El 11 de septiembre de 2001 los países de las Américas instituyeron en Lima, Perú, el “tratado constitutivo” que consagra que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” y que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos”.
Es la Carta Democrática Interamericana que, a 21 años de su vigencia, está bajo conspiración de las dictaduras, que bajo mando de Cuba detentan el poder en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. La Carta es el instrumento para cesar las dictaduras y solo necesita liderazgos consistentes.
La última década del siglo pasado todos los países de las Américas eran democracias excepto la dictadura de Cuba, que agonizaba en su denominado “periodo especial” y la decisión de las democracias fue esperar el resultado de esa agonía que se interrumpió cuando Hugo Chávez tomó la presidencia de Venezuela en 1999 y salvó la dictadura cubana iniciando el proceso de desestabilización de la democracia por medio de la expansión del castrismo del siglo XX convertido en castrochavismo en el siglo XXI.
El siglo XXI nació en las Américas la renovada conspiración de la dictadura de Cuba, que bajo la sombra del populismo bolivariano liderado por Chávez terminaría controlando casi toda Latinoamérica para el año 2012. Las condiciones para esta conspiración configuraron la tormenta perfecta contra la democracia con los ataques terroristas en Estados Unidos el mismo 11 de septiembre de 2001, que motivaron el drástico cambio de la política exterior estadounidense que supuso abandono de la región.
El crecimiento del socialismo del siglo XXI o castrochavismo incluyó el control de la Organización de Estados Americanos (OEA) que durante los diez años de la gestión Insulza ignoró el mandato y contenido de la Carta Democrática Interamericana y de los principios del sistema en defensa de los derechos humanos y la libertad.
La Carta Democrática Interamericana no fue cumplida ni implementada por la OEA de 2005 a 2015, pero además fue anulada, tergiversada y descartada, porque un instrumento fundacional para la democracia es el obstáculo principal para las dictaduras.
La realidad objetiva demuestra que la Carta Democrática Interamericana ha pasado por cuatro etapas históricas: 1.- Su concepción hasta su firma, que va de 1994 a 2001, desde Miami pasando por Quebec hasta Lima. 2.- La de su proclamación el 11 de septiembre de 2001, de optimismo con implementación inicial hasta el control castrochavista de la OEA en 2005. 3.- De deliberado incumplimiento y sabotaje a sus disposiciones en la gestión Insulza de 2005 a 2015. 4.- De recuperación y aplicación progresiva con el liderazgo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que inició con el caso de la dictadura de Venezuela.
La estrategia política y comunicacional del castrochavismo mientras controlaba la OEA fue la de ignorar la Carta, y desde 2015 es la de desprestigiarla con el mensaje de que no sirve para nada y con la abierta conspiración contra la misma OEA y el secretario general Almagro. Las unidades de inteligencia y comunicación de la dictadura de Cuba, que lideran esta estrategia, entienden muy bien que desprestigiando y devaluando el contenido de la Carta pueden disfrazar mejor los crímenes de terrorismo de Estado y de lesa humanidad que cometen en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Para evitar la difusión, comprensión y aplicación plena de la Carta Democrática Interamericana el castrochavismo bloquea los mecanismos de la OEA usando gobiernos como los de Argentina, México, Bolivia y presionando -incluso con visos de soborno- a muchos de los países que afilió en el mecanismo del Petrocaribe para controlar sus votos. Las dictaduras también maniobran con el retiro de la OEA, como lo ha intentado Chávez con Venezuela y ahora Ortega con Nicaragua, y la negativa de la Cuba de participar en un organismo al que ya está reintegrada.
La Carta Democrática Interamericana es el mayor enemigo de las dictaduras porque es el instrumento legal que las identifica, las describe y las acusa. Sin la Carta, las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua seguirían creando narrativas falsas como las de revolución o democracias iliberales. Es la Carta -como ley obligatoria- con sus “elementos esenciales de la democracia” la que señala a los regímenes violadores de derechos humanos, concentradores de todo el poder, liquidadores de la libertad de prensa, anuladores del estado de derecho, falsificadores de la voluntad popular y más actos criminales, como dictadores.
La Carta puede y debe ser mejorada, pero, así como está es el instrumento idóneo para terminar con las dictaduras que solo espera liderazgos consistentes que apliquen sus mandatos.