Las probabilidades de que el presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, pueda gobernar por decreto son altas. El contralor general, Jorge Bermúdez, lo propuso ante la Convención Constitucional para que el mandatario legisle sobre asuntos claves con discrecionalidad si la nueva constitución obtiene la mayoría de los votos en el plebiscito de salida de septiembre.
El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, respalda que Boric tenga potestad sobre «ciertas normas adecuatorias para no abultar la carga de trabajo que tendrá el Congreso en la adaptación de leyes», reseñó La Tercera.
Un comodín legal
La propuesta del contralor representa un comodín legal para el gobierno de Boric en medio de la coyuntura que podría enfrentar si el proyecto de nueva carta magna que elaboró la Convención Constitucional triunfa en el plebiscito del 4 de septiembre.
Sin embargo, estos votos de confianza excepcionales en los jefes de Estado para gobernar por decreto tienen pésimos historiales en la región. En Venezuela, Hugo Chávez legisló a través de una “habilitante” cuatro veces por periodos de hasta año y medio cada uno, y tras su muerte, su sucesor, Nicolás Maduro, lo ha hecho dos veces más.
Ambos –hasta 2015– promulgaron 211 normas para imponer el Estado socialista concebido por Chávez, donde las finanzas, sectores productivos de la economía, servicios públicos y fuerzas de seguridad sufrieron mutaciones en sus funciones y alcances. Y Maduro no ha parado. Desde octubre de 2020 tiene “plenos poderes extraordinarios” para firmar nuevos acuerdos petroleros con empresas nacionales, extranjeras y privadas. La «Ley Antibloqueo» aprobada por su ilegítima Asamblea Nacional le entrega «capacidades institucionales jurídicas» para buscar ayuda ante las sanciones de Estados Unidos.
El Mercurio alerta sobre ello en su editorial indicando que el mecanismo sólo es una «fórmula que repugna a los principios de una democracia fundada en la división de poderes», mientras que el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se pregunta en Twitter qué habría pasado si hubiese sido él quien propusiera gobernar por decreto.
Aliado de Boric
El contralor parece ajeno a las repercusiones y le abre las puertas con simpatía a la idea de que Boric pueda gobernar por decreto. Está «satisfecho» del perfil que tiene su despacho en el nuevo texto, dejando a un lado que el Poder Legislativo y el Judicial corren el riesgo de ser desconfigurados con la desaparición del Senado e implementación de sistemas de justicia distintos.
Bermúdez ignora o esquiva el contexto general porque tiene vínculos que lo unen con el Frente Amplio de Gabriel Boric. Según una fuente de El Líbero, “ideológicamente” está muy cerca de las convicciones de la coalición del presidente.
En su círculo hay evidencias. La Secretaría Técnica de la Convención Constitucional está a cargo del hermano del contralor, Rodrigo Bermúdez Soto, quien ha tenido bajo su potestad la elaboración del cronograma de funcionamiento de la Constituyente.
Además, el medio revela que el jefe de la división jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic Verdugo, es hermano del diputado Vlado Mirosevic, dirigente del Partido Liberal, tolda hasta ahora aliada del oficialismo y que además integró el Frente Amplio hasta diciembre de 2020. Para el catedrático chileno Pedro Hernández, la «politización destruye a la Contraloría».
En jaque
Los senadores electos el año pasado están en jaque. La duración de sus mandatos también forma parte de la discusión que transcurre en la Comisión de Normas Transitorias que decidirá cómo y cuándo comenzaría a regir el nuevo marco. La convencional Constanza Hube, cuestiona en Radio Cooperativa que el periodo finalicé anticipadamente, pero afirma que «se presentó casi una nueva constitución en normas transitorias con 302 artículos y los temas que se rechazaron en lo permanente se están tratando de reponer en lo transitorio. Temas que son inadmisibles se pusieron igual». Este miércoles se sabrá cuáles pasaron los filtros.
Fuente: Panampost