El pasado 28 de agosto ocurrió el primer debate presidencial en Brasil con la participación de seis candidatos. Por la derecha, el presidente Jair Bolsonaro busca la reelección con el Partido Liberal (PL). Por el centro, la senadora Soraya Thronicke con el partido Unión Brasil (UB) y el candidato Luis Felipe D’Avila con el partido NOVO. Por la izquierda moderada la senadora Simone Tebet con el Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Y por la izquierda radical, Luiz Inácio Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores (PT).
Cabe destacar que cinco candidatos atacaron al presidente Bolsonaro, sin reconocer de ninguna forma los resultados de su gobierno, los cuales muestran un Brasil creciendo positivamente en medio de la pandemia y en contraste con los países de la región. La puesta en escena fue de cinco candidatos que tenían “opiniones divergentes” con Lula, pero que tienen una posición de rechazo radical contra Bolsonaro. En este sentido, el tiempo que tuvo el presidente para poder hablar de sus propuestas, defenderse de los ataques y defender a su gobierno fue considerablemente menor. Sin embargo, en el poco tiempo que pudo hablar, dejó a los cinco candidatos descolocados y enflaquecidos en sus ataques.
Es este escenario de 5 contra 1 el que advirtiera el líder del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, hoy preso político por orden del nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes. Su candidatura presidencial responde a enfrentar esta realidad, la cual indica es la misma que ha ocurrido en otros países de la región, en la que todos los candidatos fuera del conservadurismo atacan a su candidato para debilitarlo y lograr la abstención de sus electores. El PTB se propone ser la otra candidatura de derecha que defiende al gobierno Bolsonaro y la elección de la mayor cantidad de diputados, senadores y gobernadores para la derecha.
La campaña del PTB ha sido la más perseguida y saboteada desde el poder judicial. A su presidente honorario, Roberto Jefferson, se le ha judicializado y ya no podrá ser más candidato. En ese sentido, el PTB lejos de rendirse, ha corrido hacia adelante al subir al padre Kelmon da Silva Souza como el candidato a presidente del PTB y ha nombrado al pastor Luiz Gamonal como su vicepresidente. Una combinación que nunca antes había ocurrido en la historia del país y que marca un precedente en el continente americano en el que políticamente los cristianos se unen, católicos y evangélicos, para combatir al comunismo y defender a su país.
Sin embargo, en lo que va de campaña el TSE de Moraes ha realizado una serie de acciones que enflaquecen la característica democrática del sistema político brasileño. Además de mantener a Roberto Jefferson como preso político en su casa, con una tobillera electrónica, sin debido proceso por más de un año, y haber perseguido periodistas y líderes políticos, ahora persigue empresarios.
Ocurrió que el portal Metrópoles publicó unas supuestas conversaciones en un grupo de WhatsApp, en el que varios empresarios brasileños opinan sobre la política del país. Con eso bastó para que Moraes colocara a estos empresarios como objetivos de búsqueda para la Policía Federal, por considerarlos golpistas. Una medida que refuerza entre los brasileños la idea de que no hay libertad de expresión ni siquiera para opinar de política en un grupo de WhatsApp, lo que estimula el terror de la misma forma como lo estimulan los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua. Y a pesar de esto, los apoyadores de Lula, que aprueban este tipo de acciones, proponen el control de medios y redes sociales, al mismo tiempo que llaman de dictador a Bolsonaro.
Por otra parte, el mismo magistrado ha ordenado el bloqueo de las redes sociales y las cuentas bancarias de la esposa del diputado federal Daniel Silveira, quien ha sido perseguido por él. Alega que es el diputado quien usa las redes sociales de la esposa. Fuera de que esto es absurdo, esto impide, tanto al diputado como a su esposa, pero también a sus electores, el libre ejercicio de sus derechos políticos constitucionales. ¿Por qué? Porque no se justifica perseguir políticamente a los ciudadanos por el “delito” de opinar sobre lo que le incomoda a quienes detentan el poder.
Otra de las medidas llevadas adelante por el pleno del TSE, el cual preside Moraes, es que por unanimidad, ha prohibido que los brasileños lleven consigo su teléfono al momento de votar, convirtiendo esto en un delito que ha de ser castigado por la policía. La medida es categórica: si no entregas tu teléfono, no puedes votar.
Y la última acción polémica del magistrado ha sido la creación de una especie de Servicio Secreto a su disposición, denominado Núcleo de Inteligencia de la Corte. Esto lo preside Alexandre de Moraes e incluye a tres tenientes coroneles de la Policía Militar de tres estados, Bahía, Brasilia y Minas Gerais.
Las acciones que provienen del poder judicial parecen constituir un poder ejecutivo paralelo en estas elecciones y la tendencia es que esto continúe constituyéndose en las próximas semanas. En todo caso, la elección de una mayoría de derecha en el poder legislativo podría significar un equilibrio político importante a partir del 1 de enero de 2023 porque, es desde allí, donde pudiera ponerse un freno al avance de estas acciones tiránicas que no parecen desistir.