La Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés) no suele ser el evento más esperado del año ni aquel al que se le dedica demasiado tiempo a escuchar discursos de jefes de Estado o primeros mandatarios con demasiada grandilocuencia que muy probablemente están muy desconectados de la realidad de sus propios países.
Sin embargo, ha habido discursos durante esta 77° sesión de la UNGA que no han pasado en absoluto desapercibidos, como el del presidente de Chile, Gabriel Boric, que luego de su abrumadora derrota en el último plebiscito, en palabras de Luis Larraín, ha empezado a pronunciar “discursos, frases sin contenido y una serie de actuaciones erráticas y caprichosas que no hablan bien de su futuro político”; o el de Colombia, Gustavo Petro, que simplemente empezó a desvariar afirmando que “la solución a la migración es volver a que el agua llene los ríos”.
Pero también ha destacado el discurso del presidente de Bolivia, Luis Arce, en el que, para empezar, abusando de los 15 minutos que le fueron asignados, se extendió a 35 minutos, enarbolando 14 propuestas sobre aspectos que van desde el modelo económico que diseñó y fue impuesto en Bolivia desde 2006, hasta el gasto militar de los países desarrollados que afectan a “países del sur del mundo”.
Sin embargo, entre las 14 propuestas se pueden destacar primero las siguientes:
-Reconstruir las capacidades productivas y económicas de los países de la periferia golpeados por la irrefrenable lógica concentradora del capitalismo y de los efectos del covid-19.
–La crisis climática requiere responsabilidad y armonía entre los seres humanos y la naturaleza, y no usura. Advirtió un colapso ecológico.
–La industrialización del litio para beneficio de los pueblos y pilar fundamental para la transición energética. Destacó las grandes reservas que hay en Bolivia.
En otras palabras, dado que Bolivia está sobre endeudada (82% del PIB), Arce ha decidido armar una pataleta diciendo que el Estado Plurinacional es socialista, verde, pacifista y pobre. Por tanto, los países capitalistas, que contaminan, inician guerras y son ricos, deben resarcir los daños condonando su deuda y comprar su litio.
Pero nada serían las propuestas vinculadas casi exclusivamente al ámbito económico, sin otras dedicadas al ámbito de los derechos humanos:
-Ampliar la visión restringida de derechos humanos y democracia.
-Declarar el decenio de la “despatriarcalización”, para luchar contra toda forma de violencia hacia las mujeres y niños, y en particular de indígenas y en situación de pobreza.
Desde luego, todo suena muy bien, pero realmente con ello Arce pretende mostrar al mundo desde el foro de la ONU que en Bolivia existe Estado de Derecho, equilibrio de poderes y un respeto irrestricto por la ley y la justicia, mientras la ex presidente constitucional (caso emblemático), Jeanine Áñez, fue detenida de manera ilegal y guarda prisión preventiva desde el 13 de marzo de 2021, siendo expuesta de manera permanente a una serie de atropellos a sus derechos y de una forma que solamente se ha conocido en épocas de dictadura militar.
Para mayor colmo, Arce estuvo reunido ese mismo día con Ebrahim Raisi, presidente de Irán, sin complejo ni remordimiento alguno, mientras en aquel país se vivían –y se viven- masivas protestas sin precedentes contra el régimen musulmán fundamentalista que somete a su pueblo la esclavitud desde hace más de 40 años, provocado por el asesinato de la joven de 22 años Mahsa Amini en manos de la policía de Teherán tan solo dos días antes, solamente por llevar mal puesto un hiyab.
¿Habrá mayor descaro e hipocresía respecto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la economía, que la de Arce y su régimen?
Más todavía: el descaro de Arce es tan desproporcionado que, luego de que Evo Morales (régimen al que Arce perteneció) invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a elaborar un informe sobre el fraude que cometió y provocó su renuncia, huida y abandono del cargo en 2019, el mismo Arce Catacora prometió reformas a la justicia con las que no cumplió o fracasó.
Además de que invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la propia ONU por medio de su representante Diego García-Sayán, para que evaluaran el estado de la justicia y la democracia en Bolivia; asunto en el que, en ningún caso destacan aspectos positivos. Con ello Arce se empeña en hacer en su país exactamente opuesto a lo que propone e incluso exige para el mundo.