Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta del país, ha sido sentada en el banquillo de los acusados por la justicia local. Pesa sobre ella el pedido por parte del fiscal de 12 años de prisión por corrupción en la obra pública durante su gobierno.
El caso en Argentina a nadie deja indiferente. Pero las valoraciones de los hechos difieren diametralmente. Tanto en la población en general, como entre los entrevistados consultados.
Para el jurista, sociólogo y profesor Roberto Gargarella, lo que está en juego en el proceso judicial en curso «es de enorme importancia”, sostiene en entrevista con DW.
Y continúa: «Porque nos ha permitido reconocer, de una manera fundada y articulada, el funcionamiento de una maquinaria de corrupción activada desde el vértice del Estado y por más de una década por los gobiernos kirchneristas”.
«El fiscal Luciani (a cargo de la investigación) ha hecho un gran e inusual aporte a la justicia argentina”, analiza el académico.
Para la doctora en ciencia política e investigadora María Esperanza Casullo, en cambio, lo que está en discusión en el actual juicio «es una cuestión eminentemente política: el futuro de Cristina Fernández de Kirchner, quien sigue siendo la principal líder del peronismo”, dice a DW.
Y se explaya relativizando lo actuado a nivel judicial: «La justicia argentina es un actor político, fuertemente enfrentado con el kirchnerismo, desde al menos el año 2009”.
En este sentido, desde las filas de la vicepresidenta se interpretan los acontecimientos en clave de intento de «proscripción” política de su líder.
«Creo que la decisión de inhabilitar políticamente de por vida a Cristina Fernández de Kirchner y a toda una camada de dirigentes del peronismo que están mencionados en la causa sería leída como un intento de proscripción”, admite Casullo.
«No hay que olvidar que el partido peronista fue prohibido durante 18 años en Argentina, y esto todavía pesa fuerte en la memoria colectiva”, contextualiza.
Existen, por cierto, también otras interpretaciones al respecto. «La idea de proscripción de la vicepresidenta en las próximas elecciones no va a darse por razones de tiempo”, asegura Gargarella. «Pero, además, sería la peor estrategia que podría impulsar un opositor, ya que sería darle una fortaleza y un atractivo que hoy la candidatura de la vicepresidenta no tiene”, completa.
«Más que proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, se busca eliminar a todo su espacio político, ya que representa a diversos intereses nacionales que son un obstáculo para la implantación de un modelo totalmente neoliberal, como el que se estableció en Chile con la dictadura de Pinochet. Se quiere reconfigurar, utilizando mecanismos judiciales, al sistema político argentino», analiza ante DW, por su parte, el licenciado en economía y magíster en relaciones internacionales Ricardo Aronskind.
Juicio y después
Ahora bien, ¿qué podría suceder en el país según el resultado del juicio?
«Este juicio es importante, y tendrá efectos políticos, pero no cambiará la situación por sí mismo, salvo que efectivamente la expresidenta vaya a la cárcel”, avizora la investigadora Casullo.
«Está en discusión en qué medida Argentina es un país democrático, o un país gobernado por una minoría de intereses económicos concentrados, locales y multinacionales que ya manejan a los medios, al poder judicial y que quieren eliminar el pluralismo en la política argentina», agrega Aronskind.
«Aun una sentencia definitiva ‘contra la corrupción’ no podrá terminar por sí sola con males que tienen causas históricas y estructurales demasiado profundas”, analiza, por su parte, Gargarella desde Buenos Aires.
El veredicto de la opinión pública
«Más allá de lo que determine la justicia, la opinión pública ya tiene un veredicto”, asegura en tanto a DW la consultora y doctora en economía Mariel Formoni. «Prácticamente 7 de cada 10 argentinos creen que la vicepresidenta es culpable, y menos de 3 dicen que no lo es”, detalla.
Además, «Cristina Fernández también ha caído en la consideración pública de muchos, que ven que está sumida en sus causas judiciales y es un poco lo único que le importa y no tiene en cuenta los problemas reales de la gente”, sostiene Formoni.
Y en este sentido agrega: «Es una crisis autoprovocada, en una coalición de gobierno bastante débil”.
«La situación actual es grave, porque es un momento de particular enojo social, tal vez similar al que siguió al Mani Pulite en Italia o al Lava Jato en Brasil”, analiza Gargarella.
«Se están exacerbando las situaciones de furia y de todas esas cuestiones complicadas para mantener la paz social”, aporta, en tanto, Formoni.
El delicado equilibrio entre política, justicia, cuestiones económicas y sociales, se reescribe cada día en el país sudamericano, profundamente dividido.