Otras protestas masivas en Cuba son casi impensables desde ahora con el nuevo Código Penal aprobado por la Asamblea Nacional del régimen castrista. Cualquiera que manifieste descontento e informe sobre los abusos del sistema comunista en la isla pagará penas que van de tres años de cárcel a cadena perpetua.
La normativa que comenzará a regir en agosto –un mes después del aniversario de las protestas masivas del 11 de julio– penaliza los insultos contra altos funcionarios públicos e incluye 37 nuevos delitos, entre ellos, el de «desórdenes públicos producidos en grupos o individualmente».
La jornada para la aprobación del Código Penal resultó «intensa». Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro la custodiaron para cerciorarse de que todo aquel que «apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros» de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales también sienta el peso de la «ley». De esa forma, el castrismo intenta neutralizar a la disidencia, a la vez que se garantiza un marco «legal» para una mayor represión.
Una regresión
El documento señala que “protege el sistema político y estatal socialista del conjunto de acciones y actividades que se cometen contra el orden constitucional y con el propósito de crear un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad”.
Sin embargo, el nuevo Código Penal «es una regresión respecto al Código Penal vigente en dos puntos esenciales: criminaliza directamente el ejercicio de derechos que hasta ahora eran criminalizados oblicuamente por un lado y, por otro, va contra el concepto de intervención mínima que es la característica de los códigos penales, al menos en el hemisferio occidental. En un sentido clave es incluso inconstitucional porque se pone por encima de la Constitución, contradiciendo y negando en la ley misma derechos constitucionalmente reconocidos”, afirma Manuel Cuesta, coordinador de Arco Progresista y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba en entrevista concedida a La Nación.
A su juicio, “es evidente que es una respuesta autocrática al proceso de autodemocratización de la sociedad cubana de los últimos 20-25 años que alcanzó mayor intensidad en los últimos tres años y la mayor visibilidad y expansión en la revolución ciudadana del 11 y 12 de julio pasados. Es la reacción de un régimen de minoría a la creciente diversidad, pluralidad y autonomía ciudadana en la sociedad civil”.
Sin apoyo ciudadano
La interpretación de Cuesta en el medio argentino explicaría la exclusión de la opinión de los cubanos sobre el contenido de la normativa, considerado que el régimen no convocará a un referendo para la implementación como lo hizo con el Código de las Familias. Esta vez, la versión 26 del proyecto de Código Penal entrará en vigencia con la votación del parlamento comunista. Nadie en la isla podrá oponerse.
Sin embargo, el próximo 20 de mayo habrá una conferencia de prensa para presentar testimonios de las torturas psicológicas y físicas perpetradas por la dictadura cubana contra médicos y sus familias, incluidos menores de edad.
Fuente: Panampost