Siete fundos propiedad de empresas forestales en Chile están en manos de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM) —organización armada de los mapuches— como parte de “un proceso de recuperación territorial” de 5000 hectáreas. La toma violenta de los predios arrastra al gobierno del presidente izquierdista, Gabriel Boric, a un caos político por los presuntos vínculos de esta agrupación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Partido Comunista de Chile (PC), una de sus toldas aliadas.
Según un reporte de El Líbero, las FARC entrenó como paramilitares a miembros de la CAM, liderada por Héctor Llaitul, tras la supuesta mediación que Manuel Olate, un dirigente del Partido Comunista chileno, efectuó ante la guerrilla colombiana no sólo a través de correos electrónicos intercambiados con Raúl Reyes, sino con visitas presenciales al campamento del insurgente.
El medio destaca que Olate se encontraba junto a Reyes durante la operación Fénix donde este fue abatido por autoridades colombianas. Ahora, la radicalización de las “acciones de autodefensa” de los mapuches en los fundos —Chequen y Santa Marina de Forestal Mininco, fundo San José de Trintre de Forestal Arauco, Santa María y Santa Guillermina de Forestal Cautín, El tesoro de Forestal Comaco y el fundo El Porvenir— reaviva la polémica sobre este entramado.
Relaciones peligrosas
“Los vínculos entre la CAM, las FARC y el PC son claros. De hecho, Héctor Llaitul perteneció en su momento al Frente Patriótico Manuel Rodríguez que fue el brazo armado del Partido Comunista en la época de la dictadura de Pinochet”, afirmó Patricio Gajardo, profesor asociado de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de Chile y la Universidad San Sebastián, en entrevista con PanAm Post.
El resultado del triángulo está a la vista. A Boric le ha costado castigar las operaciones armadas y violentas de los mapuches. Su vaguedad para ello es obvia. Al arribar a La Moneda derogó el Estado Emergencia en la Macrozona Sur que —abarca Bío Bío, Arauco, Malleco, la región de Los Lagos y la región de Los Ríos— vociferando que no usaría a las Fuerzas Armadas para abordar las demandas étnicas. Dos meses después, los asesinatos y ataques aumentaron más de 160 % y debió recular.
Las contradicciones del mandatario tienen explicación. Gajardo revela que “los titubeos responden a problemas internos entre las dos almas del Gobierno que representan, por un lado, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son muy de izquierda y que se oponen frecuentemente a todo lo que significa involucrar a la Fuerza Armada en el orden público y por otro, el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD) y algún sector de la Democracia Cristiana —que está dividido porque formalmente apoya a Boric pero no es parte del gobierno— que representan una segunda línea de apoyo que apuesta por reestablecer el orden público. Ellos participaron en las en los gobiernos de la concertación durante los últimos 30 años. Son partidos que tienen la experiencia en materia de administración que a Boric le falta”.
Un problema hondo
Con las fuerzas políticas remando en dirección contraria, Gajardo recalca que “esto no es ya un conflicto de mapuches sino que también un conflicto interno dentro del propio gobierno”.
Un conflicto que se enreda aún más con la activación de un Comité Mapuche por el Apruebo, que reúne a cinco organizaciones de la Región Metropolitana —la Plataforma Política Mapuche, Foliche Aflaiai de Peñalolén, Warriache Kolilleo de San Bernardo, Weftun Mapu de Puente Alto y Trawun Puente Alto— a favor del proyecto constitucional que cuenta con el respaldo de La Moneda.
Estos frentes creen que con la nueva Constitución avanzarán de “forma gradual” en solución del conflicto. Pero no es tan fácil. La CAM y los grupos radicalizados que utilizan la violencia no están de acuerdo con la nueva Constitución ni con el diálogo que les propone Boric. Dicen que la Convención Constitucional no los representa, que el Estado plurinacional —previsto en el proyecto— no es lo que demandan sino una independencia del territorio Wallmapu que involucra a Chile y Argentina y se extiende hasta el Atlántico.
Una Constituyente preocupante
La discusión y elaboración de una nueva Constitución en Chile agravó el conflicto mapuche. Patricio Gajardo, también especializado en Estudios Políticos Latinoamericanos en la Universidad de Brasilia, insiste en que “si el proyecto constitucional que será plebiscitado el 4 de septiembre llega a ser aprobado, la CAM, tendría la plurinacionalidad como respaldo constitucional de sus demandas de territorio. Lo que está haciendo ahora es anticiparse a la toma de territorios porque si la opción del Apruebo fracasa esas demandas ya estarían en proceso”.
Gajardo descarta que la CAM se convierta en una nueva guerrilla en América Latina por operar en una zona lluviosa, boscosa y relativamente rodeada de urbanidad pero “lo más probable es que se produzcan actividades terroristas que incluso enfrenten a personajes dentro las grandes ciudades porque no hay límites definidos en la Constitución sobre cuál sería el territorio que se les iría entregando a los mapuches y a los pueblos originarios”.
Además, la creación de un sistema judicial para los denominados pueblos originarios paralelo al sistema de justicia ordinario, que le otorgará una legalidad al derecho mapuche sustentado básicamente sus costumbres y valores, implicará entrar en una “contradicción entre grupos que no aceptan el marco normativo del Estado de Chile, porque su demanda va mucho más allá de lo que consiente la nueva Constitución y lo que las autoridades pueden ofrecer”.
Es grave cuando sólo el 12 % de la población —alrededor de 1,3 millones de habitantes— se reconoce como parte de los pueblos originarios, mientras los demás —cerca de 18 millones— se asumen mestizos. Es decir, sienten una clara identidad como chileno.
Una salida
Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, exhorta a acelerar el proyecto de ley que castiga el robo de madera, “tal vez se debiera evaluar una suerte de segundo turno legislativo, que las autoridades de gobierno redoblen sus esfuerzos en poder poner en el parlamento iniciativas concretas para impedir el robo de madera y para castigar la usurpación de tierras, que son delitos que hoy tienen una penalidad muy baja”.
Si Boric y sus bancadas estiman que el proyecto que está en el Senado tramitándose, de usurpación, no es suficiente, los exhorta a plantear una indicación sustitutiva completa para que a la brevedad haya una herramienta legal que permite liberar y desatar las manos de la Fiscalía y de las policías para perseguir esta materia. De lo contrario, el caos mandará.
Fuente: Panam Post.