Por escribir esta nota, si el régimen en Cuba lo estima pertinente, me puede abrir un proceso y sancionarme hasta veinte años de cárcel, según la vigente Ley 88 aprobada en febrero de 1999. Por cobrar el pago de mis colaboraciones en Diario Las Américas, de acuerdo al nuevo Código Penal, puedo ser condenado a diez años de prisión.
Si en las redes sociales dejara este comentario: “Simplemente porque son enemigos de Estados Unidos, su enemigo, el régimen cubano apoya a una dictadura de opereta en Nicaragua, es aliado de una nación que transgrede los derechos de los homosexuales como Rusia y de un manicomio autocrático como Corea del Norte», el castigo puede variar, según quien lo juzgue, desde una multa de tres mil pesos, de acuerdo a la Ley 370, o tres años de sanción penal si me aplican la Ley 395.
Los colegas que editan en La Habana el periódico digital 14ymedio, además de aplicarle cualquiera de las leyes vigentes que intentan amordazar al periodismo independiente, pueden recibir una sanción auxiliar por ‘afectar la paz mundial’ o cualquiera de las necedades jurídicas implementadas para castigar la libertad de expresión en Cuba.
No me considero un héroe. Pero desde que comencé a escribir en diciembre de 1995 en la agencia de prensa independiente Cuba Press, dirigida por el formidable poeta y periodista Raúl Rivero, fallecido el 6 de noviembre de 2021 en Miami, asumo las consecuencias por mi forma de pensar.
Si algo nunca le ha faltado a los que se oponen al castrismo son leyes y sanciones que prometen largos años de prisión e incluso la pena de muerte.
Por tanto, el nuevo Código Penal, donde se amplían las regulaciones contra la disidencia, es más de lo mismo. Otro mensaje de ida y vuelta del régimen para avisarnos que vivimos al filo de la navaja. Que tenemos pocas opciones para defendernos. Si nos abren un proceso, ni el mejor abogado del mundo puede impedir que vayamos a la cárcel: las sanciones a los opositores son preestablecidas por el Estado.
Desde hace años decidí ser transparente. Mi opinión de que Cuba, más temprano que tarde, iniciará el camino hacia la democracia, siempre la he escrito y firmado con mi nombre y apellido en los medios digitales e impresos donde he publicado hace más de 25 años.
Soy un periodista incómodo. No tengo compromisos con ningún grupo opositor ni ninguna corriente política. Mi compromiso es con el periodismo. Reconozco que el nuevo Código Penal aprobado intimida a un sector de la oposición y del periodismo libre. Y ante la perspectiva de futuras sanciones penales deciden abandonar el país.
Cuando un opositor entra en el radar de la Seguridad del Estado, el acoso es bestial. La hostilidad de la policía política afecta a su familia, amigos y vecinos del barrio. Casi todos los activistas y reporteros que han abandonado el país fueron detenidos múltiples veces, sufrieron prisión y fueron acosados de innumerables formas.
Camila Acosta, periodista independiente, ha sido desalojada hasta ocho veces de la casa alquilada donde vivía, debido a la presión ejercida por la Seguridad del Estado a sus dueños. Luz Escobar ha sido obligada por la Seguridad del Estado a prisión domiciliaria forzosa en su propio hogar.
La represión en Cuba es constante. Por ello, opositores y periodistas se ha marchado de su patria o están preparando las maletas, en particular los más jóvenes.
Actualmente la oposición interna y el periodismo sin mordaza viven horas bajas. Cuando usted charla con cualquier disidente, te comenta sus planes de emigrar.
Como el programa de refugiados políticos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana no está funcionando hace varios años, los activistas trazan su itinerario como cualquier inmigrante irregular, intentando llegar a la frontera sur de Estados Unidos y allí solicitar asilo o cruzar de forma ilegal.
Recuerdo el caso de Ramón Arboláez, de Villa Clara, enfermo de cáncer, quien en 2016 huyó de Cuba con su esposa y dos hijos, hostigado por la policía política. Gracias a la gestión de Maite Luna, reportera de Miami y el seguimiento de Diario Las Américas, recibió una visa humanitaria después de haber estado dos meses varado en México.
El opositor José Daniel Ferrer, los artistas Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, llevan meses en prisión sin ser enjuiciados. A los cuatro el régimen les ha planteado cambiar la cárcel por el exilio. No lo han aceptado. La activista Anamely Ramos es víctima de destierro político en el siglo XXI.
Los disidentes en la Isla la tienen cada vez más difícil. Al igual que la inmensa mayoría de los cubanos, sufren la crisis económica, inflación en alza desabastecimiento generalizado. Tienen que hacer colas de horas para comprar un paquete de pollo o una bolsa de detergente. El estado de salud de varios veteranos opositores es frágil.
Juan González Febles, periodista independiente que el pasado 21 de mayo cumplió 72 años, padece de demencia senil e incontinencia urinaria. “Él y su esposa Ana Torricella, también periodista independiente, están pasando tremenda hambre”, me dice un amigo común. Febles y Luis Cino fundaron en noviembre de 2007 el periódico digital Primavera Digital, que tuvo también una edición impresa a partir de junio de 2021, con una tirada semanal.
En Cuba, los disidentes y periodistas independientes no cuentan con protección laboral, no tienen derecho a baja por enfermedad, a coger vacaciones ni tampoco a jubilarse. Un ejemplo es el de mi madre, Tania Quintero Antúnez, nacida en La Habana en 1942, y desde noviembre de 2003 reside en Suiza como refugiada política. En agosto de 1959, con solo 17 años, ella comenzó a trabajar. Cuando el 4 de abril de 1996, a los 54 años de edad, la expulsaron del ICRT, donde se desempeñaba como reportera de los Servicios Informativos de la Televisión Cubana, por haberse convertido en periodista independiente de Cuba Press, por la borda tiraron 37 años de trabajo en instituciones pertenecientes al Estado. No le pagaron ni un centavo de la jubilación a la cual por leyes nacionales e internacionales tenía derecho.
Algunos mueren en la indigencia. Vladimiro Roca, destacado opositor que en 1997, junto a Martha Beatriz, René Gómez Manzano y Félix Bonne Carcassés (en 2017 falleció de un infarto, ciego y olvidado), fue uno de los redactores de La Patria es de Todos, vendió la residencia que tenía en Nuevo Vedado y se mudó a un pequeño y caluroso apartamento. Con el dinero por la venta de la casa sufraga su vejez.
Luis Cino, 62 años, brillante articulista, vive al límite. Cuida a una tía enferma y mantiene a su familia con un salario que ronda los 15 mil pesos mensuales, pero debido a la creciente inflación apenas le alcanza para comer. “Si yo, que gano casi cuatro veces el salario promedio en Cuba, me las veo negra, imagínate aquéllos que ganan menos o sus pensiones son inferiores. Tengo amigos y vecinos que se acuestan sin comer”.
Ni la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), ni Reporteros sin Fronteras (RSF) disponen de presupuestos que permitan hacerle llegar estipendios o subsidios a periodistas que viven en regímenes dictatoriales, tienen que abandonar sus países porque sus vidas corren peligro o por sus edades o problemas de salud han dejado de escribir.
Hace unos años, en Estados Unidos funcionaba un programa, a cargo de exiliados cubanos, que cada dos o tres meses enviaba paquetes de comida, aseo y medicamentos a los disidentes con más necesidades en Cuba. Por razones que desconozco fue abolido, ya no existe.
Debido a las penurias económicas y las amenazas constantes de ir encarcelados, opositores de más de 60 y 70 años están emigrando. “Es preferible estar en un Home en Miami que vivir sin saber qué vas comer en Cuba y con la Seguridad acosándote las veinticuatro horas”, confiesa un activista de Santiago de Cuba, que al residir lejos de La Habana, no es conocido. Muchos compatriotas en la diáspora, de su propio bolsillo, ayudan a disidentes en la Isla. Pero se necesita algo más que altruismo.