En vísperas de la difusión de la inflación de julio, que promete ser la tasa mensual más alta en 20 años, trabajadores precarios y desempleados pertenecientes a combativas organizaciones sociales se manifestaban el miércoles en Argentina, en reclamo de mejores ingresos y ayudas estatales.
Miles de manifestantes se concentraron en distintas avenidas de la ciudad para dirigirse a la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa de Gobierno y amenazan con acampar hasta que los reciba el ministro de Economía, Sergio Massa. El funcionario asumió hace una semana en un intento del presidente Alberto Fernández de enderezar la economía y combatir la suba de los precios -particularmente la de alimentos- que está agudizando la pobreza que ya afecta a cerca de 40% de la población de unos 47 millones de habitantes.
Consultoras económicas coinciden en señalar que la inflación de julio -que el jueves dará a conocer el gobierno- sería de en torno a 7,% en comparación con el mes anterior. Según los últimos datos oficiales de junio, la suba de precios fue de 5,3% mientras que la tasa interanual escaló a 64%, lo que sitúa a Argentina como uno de los países con mayor inflación en el mundo.
Los integrantes de las tres columnas de la Unidad Piquetera amenazan con instalarse en Plaza de Mayo por 24 horas al menos hasta obtener una rápida respuesta del ministro de Economía por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, tanto del sector informal como el de la economía formal. Las conformaban manifestantes que marchaban en fila y ordenadamente con pancartas del Polo Obrero y del Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otras agrupaciones, algunos portando tiendas para acampar y junto a niños de corta edad.
Gabriela De la Rosa, del Polo Obrero y quien se juntó con otros compañeros en una avenida, dijo que está sufriendo la aceleración de los precios. “A pesar de que estamos en Argentina, dejé de comer carne roja (vacuna) como otras muchas personas.. No es conveniente, es mejor la de pollo, y a veces la suprema de pollo, el corte más popular, lo cambiamos por fideos”, dijo a The Associated Press.
De la Rosa, de 32 años y quien trabaja en comedores populares que alimentan a personas de muy bajos ingresos, dijo que ha dejado prácticamente de comprar ropa en este invierno austral porque los precios se han ido por las nubes y usa algunas de su madre, como abrigos.
“También estoy restringiendo las salidas y me reúno con mis amigos en casas, capaz una vez al mes vamos a un boliche (bar)”, agregó. Por el trabajo que realiza en el comedor en el marco de un programa de ayuda del gobierno, la mujer cobra 22.700 pesos mensuales (unos 162 dólares), la mitad del salario mínimo.
El gobierno reconoce que la inflación de julio y agosto va a ser un “shock”, pero destaca que la actividad económica ha mejorado.
La protesta cuestiona el “ajuste” que se perpetúa con el nuevo ministro de Economía por los aumentos de tarifas aprobados en el transporte público y en los servicios de gas y luz.
Los dirigentes de estas organizaciones sostienen que Massa mantiene las políticas atadas al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el gobierno refinancia una deuda de unos 45.000 millones de dólares que está conllevando una reducción del gasto público.
Uno de los reclamos es que el gobierno mejore la calidad de los alimentos que suministra a los comedores debido a que contienen cada vez menos proteínas. También que asegure ingresos extras -como bonos- para desempleados y trabajadores que realizan tareas precarias en el sector informal y también para los que integran el sector formal de la economía que no llegan a fin de mes.
El ministro de Trabajo Claudio Moroni destacó la “voluntad de diálogo del gobierno para llegar a un acuerdo con todos los sectores” y señaló que “no descarta ninguna herramienta” para mejorar el poder adquisitivo de los salarios, que son actualizados periódicamente a causa de la inflación en negociaciones con los sindicatos. No corren la misma suerte los argentinos que realizan tareas precarias y no gozan de los derechos laborales de los trabajadores del sector formal.
Fuente: Diario las Américas.