Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, el socialismo del siglo XXI ha reinstalado la campaña para “acabar la guerra contra las drogas” ya impulsada en el pasado por narcoestados, líderes señalados por vínculos con el narcotráfico y/o sospechosos de ser financiados por esa fuente. En América Latina del siglo XXI el narcotráfico ha penetrado en la política y desde el poder obtenido pretende terminar la naturaleza delictiva de su actividad. El problema real es la penetración del narcotráfico en la política y en el poder, no la lucha contra las drogas.
La naturaleza del narcotráfico es crimen, definido como “el comercio de drogas toxicas a gran escala” que de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, comprende “la producción, la demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”.
Una acción u omisión se configura como delito cuando agravia los derechos de sus semejantes y se tipifica como tal para proteger la seguridad del ser humano y de la sociedad. En el caso de los delitos que integran el narcotráfico el principal bien protegido es la salud el bienestar de las personas como seguridad privada, y la economía, cultura y bases políticas de la sociedad (la democracia) como seguridad pública.
El narcotráfico abarca una larga lista de delitos que van desde los cultivos ilegales con destino a la producción de estupefacientes, hasta el lavado de dinero y cualquier tipo de beneficio con los recursos provenientes de esta actividad criminal. La “lucha contra las drogas” es el genérico para las acciones contra estos crímenes y “la guerra contra las drogas” es la denominación dada el año 1971 por el presidente de Estados Unidos al inicio de su política contra el narcotráfico.
Una de las estrategias centrales del narcotráfico es el control del poder político para despenalizar el narcotráfico, que fue plateada y ejecutada por Pablo Escobar, que junto con su socio el boliviano Roberto Suárez y el dictador Fidel Castro hicieron de Cuba el primer narcoestado de la región a inicios de la década de 1980. Escobar lo intentó personalmente llegando a un curul en el Congreso de Colombia.
El financiamiento a políticos, candidatos y campañas electorales con recursos del narcotráfico está ampliamente denunciado y documentado en la región. Importantes líderes de América latina e incluso presidentes han perdido su visa de ingreso a los Estados Unidos señalados por “narco vínculos” y otros están acusados y procesados.
El socialismo del siglo XXI o castrochavismo ha tomado la doctrina de la dictadura de Cuba de utilizar el narcotráfico como arma antiimperialista con proclamas de Castro, Guevara, Chávez, Morales, Maduro, Ortega y más. Han concretado su posición estableciendo como narcoestados de la actualidad a Cuba, Venezuela Bolivia y Nicaragua, con influencia en los gobiernos de López Obrador en México, Fernández/Kirchner de Argentina y ahora Petro en Colombia.
Desde los narcoestados, el dinero del narcotráfico sirve hoy para la conspiración permanente contra la democracia, para llevar al poder políticos sometidos a su influencia, para asesinar la reputación de los defensores de la democracia y para mantener en la impunidad la violación de derechos humanos que se perpetra con terrorismo de Estado en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Partidos políticos, líderes, candidatos e incluso gobiernos no financiados o penetrados por el narcotráfico tienen grandes dificultades para oponerse a la acción de ilimitados recursos que han desfigurado la naturaleza de la política y que son amenaza real a la estabilidad de gobiernos.
La lucha contra el narcotráfico no ha fracasado como argumentan los voceros del castrochavismo, la prueba que funciona es que piden terminar con ella. Están buscando protección a sus crímenes para no seguir el camino del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, o el curso de Nicolas Maduro ya requerido con 15 millones de dólares por su captura, Evo Morales jefe del narcoestado en Bolivia, Daniel Ortega y los integrantes de la dictadura de Cuba. Solo así se entiende la pregunta de Petro en las Naciones Unidas: «¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”
La lucha contra el narcotráfico necesita ser respaldada, actualizada y reforzada. Las democracias deben fortalecer la lucha antinarcóticos identificando y separando del poder a quienes lo detentan para promover defender el narcotráfico como sucede actualmente desde los narcoestados de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.