WASHINGTON — Abogados del expresidente estadounidense Donald Trump solicitaron el martes a la Corte Suprema que intervenga en la batalla legal sobre los documentos clasificados que fueron confiscados durante un allanamiento del FBI a su finca de Florida, escalando una disputa sobre las facultades de un árbitro independiente designado para inspeccionar los registros.
El equipo legal de Trump le pidió al Máximo Tribunal que anule el fallo de una corte inferior y permita que un árbitro independiente revise los aproximadamente 100 documentos con etiqueta de confidencialidad que fueron confiscados durante el operativo del 8 de agosto.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito en Atlanta limitó el mes pasado la revisión del árbitro a un grupo más grande de documentos no clasificados.
Los jueces, incluyendo dos que Trump nombró al cargo, votaron en favor del Departamento de Justicia, que había argumentado que no existían bases legales para que el árbitro llevara a cabo su propia revisión de los documentos clasificados.
Pero los abogados de Trump señalaron en su solicitud a la Corte Suprema que era esencial que el árbitro tuviera acceso a los registros clasificados para “determinar si los datos con etiqueta de confidencialidad eran realmente clasificados y si esos registros son documentos personales o presidenciales”.
“Como el presidente Trump tenía autoridad absoluta sobre las decisiones de confidencialidad durante su Presidencia, no se puede determinar el estatus actual de ningún documento en disputa sólo por las indicaciones en dicho documento”, afirma la solicitud.
Añade que, sin la revisión del árbitro especial, “las opiniones indisputadas del actual Departamento de Justicia suplantarían la autoridad establecida del presidente”. Una revisión independiente, asegura el equipo de Trump, garantiza un “proceso transparente que brinda un control sumamente necesario”.
El FBI señaló que durante el allanamiento se confiscaron unos 11.000 documentos, incluyendo alrededor de 100 con etiquetas de confidencialidad. El equipo legal de Trump le pidió a una jueza en Florida, Aileen Cannon, que nombrara un árbitro para que realizara una revisión independiente de los registros.
Cannon asignó a un veterano juez de Brooklyn, Raymond Dearie, para que revisara y separara los documentos que pudieran estar protegidos por la confidencialidad entre abogado y cliente y el privilegio ejecutivo. También le prohibió al FBI usar los documentos confidenciales como parte de su investigación penal.
El Departamento de Justicia presentó una apelación, lo que llevó al 11vo Circuito a levantar la suspensión de Cannon a la capacidad de los investigadores para analizar los registros confidenciales. El tribunal de apelaciones también determinó que la dependencia no tenía que brindarle acceso a Dearie a los documentos clasificados.
Los abogados de Trump presentaron su solicitud a la Corte Suprema ante Clarence Thomas, quien supervisa asuntos de emergencia para Florida y otros estados del sur del país. Thomas puede actuar por su cuenta o, como se hace usualmente, referir la apelación de emergencia al pleno de la corte.