LIMA.- Tras cumplir un año en el cargo sumido en inestabilidad y escándalos, el mandatario peruano izquierdista Pedro Castillo dio un giro a su estrategia política, intentando tomar la iniciativa en la agenda pública con discursos cargados de reivindicaciones sociales y revanchismo contra la vieja clase política peruana, más propio de un candidato a la presidencia que de un Jefe de Estado atribulado por seis investigaciones judiciales sobre presunta corrupción suya, de su círculo familiar y de colaboradores más cercanos.
Castillo, que apenas contesta preguntas de la prensa independiente en algunos actos públicos, ha vuelto a usar en su discurso los reclamos de justicia social que lo auparon a la presidencia, mientras desestima los expedientes judiciales que el Ministerio Público ha elaborado contra su esposa, Lilia Paredes, su cuñada Yenifer Paredes, y él mismo, por presuntamente encabezar una red de asignación de obras públicas a cambio de pagos ilegales en su favor, según la fiscalía.
“Mi esposa está dispuesta a esclarecer las acusaciones que han creado en su contra y de forma voluntaria, entregará su pasaporte.También se han ensañado contra mi hija Yenifer, a quien han alejado de nosotros y está pasando los peores momentos de su vida”, expuso Castillo en un twit, en alusión a la detención de su cuñada Yenifer, a quien él considera como su hija, y que según la Fiscalía es la lobista de la red de corrupción.
Y la prensa, uno de los objetivos favoritos de ataques verbales desde el Gobierno de Castillo, es acusada por el mandatario de formar parte de una campaña para desalojarlo del poder por su promesa de hacer justicia social en favor de millones de peruanos.
“Solo se preocupan en sacar por la gran pantalla en lo que nos equivocamos. Ojalá informaran sobre el trabajo que hace el Ejecutivo a favor de los ciudadanos del país y sobre las riquezas y tradiciones de nuestros pueblos milenarios”, publicó también en twitter el presidente Castillo.
“Hay un retorno a esa ambivalencia entre confrontación y búsqueda de populismo de manual clásico, de reivindicación popular”, explica a DIARIO LAS AMÉRICAS, Jeffrey Radzkinsky, consultor en Asuntos Públicos y Comunicación y director de GFP Grupo Fides Perú.
En otro Twitt Castillo dijo que «hemos ingresado 47 proyectos de ley al Congreso, la norma dice que cuando es del Ejecutivo tiene prioridad de debate y aprobación, pero priorizan su circo y agresiones», en un nuevo ataque al Parlamento, dominado por la oposición de derecha que ha intentado destituirlo en un par de ocasiones y donde se buscan cada día opciones para presentar una nueva moción de destitución.
Para Radzinsky, Castillo argumenta que hay “poderes hegemónicos, oligárquicos, que no le permiten gobernar. Es un discurso mucho más proselitista, donde muchas veces habla como candidato y no como presidente”.
¿Transición en el horizonte?
Esta audacia comunicacional, enfrentando a un Congreso muy desprestigiado, parece darle al menos un poco de aire a Castillo en cuanto al nivel de desaprobación de su gestión, que oscila entre 67% y 71% en agosto según encuestas de Ipsos, CPI y el Instituto de Estudios Peruano.
Este resultado es levemente mejor que el rechazo medido entre 71% y 75% que le daban las mismas encuestadoras en julio pasado. Sobre todo sorprende que Castillo consiguiera esa mejora en medio de la persecución policial a su hija, y de la declaración de la fiscalía, donde lo señalan a él y a su esposa como presuntos cabecillas de la red de corrupción.
Radzinsky subraya que “los discursos políticos tienen que entenderse en función del contexto, que está particularmente ligado al incremento de evidencia sobre hechos delictivos del entorno presidencial, que si bien ya venían mencionándose desde hace varios meses, han venido aumentado con elementos objetivos” sobre el proceso judicial.
El respaldo de Castillo se mantiene sobre 20% del electorado, y atizar el revanchismo “le permite cohesionar su núcleo más duro. De alguna manera se fortalece con este discurso populista, pero al final es un respaldo minoritario”, afirma el director de GFP Perú.
¿Hay formas institucionales de conducir el conflicto? Algunos sectores de la vida política plantean ya la necesidad de avanzar en una “transición” hacia elecciones generales. La semana pasada la Conferencia Episcopal Peruana afirmó que ante “el deterioro político y social y los alarmantes niveles de descomposición política, social, económica y mora (…) el consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente”.
Esta abierta declaración de los obispos peruanos plantea “buscar por medio de los cauces democráticos el restablecimiento de la gobernabilidad y la paz en nuestra patria, rechazando la violencia como medio de solución de conflictos”.
También los gobernadores de las provincias, reunidos en la Asamblea de Gobiernos Regionales, plantearon esta semana que se llame a un nuevo gabinete ministerial de consenso y ancha base, y que se estudie desde Ejecutivo y Legislativo la posibilidad de un adelanto de elecciones.
Sin embargo, en la alta polarización política lo que se espera es que las facciones de oposición intentarán reunir los votos necesarios para destituir a Castillo, tras los fracasos de vacancia pasados. Y las encuestas indican que dos tercios de los peruanos creen que el mandatario no terminará su período presidencial de cinco años hasta 2026, y que 61% piensa que el presidente “debería renunciar”.
Sin embargo, pese a que “hay inestabilidad, incompetencia y una corrupción cada vez más clara” en el gobierno de Castillo, opina Radzinsky, “hay la imposibilidad de encontrar alguna salida a la situación, porque tiene mecanismos de salvataje que impiden que deje el poder al haber consolidado votos en el Congreso para impedir su destitución”.
Aunado a esto ha habido errores en la oposición, que no ha sabido articularse para llevar adelante una estrategia que de una salida institucional, mientras por ejemplo el Congreso tiene entre la ciudadanía cotas de rechazo a su gestión superiores a 80%.
Patricia Zárate, investigadora principal del IEP, indica que “ante cada destape de serios indicios de corrupción, varios creen, o creían, que la ciudadanía saldría a las calles a pedir adelanto de elecciones, y si bien 42% cree que de adelantarse las elecciones nuestro país estaría mejor, 47% cree que seguiríamos igual o peor, especialmente los jóvenes, 51% de ellos cree que estaríamos igual o peor”.
Castillo, en una estrategia que algunos llaman “de supervivencia”, se ha movido a hacer convocatorias a colectivos y grupos sociales a actos de reconocimiento y apoyo en el propio Palacio de Gobierno en Lima, siempre añadiendo que sus puertas están abiertas para el pueblo, como lo indica su hashtags en redes sociales #SiempreConElPueblo.
Radzinsky valora estos actos como “convocatorias que dan mensaje de inclusión para los ‘excluidos de siempre’”.
Y al mismo tiempo advierte que “la torpeza de la oposición con ese tipo de actos es que no terminan en críticas programáticas sino con mensajes racistas o clasistas, precisamente el insumo para que Castillo siga victimizándose con esta prédica populista básica”.