Gustavo Petro decidió apresurar la reactivación de las relaciones formales con el régimen chavista. Tal como adelantara el Informe Otálvora del 12AGO22, la cancillería colombiana envió a Venezuela un grupo de funcionarios para realizar una completa revisión del estado de las instalaciones de la cancillería y de la residencia diplomática en Caracas, así como realizar los preparativos para la llegada del embajador y el personal diplomático y consular que ocupará los cargos. Pasando totalmente desapercibida, la misión colombiana de avanzada permaneció en Caracas por más de una semana. El 24AGO22 Petro juramentó a Armando Benedetti quien será su embajador ante Nicolas Maduro y quien estaría pronto a asumir sus funciones en Venezuela. Benedetti, un tránsfuga de la política colombiana, fue el encargado de coordinar la agenda del candidato Petro. En la cancillería colombiana están estructurando la plantilla de personal diplomático que acompañaría a Benedetti quien nunca ha ejercido funciones como diplomático.
La cancillería colombiana ya concedió el beneplácito a quien Maduro designó para abrir su embajada en Bogotá, Félix Plasencia.
Aparte de las formalidades para la reapertura de misiones diplomáticas, los dos gobiernos ya han estado negociando un tema de alto interés común: el control de Monómeros Colombo-Venezolanos, petroquímica localizada en Barranquilla y cuya propiedad accionaria total es del estado venezolano desde que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decidiera venderla al gobierno de Hugo Chávez en 2006. Actualmente la empresa está en manos de una directiva designada por el “gobierno provisional” de Juan Guaidó y opera internacionalmente gracias a una licencia concedida por el Departamento del Tesoro de EEUU que permite obviar las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana.
Los altos jerarcas del régimen chavista ven una vía para grandes negocios en la reapertura de las relaciones oficiales con Colombia. Y el gobierno Petro apuesta, sin mucho sustento real, a lograr impulso económico con exportaciones hacia Venezuela, bajar el precio de los alimentos por la hipotética reducción de costos de producción y obtener gas desde Venezuela. Maduro, como otras áreas críticas, puso en manos de los hermanos Jorge y Delsy Rodríguez el manejo de la reactivación con Colombia. Delsy Rodríguez dirige un “equipo especial” sobre Colombia y el designado como nuevo embajador en Bogotá es una ficha de los hermanos Rodríguez en la cancillería del régimen.
Según revelara Armando Benedetti el 18AGO22 en la ciudad fronteriza de Cúcuta, ya el gobierno Petro ha negociado con Maduro los pasos para la entrega de Monómeros al régimen chavista de Monómeros, el cambio de su junta directiva e incluso, ya habrían revisado los precios a los cuales la empresa vendería la producción de fertilizantes a Colombia. Temerosos que el Departamento del Tesoro reimponga sanciones a la empresa al nuevamente estar bajo control de Maduro, Benedetti dejó saber que está en conversaciones con el gobierno de EEUU para impedir que Monómeros reingrese a la lista de empresas sancionadas. Rápidamente se está armado un entramado de intereses políticos y comerciales entre el nuevo gobierno colombiano y la dictadura venezolana.
El gobierno de Argentina, en su condición de presidente de la CELAC, el organismo que reúne a todos los gobiernos del continente, con exclusión de EEUU y Canadá y autoexclusión de Brasil, realizó un evento para analizar “el futuro de la integración” continental. El encuentro ocurrió el 18AGO22 en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, llevaba el engañoso título de “Unidad en la diversidad” y fue organizado por la cancillería argentina.
En la lista de los convidados por el gobierno argentino como ponentes figuraron el presidente de México Andres Manuel López Obrador, los expresidentes José Pepe Mujica de Uruguay y Ernesto Samper Pizano de Colombia, el expresidente de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el operador internacional de Lula Da Silva y excanciller brasileño Celso Amorín, el senador chileno y exsecretario de la OEA José Miguel Insulza, la senadora mexicana Beatriz Paredes y el varias veces candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami. Todos ellos tienen algo en común: son miembros fundadores del Grupo de Puebla y uno de sus objetivos es la disolución de la OEA para su sustitución por la CELAC. Formalmente se trataba de un evento de la CELAC, pero en realidad fue diseñado y ejecutado por el Grupo de Puebla, organización partidista internacional de la cual el presidente argentino, Alberto Fernández, es uno de sus fundadores.
El evento habría sido financiado por la Corporación Andina de Fomento CAF ahora denominada Banco de Desarrollo de América Latina. De hecho, el Presidente Ejecutivo de CAF, el colombiano Sergio Díaz-Granados, formó parte activa del evento acompañado de otros altos funcionarios del organismo. El mecanismo multiestatal latinoamericano para financiamiento del desarrollo está ahora abiertamente jugando a favor del Grupo de Puebla. También intervino en el evento del Grupo de Puebla, el italo-argentino Mario Cimoli, quien está encargado de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, cargo que depende directamente de secretario general de la ONU.
La intervención del mexicano López Obrador en el evento del CELAC-Grupo de Puebla fue por medio de un video. AMLO reiteró su tesis según la cual Latinoamérica debe negociar con EEUU y Canadá un acuerdo económico en el cual el sur aportaría la mano de obra faltante en el norte. Pero EEUU y Canadá, según AMLO “tienen que cambiar la política de predominio, de hegemonía, de querer
intervenir en los asuntos internos de otras naciones”. Aseguró que su gobierno es “respetuoso de la autodeterminación de las naciones”, pero hacia el final de su intervención el mexicano dejó sin efecto sus propias palabras. AMLO optó por nuevamente involucrarse en la política interna de Brasil: “Le mando un saludo a Lula, le deseo lo mejor en la próxima contienda (…) dije cuando estuvo Lula en México que Lula va a ser como una bendición para el pueblo de Brasil”.
Pocos días después, AMLO y otros socios del Grupo de Puebla darían una nueva demostración de la coordinación de acciones de los gobiernos que controlan.
El 22AGO22 el fiscal argentino Diego Luciano presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Buenos Aires sus conclusiones sobre el proceso denominado “Causa Vialidad”, seguido a Cristina Kirchner y una decena de exfuncionarios y socios de la familia Kirchner acusados de corrupción. El proceso lleva tres años en el tribunal y ha incluido más de un centenar de audiencias en las cuales los acusados, incluyendo a Cristina Kirchner, tuvieron oportunidad de defenderse en declaraciones indagatorias.
Ante el tribunal formado por tres jueces, Luciano pidió penas de prisión entre tres y doce años de prisión para los trece encauzados. Cristina Kirchner, líder del peronismo kirchnerista, miembro de la izquierda VIP latinoamericana, exprimera dama, expresidenta de Argentina, exsenadora y actual vicepresidenta fue acusada de actuar como “jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada”.
El fiscal Luciano pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y pago prorrateado junto a los demás acusados de un monto que ascendería a más de US$ 1.000 millones. Se trata del estimado que la fiscalía hace de las pérdidas que el estado argentino tuvo a raíz de la asignación de obras públicas en la sureña Provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a su socio Lázaro Báez.
Otro de los señalados es el exministro de Planificación Nacional Julio de Vido quien ejerció como el enlace directo entre los Kirchner y Hugo Chávez para los negocios conjuntos. Luciano ha pedido al tribunal una condena de 10 años de prisión para De Vido dado su carácter de “organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta”.
Este proceso judicial contra Cristina Kirchner no está pronto a llegar a su final. Antes de la sentencia que deberá contar con mayoría de votos del tribunal colegiado, deberá cumplirse una etapa de presentación de alegatos en defensa por parte de los acusados o sus abogados. Este ciclo de audiencias podría extenderse por el resto del año 2022 y la sentencia del tribunal se estaría conociendo no antes del primer trimestre del año 2023.
En caso de una sentencia condenatoria por parte del tribunal, se abrirá un largo proceso de apelaciones ante la Cámara de Casación Penal y, en última instancia ante la Corte Suprema, por lo cual una sentencia definitiva podría esperar dos o tres años.
El encarcelamiento de Kirchner por la Causa Vialidad, su inhabilitación para ejercer cargos y el decomiso de dinero no ocurrirá en breve, por lo cual muy probablemente estará en condiciones de presentarse para las próximas elecciones argentinas previstas para el 29OCT23.
Pese a ese hecho, Kirchner ha desatado toda una campaña nacional e internacional denunciando al sistema judicial argentina y ha exigido que el gobierno presione al sistema de justicia. El propio presidente, en declaraciones a la TV ha insinuado que el fiscal de la causa podría “suicidarse”.
Alberto Fernández y miembros de su gabinete han publicado gruesos ataques contra la justicia de su propio país. «el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, reza un comunicado de la Presidencia de Argentina del 22AGO22. El comunicado agrega que el gobierno “expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”. La tesis de los aliados de Kirchner es que los procesos judiciales en su contra son «lawfare” que buscan impedir la participación política de dirigentes de izquierda. Es el mismo argumento esgrimido para obviar las evidencias de corrupción que han acompañado a los gobiernos de Lula das Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, por ejemplo.
El Grupo de Puebla emitió el 25AGO22 un comunicado denunciando “la persecución judicial” contra” Kirchner en medio de “una creciente judicialización de la política, correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial”. En realidad, el comunicado del Grupo de Puebla parecía describir a los sistemas judiciales de Cuba, Venezuela o Nicaragua y no el de Argentina. Entre los firmantes del texto aparecen tres miembros del entorno del actual gobierno colombiano: Ernesto Samper Pizano, la senadora Clara López (suele acusar de machismo a quienes narran sus acciones internacionales a nombre de Petro) y el parlamentario Iván Cepeda.
Además del pronunciamiento del Grupo de Puebla, Alberto Fernández envió a Luis Arce, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador un texto para ser suscrito oficialmente en su condición de jefes de Estado. Pese a declararse defensores de la no injerencia en asuntos de otros países, los tres mandatarios un dudaron en firmar una declaración por la cual manifestaron “más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner”. Agregaba Arce, Petro y López Obrador que “dicha persecución” tiene como objetivo apartarla “de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa,
con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”. Los tres mandatarios extranjeros incluso objetaron el proceso judicial argentino en cuanto a los plazos y cronogramas para la presentación de alegatos de defensa por parte de los procesados.
De esta manera Gustavo Petro borró toda duda que existiera sobre su filiación a la alianza castrochavista internacional y su coordinación política con el Grupo de Puebla.
El tema de la política del gobierno Petro hacia el narcotráfico y su inevitable impacto en la presencia militar de EEUU en Colombia amenaza con ser el detonante de un retroceso en las relaciones entre los dos países.
El gobierno de EEUU envió a Colombia una delegación encabezada por el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta. En la misión que llegó a Bogotá el 21AGO22 se encontraba el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado Todd D. Robinson y el Administrador Adjunto Principal de USAID Peter Natiello. Robinson es el diplomático estadounidense expulsado de Venezuela por la dictadura chavista el 22MAY18 cuando ejercía como jefe de la misión diplomática de EEUU en Caracas.
La agenda de la visita consistía en pasar revista a los acuerdos bilaterales a la luz de los anuncios que Petro ha hecho sobre el tratamiento que dará al narcotráfico y a las organizaciones narcoterroristas. EEUU mantiene su línea de financiar programas de asistencia al sector rural colombiano como parte de los esquemas para eliminación de cultivos y en respaldo al acuerdo de paz suscrito con las Farc, así como para proyectos de prevención y tratamiento a narcodependientes dentro de Colombia. Por ello la presencia del representante de USAID. El canciller colombiano Alvaro Leyva manifestó a los visitantes que el gobierno Petro se dispone a adelantar una política “holística” (palabra de moda en la Casa Blanca de Biden) y “compasiva” hacia el narcotráfico y aspira “alinear prioridades” con EEUU.
No extradición de capos del narcotráfico a EEUU, eliminación del uso de aspersión de glifosato para exterminar plantaciones de coca, restricciones en las operaciones militares (bombardeos) contra grupos irregulares, programas de reemplazo voluntario de narcocultivos son el listado de decisiones que el gobierno Petro anunció a la delegación de EEUU. Los enviados de Washington mostraron complacencia en cuanto a los programas de prevención y de “salud pública” internos pero fueron enfáticos sobre los cambios que se propone ejecutar Petro en materia de combate al narcotráfico, señalándole que deberán ser tratados por Colombia con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Estado de EEUU.
Por cierto. La delegación enviada por la Casa Blanca a Colombia también sostuvo una reunión de trabajo con el embajador James Story quien ejerce como jefe de la Unidad de Asuntos Venezolanos de EEUU con sede en Bogotá.
En Panamá comienza a cobrar cuerpo una estrategia de desestabilización política dirigida por un sindicalista asociado a la dictadura cubana. El acaudalado secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción de Panamá, Sául Mendez, está liderizando protestas contra el débil gobierno de Laurentino Cortizo. Analistas políticos panameños comienzan a ver en su país el patrón de conflictivización presenciado en Chile y Colombia previo a los procesos electorales. Panamá está en la mira del castrochavismo, ha afirmado el exembajador panameño en la OEA Guillermo Cochez.
Circula un nuevo libro sobre la Crisis de la Corbeta Caldas. “La historia secreta. Crisis en el Golfo de Venezuela contada por sus protagonistas” de Jesús Aveledo et al.
Se trata de una colección de textos de diversos autores con sus personales versiones de los hechos y, de material propio redactado por Aveledo a partir de numerosas entrevistas, con el cual reconstruye los principales momentos de lo que pudo convertirse en una conflagración militar entre Venezuela y Colombia en agosto de 1987. El padre de Jesus Aveledo, Jesús Aveledo Penso, ejercía como Comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela durante los eventos narrados. Aveledo hace especial hincapié en los aspectos castrenses de la crisis y en las versiones aportadas por oficiales activos en aquellos momentos.