Este 29 de mayo —o en segunda vuelta, el 19 de junio— 39 millones de colombianos podrán elegir un nuevo presidente. Los retos son inmensos porque los problemas por resolver no tienen parangón en la historia del país.
Gobernabilidad democrática, pobreza, inflación, violencia, Acuerdo de Paz, reforma del sistema de pensiones, inmigración venezolana y medio ambiente son algunas de las mayores tareas que el presidente que asuma el 7 de agosto deberá atender y resolver, o por lo menos no dejar empeorar.
«El primer desafío que enfrentará el próximo presidente es la gobernabilidad democrática», dice a DW el constitucionalista Rodrigo Uprimny, quien considera que, en general, hay siete grandes retos con sus respectivas tareas por hacer.
La polarización de la campaña electoral hace temer que, si cualquiera de los dos candidatos de los polos de izquierda o derecha, Gustavo Petro o Federico Gutiérrez, gana las elecciones, va a haber acusaciones de «fraude». «Aparte de las debilidades del sistema electoral, hay un congreso pluripartidista que, en principio, es bueno en un sistema parlamentario, porque obliga a un Gobierno al consenso. Pero, en un régimen presidencial como el colombiano, genera problemas de gobernabilidad y la posibilidad de que la oposición no sea muy leal a la democracia», teme Uprimny.
Por ello, para Uprimny, «la primera tarea será construir y lograr una gobernabilidad respetuosa de la democracia y del Estado de Derecho, porque existe el riesgo de que su fracaso le podría abrir la puerta a tentaciones autoritarias».
Acuerdo de Paz, seguridad y violencia paramilitar
Por su parte, Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto Arnold Bergstraesser (ABI), especializado en estudios transregionales, resalta, en entrevista con DW, «la situación del Acuerdo de Paz y el incremento de la violencia». Un punto que, según García Pinzón, tiene que ver con el deterioro de la seguridad, del cual «la muestra más clara fue el paro armado de paramilitares en este mes de mayo, impulsado por el llamado Plan del Golfo o Autodefensas de Colombia».
El crecimiento de la violencia de grupos armados tiene que ver, según la politóloga colombiana, «con una política de seguridad que sigue anquilosada en lo que era el conflicto con las FARC, y que solo busca eliminar a los cabecillas; lo que no resuelve el problema». Para la experta en seguridad y defensa, esta estrategia «lleva a más fragmentación y no atiende los problemas de la gente en el terreno».
En 2018, cuando Iván Duque asumió la presidencia, Colombia registraba la tasa de homicidios más baja de la historia. «Todo eso se deterioró en estos cuatro años, en donde el Gobierno ni implementó ni rompió el Acuerdo de Paz, ni tuvo políticas de seguridad claras ni ha sabido manejar la fuerza pública, permitiendo así el surgimiento de nuevas organizaciones armadas como la nueva Marquetalia, las disidencias de las FARC y el fortalecimiento de las existentes en los territorios como el Clan del Golfo y otras organizaciones herederas del paramilitarismo y el ELN», recuerda Rodrigo Umprimny, máster en sociología jurídica de la Universidad de París II.
Factor de alto riesgo: la politización de las fuerzas militares
García Pinzón resalta, además, «las violaciones a los derechos humanos, y los asesinatos de civiles en operativos militares y policiales, incluyendo menores de edad». A lo que Rodrigo Uprimny agrega que «la policía está totalmente sin control, como lo demuestran la represión violenta del estallido social y las declaraciones vociferantes del comandante del Ejército, Eduardo E. Zapateiro, contra el candidato de la oposición, Gustavo Petro». Con lo que otro de los desafíos enormes va a ser «la definición y ejecución de una nueva política de seguridad para enfrentar a la criminalidad organizada y el incremento de los homicidios con una fuerza pública, en parte, descontrolada y politizada», apunta Uprimny.
Atado a lo anterior, está la implementación del Acuerdo de Paz, y «la necesidad de volver a darle un impulso», enfatiza la investigadora del ABI, asociado a la Universidad de Freiburg.
El próximo presidente recibe un Acuerdo de Paz parcialmente implementado, pero con «elementos irreversibles como los del sistema de verdad, justicia y reparación», explica Uprimny, quien destaca que, a pesar de los obstáculos, «la JEP avanza y revela o documenta atrocidades tanto de las FARCcomo de la fuerza pública».
¿Qué puede y debe hacer el próximo presidente con una paz a medias? «El desafío será recuperar sus elementos transformadores en la Reforma Rural integral, la profundización de la transición política y retomar una nueva política frente a los cultivos ilícitos, centrada más en la sustitución que en la erradicación forzada», concluye el jurista y sociólogo colombiano.
¿Hora de hacer la paz y la justicia con el ELN?
El futuro Gobierno tendría, además, que «buscar activamente una negociación con los actores armados más políticos como el ELN, y un sometimiento a la justicia con los demás», considera Uprimny, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Colombia vivió en 2021 un estallido social sin precedentes que si bien fue exacerbado por la pandemia, ya venía cocinándose desde 2019. La pobreza monetaria —referida a personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales— subió al 42,5 por ciento. Así que el número de pobres pasó del 17,4 a 21 millones y, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 70 por ciento de los colombianos está hoy en riesgo de caer en la pobreza.
Desequilibrio entre economía y agenda social
Detrás del delicado logro de la gobernabilidad democrática, el profesor Uprimny considera que el siguiente reto a atender es el de «las tensiones entre los fuertes desequilibrios macroeconómicos y la necesidad de una vigorosa agenda social». Una tarea prioritaria, puesto que «Colombia está enfrentando una de las inflaciones más altas de los últimos 25 años y uno de los déficits fiscales más altos de la historia, debido a la recesión de la pandemia. Además, hay un Banco de la República independiente, que tiene que evitar la inflación».
Los expertos coinciden en que Colombia tiene uno de los peores sistemas de pensiones del mundo, que consume el 25 por ciento del presupuesto anual del Estado. Por lo que «una reforma pensional no da espera, tampoco una tributaria y otra política, incluyendo al sistema electoral; y una territorial, debido a que Colombia tiene unos problemas de gobernanza muy complejos», enumera Uprimny.
Cuando los corruptos ganan, pierde la democracia
Incluso en tiempos en los que las FARC sitiaban pueblos, muchos colombianos consideraban que la corrupción era un mal peor. Y justo «la corrupción, y la consiguiente pérdida de confianza en las instituciones, han aumentado bajo la presente administración», apunta la politóloga García Pinzón, del Instituto Arnold Bergstraesser, quien considera que «uno de los mayores retos será recuperar la confianza en la democracia, ante el deterioro del sistema de pesos y contrapesos que ha impulsado Iván Duque, cooptando instituciones clave como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría».
La migración venezolana no es el último reto de la larga lista de tareas que tendrá que desarrollar el próximo presidente de Colombia. «¿Cómo preservar los elementos más progresistas de la política de Duque en materia de migración y, al mismo tiempo, manejar de manera distinta las relaciones con Venezuela, evitando las reacciones xenófobas?», es una gran interrogante para Rodrigo Uprimny Yepes.
Sorprendentemente, la migración de más de dos millones de ciudadanos venezolanos a Colombia no ha sido uno de los temas prioritarios de la actual campaña electoral, por lo que a los analistas les preocupa que «Colombia, a pesar del esfuerzo de registro, esté aún viendo la migración como un problema y no como una oportunidad».
La bitácora migratoria de la Universidad del Rosario de Colombia identificó 10 puntos por mejorar, entre los que destaca el segundo: «El próximo 28 de mayo, un día antes de la primera vuelta a presidenciales, se cierra el Registro Único de Migrantes Venezolanos, para aquellos ciudadanos que estaban en territorio colombiano hasta antes del 31 de enero de 2021. Todos los que ingresaron después de esa fecha, quedarían por fuera de la dinámica de regularización», explica a DW, el politólogo Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Un «carnet» para los venezolanos y la falta de voluntad política
Hasta el 21 de mayo, 2.260.507 venezolanos habían iniciado el proceso de regularización y se habían entregado 939.768 Permisos de Protección Temporal (PPT).
Pero, en la práctica, el PPT, expedido a 10 años, está teniendo grandes problemas técnicos que dificultan su aceptación por parte de empresas y bancos. Los problemas han sido tan grandes que algunos venezolanos han desechado el documento por considerarlo «una barrera y no una puerta al mercado laboral colombiano». El mismo presidente Iván Duque habla del PTT como un «carnet».
De estos problemas surge una tarea urgente para la integración de los refugiados y migrantes en Colombia y el éxito del programa de regularización. Por lo que Ronal Rodríguez concluye que «el próximo Gobierno deberá convertir este documento en una dinámica muchísimo más apropiada. Lo que implica mayor voluntad política para que deje de ser temporal y ofrezca una verdadera seguridad a largo plazo».
Cerrejón, Colombia, la mayor mina de carbón mineral de América Latina
Por último, los desafíos ambientales de Colombia bajo la próxima presidencia siguen siendo prácticamente los mismos del comienzo del actual Gobierno: «Luchar contra la deforestación y proteger a los líderes ambientales, sociales e indígenas», según la ONG Dejusticia. Y a ellos se suma la toma de una decisión crucial: ¿se baja o no Colombia de la explotación de carbón y petróleo, que ha generado una crisis energética mundial en estos tiempos de guerra de Rusia contra Ucrania?
Fuente: DW