Asamblea Nacional de Nicaragua cancela otras 100 ONG

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves la cancelación de otras 100 ONG en el marco de una campaña represiva del régimen de Daniel Ortega amparada en una ley aprobada el pasado mes de abril en Nicaragua, por lo que el total de organizaciones vetadas asciende ya a 741 en lo que va de año.
De esta forma, la Asamblea dio dado «luz verde» a la medida con 75 votos a favor de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 16 abstenciones y ningún voto en contra.
La propuesta fue presentada por el diputado Filiberto Rodríguez, quien registró el pasado 22 de junio un proyecto de decreto que finalmente ha sido aprobado y que cancela a diferentes organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta.
Rodríguez explicó, en su momento, que estas ONG no presentaron sus estados financieros, tampoco informaron de quiénes integran sus juntas directivas, de las donaciones previas provenientes del exterior, documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y no cumplieron con la inscripción como «agentes extranjeros».
«Hay una serie de asociaciones, fundaciones, que tienen hasta nueve o diez años sin poner al día sus obligaciones. La realidad es que todas las organizaciones (cuya) personalidad jurídica (fue cancelada) es por incumplimiento reiterado año tras año», precisó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
En cuanto a la Asociación Misioneras de la Caridad, la publicación Aleteia denunció el pasado 18 de junio que fueron clausuradas las obras de caridad de dicha organización después de más de cuarenta años de servicio a los más pobres «como parte de la intensa cacería que ha emprendido el régimen en contra de la Iglesia católica por considerarla opositora y golpista».
También están en la lista la Asociación Misioneras de la Caridad, Fundación para el Desarrollo Integral del Río San Juan, la Asociación Instituto de Mediación Laboral, la Asociación Nicaragüense de Apoyo a Pequeños Agricultores, la Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos o la Fundación Nicaragua Aid Fundation.
A la lista, no obstante, hay que restar una organización –la propuesta en un principio fue la cancelación de 101 organizaciones civiles– que ha sido retirada finalmente.
Las afectadas son asociaciones y organismos civiles de todo tipo: agropecuarias, medioambientales, de apoyo a la juventud, desarrollo comunitario, religiosas, médicas, labores de caridad, Derechos Humanos o atención a la infancia.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley en abril que endurece el control del régimen sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.
La Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación, en quien recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos. La medida afecta también a las ONG internacionales, según la propia Asamblea.
El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del régimen de Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.