Fraude electoral en el plebiscito en Chile ¿Amenaza real o estrategia política?

La transparencia en el resultado del plebiscito donde Chile votará para aprobar o rechazar la adopción de un nueva constitución comienza a generar dudas. En la organización Transparencia Internacional hay «preocupación» por las denuncias de presunto fraude que emergen a tres semanas de la contienda del 4 de septiembre. Pero la desconfianza se eleva cuando es ahora el propio presidente Gabriel Boric quien alerta sobre un «intento» de «deslegitimar» al órgano electoral con denuncias de «fraude», y además, adelanta responsabilidades. ¿A quién le interesa realmente este discurso?
En un comunicado, Transparencia Internacional advierte que es “peligroso instalar en el debate público la posibilidad de fraude como una mera estrategia electoral”. El intervencionismo del gobierno en la campaña del «Apruebo», comprobado en las acciones de su ministro de la Secretaría General, quien según la Contraloría vulneró el principio de prescindencia, fomenta la desconfianza.
“La enorme maquinaria del gobierno de Gabriel Boric va a hacer todo lo posible para robarse esta elección”, afirma el diputado republicano Gonzalo de la Carrera.
El posicionamiento en las encuestas de la opción del «Rechazo» sobre el «Apruebo» (46 % contra 38 %, según el último sondeo de CADEM) y el despliegue de una campaña informativa con aparente trasfondo proselitista desde La Moneda, incendian el panorama.
Sin embargo, Juan Manuel Fuenzalida, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en declaraciones ofrecidas a PanAm Post admitió que la irrupción de estos cuestionamientos “afecta al proceso porque comienzan a generar mantos de dudas a través de las redes sobre un sistema que no es perfecto pero si perfectible”.
Órgano electoral acumula cuestionamientos
El Servicio Electoral (Servel) en medio de la tensión por el plebiscito también alimenta los cuestionamientos con el cambio de locales de votación para esta jornada, alegando “geolocalización”, la aparición de difuntos en el padrón electoral, la designación de hermanos como vocales de la misma mesa y la contratación de los servicios de la empresa Adexus, vinculada a Odebrecht en Perú.
El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, justifica las disposiciones del ente. Sobre la reubicación de los electores señala que la ley obliga a implementar la georreferenciación para asignar el centro de votación más cercano al domicilio. En este proceso, a 68 % de la población se le aplicó esta medida. En las zonas urbanas ronda el 75 % y en las rurales el 41 %.
El problema en esta geolocalización es que existen votantes cuyo domicilio electoral registrado no se corresponde con el actual. Ahora, la aparición de fallecidos es polémica. La habilitación de un elector llamado Bartolo Pichuluan, nacido en 1896, para sufragar en Carahue junto a 780 detenidos desaparecidos en el padrón agita las controversias. Tagle atribuye la irregularidad a la automatización del Registro Civil, donde además se suma que hay chilenos que murieron en el extranjero y sus familias aún no gestionan el acta de defunción en Chile.
Sobre esta situación, Fuenzalida subraya que “obviamente se tienen que solucionar y hay que estar atentos”. Aunque confía en el sistema, reconoce que “todo proceso no es perfecto, pero hay que estar encima de ciertas cosas que se pueden evitar”.
Una empresa vinculada a Odebrecht
Adexus es la compañía de software y de data center que estará a cargo de la plataforma electoral que usará Chile para el plebiscito. Esta empresa era subsidiaria de la firma peruana Aenza (antes llamada Graña y Montero) involucrada en el caso Odebrecht. Sus directores, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, fueron arrestados en 2017 por pagar sobornos a la transnacional. Ahora, su contratación por 1.199 millones de pesos –que incluye una cláusula de confidencialidad y no divulgación– también agita las críticas, considerando que la adjudicación se produjo en marzo y aún existía el vínculo comercial entre ambas.
La compañía incluso ya facturó otros 772 millones de pesos por el desarrollo de software del referendo constitucional de octubre del año pasado. Según BNaméricas, Adexus “consolida servidores y almacenamiento en el centro de datos que opera en Santiago en una superficie que abarca aproximadamente 1.000 metros cuadrados”.
Para ello, contrató al grupo estadounidense HP, proveedor de soluciones de hiperconvergencia. En Chile, la empresa tiene el 85 % de sus ingresos provenientes del modelo de servicios, es decir, de la tercerización en general, que son contratos de mayor plazo. El 15 % restante se relaciona con tecnología y aplicaciones, o con la venta de productos y soluciones de terceros. “Necesitamos testigos”, agrega Fuenzalida. Y serán vitales para vencer el fantasma del fraude electoral en el plebiscito del próximo 4 de septiembre en Chile.
Fuente: Panampost