El pasado 12 de agosto tuvo lugar en el Consejo Permanente de la OEA la votación de una resolución condenatoria de las múltiples violaciones a los derechos humanos del régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua. La más reciente de estas conculcaciones es la feroz agresión contra la Iglesia Católica, la que incluyó quema de templos, destrucción de imágenes del culto, encarcelamiento de sacerdotes y el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y de varias personas de su entorno.
Ocurrió que, al momento del voto de Colombia, se escuchó un sepulcral silencio. La delegación de Colombia no estaba presente, se ausentó de la sala. Ante este hecho, sin duda grave, Colombia quedó a la par de Nicaragua, porque sin hesitación puede decirse que “el que calla otorga”, lo que significa que al no condenar al salvaje régimen de Ortega es su cómplice. Esa resolución fue aprobada por 27 países de los 34 miembros que integran la organización. Se dio un solo voto en contra y Bolivia, El Salvador, Honduras y México, más por ideología que por convicción, se abstuvieron de votar.
Enterado el país de lo acontecido, las reacciones y condenas no se hicieron esperar. Por supuesto, inicialmente pretendieron condenar al expresidente Duque pero después circuló la versión de que el embajador designado para reemplazar a Alejandro Ordoñez aún no se había posesionado y no podía votar, como tampoco podía hacerlo el designado en Nicaragua. Después, gracias a puntual derecho de petición extendido por el periodista de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano, se vino a conocer la verdad. Todo obedeció a instrucciones dadas por el canciller.
Pero esta posición solo fue posible conocerla gracias al trabajo periodístico de William Grigsby Vado que es quien más ha hecho sonar el tema y es bien cercano al régimen oprobioso de Daniel Ortega, quien en el medio “Sin Fronteras” de Radio La Primerísima dejó conocer que la negociación propuesta por Petro, usando a “mensajeros” a quienes no identificó, consiste en que Colombia reconocería el fallo de La Haya —favorable a Nicaragua desde 2012— a cambio de que le entreguen a “los tranqueros”, refiriéndose a los presos políticos que están en las cárceles de El Chipote”, y por supuesto que le permitieran a los raizales de San Andrés Islas pescar en las aguas que el fallo le entregó a Nicaragua. En un video de dicho periodista se respalda la afirmación.
Esta información, en la que el periodista mencionó también que Nicaragua no estaba de acuerdo, es, probablemente, la verdadera razón por la cual el canciller instruyó y comentó el tema. Esto dijo: «Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se adelantaban». Y añadió, a modo de justificación, que se trataba de una acción humanitaria, explicación que a nadie le pareció suficiente en tanto que la resolución condenatoria se refería a terribles situaciones justamente quebrantadoras de elementales derechos humanos, tales como a 180 presos en condiciones infrahumanas, según informes de la CIDH, y a toda clase de acciones denigrantes y violentas contra miembros de la iglesia católica.
Conocida la posición del canciller, surge un interrogante trascendente: ¿El presidente Petro tuvo conocimiento, se le informó de la orden de su canciller? Si la respuesta es positiva revelaría que tiene un doble discurso y mientras predica la “paz total” favorece la persecución a la iglesia católica dejando ver que en Colombia podrían ocurrir hechos de esta clase? Lo cierto es que, hasta el momento, el presidente guarda silencio ante los tejemanejes de Leyva.
Por demás está anotar que es obvio que a cinco días de instalarse el gobierno no resulta creíble que se den estas gestiones. Entonces, parece ser que Leyva ya las había iniciado mientras estuvo fungiendo como canciller durante el empalme. Pero, el alcance ideológico y político de las mismas va en detrimento de la soberanía y de la integridad territorial de la nación y colocan a Leyva en una delicada posición y en un eventual y presunto delito de traición a la patria, pues desconoce los alcances de los artículos 101 (consagra los límites de Colombia) y 102 (el territorio pertenece a la nación) de la Constitución Política que puntualmente preservan nuestro territorio.
El artículo 455 del Código Penal Colombiano al cual le fue aumentada la pena en el artículo 14 de la ley 890 de 2004, quedó del siguiente tenor: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses”.
Por lo conocido hasta el momento, sin que se haya refutado lo dicho por el periodista nicaraguense William Grigsby Vado, se planteó la posibilidad de que, a cambio, entre otros, de catorce presos políticos se afectaría la soberanía territorial de la nación.
Muy grave la conducta del canciller colombiano. También lo es su pretendida y absurda decisión de cambiarle el nombre al ministerio que dirige para dejarlo como Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Paz. ¿Será que se le adelantó al Presidente en la creación del Ministerio de la Paz, con olvido de lo previsto en el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución Política? Si a la Carta Política de 1991 se le conoció como la “Constitución para la paz” su desconocimiento, lógicamente, no puede generar la tan ansiada paz.
El día de ayer el canciller concedió una entrevista a la W en la cual condenó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen dictatorial de Ortega.