En Chile, la tensión en el sur del país no da respiro al Gobierno de Gabriel Boric. Los hechos de violencia por parte de indígenas radicalizados tuvieron por consecuencia que el miércoles (29.06.2022), el Parlamento chileno votara a favor de la cuarta extensión del estado de excepción en la región de La Araucanía, y en las provincias de Arauco y del Biobio.
El pueblo originario mapuche reclama al Estado chileno tierras que consideran ancestrales y que han sido entregadas a empresas de explotación forestal y agrícola. A pesar de que el Gobierno de Boric anunció en mayo un amplio plan de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la violencia no cesa.
A nivel político, «esto es obviamente una señal de que la estrategia de ‘pura zanahoria y cero garrote’ no funciona”, dijo a DW Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Santiago de Chile. «Este nuevo elenco de izquierda joven que lidera el presidente Boric siempre fue muy crítico de las estrategias represivas de los gobiernos anteriores, tanto de la concertación como de la derecha, y apostó a un enfoque de diálogo en la zona sur”. Sin embargo, «ahora se ve obligado a recurrir a esas mismas herramientas”, añadió Bellolio, si bien no planea una mayor militarización, a pesar de los pedidos de parlamentarios de la derecha y la ultraderecha.
Estado de excepción, señal contra la inseguridad en Chile
Para Bellolio, la señal política de esta extensión del estado de emergencia «es un mensaje a la opinión pública de que el Gobierno ya no es ingenuo, y que entiende que, a veces, por más que duela, hay que imponer el Estado de derecho por la fuerza”. La gente «necesita vivir con una sensación de orden público y seguridad”, subraya. Sobre todo en este momento, ya que Chile se enfrenta a un aumento de la criminalidad en la frontera norte y a la aparición de un «sicariato” relacionado con el narcotráfico, que comete homicidios perpetrados con una violencia inusual en el país sudamericano.
Según el historiador y politólogo Máximo Quitral, de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, la forma en que las autoridades reaccionan ante el llamado «conflicto mapuche” no es un problema solo de un gobierno, sino ya un problema de Estado. «La agenda política es represora y no busca acercar posiciones para entender cuál es la propuesta y la visión de los grupos más radicalizados de la zona, que no confían en el Estado”, explica. Para que exista un diálogo, dice, es necesario que el Estado entienda que la presencia de las grandes compañías de explotación forestal, que solo se centran en «maximizar las ganancias y acumular riqueza”, aunque eso debilite el ecosistema, va en contra de la cosmovisión mapuche. Y asegura que «los mapuches han hecho un petitorio al respecto, y no solo a este gobierno, que, lamentablemente, ha sido desconocido por las autoridades”.
Ese análisis se contrapone al de Cristóbal Bellolio: «Es importante que se entienda que nunca antes el Estado chileno ha hecho un esfuerzo como el que está haciendo ahora con la Convención Constitucional para construir un nuevo trato con los pueblos indígenas”. Si la violencia no para, «habrá que actuar con todo el rigor de la ley”, subraya.