La Convención Constitucional constituida en Chile para redactar una nueva Carta Magna sigue perdiendo apoyo entre la ciudadanía, según un sondeo que sitúa la confianza en este órgano en el nivel más bajo desde que echó a andar, algo que el propio presidente, Gabriel Boric, ha reconocido que le preocupa a cuatro meses y medio del referéndum.
El nivel de desconfianza en la Convención Constitucional ronda el 57 por ciento, mientras que el apoyo cae al 41 por ciento, según la Encuesta Plaza Pública Cadem, que por ahora se inclina también hacia el «no» al borrador. Un 46 por ciento de los encuestados ha anticipado que rechazará el plebiscito sobre la Carta Magna izquierdista, frente al 37 por ciento que dice «sí».
Boric ha reconocido que le preocupa la desafección hacia la nueva Carta Magna, mientras continúan las críticas al propio presidente. Según la encuesta, recogida por ‘El Mercurio’, el 53 por ciento de los chilenos cuestionan su gestión. Y un 62 por ciento cree que el país va por mal camino, once puntos más que hace algo más de un mes.
El proyecto de Carta Magna afirma que Chile es «un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico» e incluye normas para hacer inviable la producción asociada a la minería, los bosques, la pesca y la agricultura.
El nivel de desconfianza en la Convención Constitucional ronda el 57 por ciento, mientras que el apoyo cae al 41 por ciento, según la Encuesta Plaza Pública Cadem, que por ahora se inclina también hacia el «no» al borrador. Un 46 por ciento de los encuestados ha anticipado que rechazará el plebiscito sobre la Carta Magna izquierdista, frente al 37 por ciento que dice «sí».
Boric ha reconocido que le preocupa la desafección hacia la nueva Carta Magna, mientras continúan las críticas al propio presidente. Según la encuesta, recogida por ‘El Mercurio’, el 53 por ciento de los chilenos cuestionan su gestión. Y un 62 por ciento cree que el país va por mal camino, once puntos más que hace algo más de un mes.
El proyecto de Carta Magna afirma que Chile es «un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico» e incluye normas para hacer inviable la producción asociada a la minería, los bosques, la pesca y la agricultura.