resolución de Littman, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio
En diciembre pasado, otro juez, Rafael Martínez, accedió a llevar a juicio a Fujimori por las esterilizaciones forzadas, pero indicó que primero era necesario que el Juzgado Liquidador pidiera la ampliación de la extradición a Chile.
Fujimori, de ancestros japoneses y de 83 años, cumple en Perú una condena de 25 años por dos matanzas perpetradas por un escuadrón de la muerte integrado por militares y por actos de corrupción durante su mandato.
También serán juzgados por este caso los exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, así como otro exfuncionario.
Se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.
El cuestionado programa buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales.
El 17 de marzo, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar a Fujimori, al restituirle un indulto otorgado en 2017 y luego anulado, pero su excarcelación fue bloqueada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.