Los partidos que sostienen al Gobierno, junto con sus socios proetarras y separatistas, han aprobado en el Senado la Ley de Memoria Democrática, en una votación sin sorpresas, síntoma y causa al tiempo de una época de división tan profunda como fuente de réditos para sus promotores, mullidores y beneficiarios.
El refrendo definitivo de la norma, macerado durante años y aplaudido de igual modo por la bancada de la izquierda y por la mayoría de los medios de comunicación, nada tiene de forma de «afianzar nuestra democracia» ni tampoco supone «un paso más por la justicia, la reparación y la dignidad para todas las víctimas», como ha declarado Pedro Sánchez.
Bien al contrario, la Ley de Memoria Democrática impone de manera autoritaria un relato contrario a la individualidad del recuerdo de cada español. No es memoria ni democrática. Se trata de una vuelta de tuerca más en el establecimiento del paradigma víctima-perpetrador que inunda las sociedades occidentales; en esta ocasión a través del señalamiento maniqueo de «buenos y malos». Todo según la perspectiva impuesta por un Ejecutivo equiparable a tantos de otros países, que aprovecha una peculiaridad nacional para buscar rédito político cortoplacista, sembrando odio entre los nietos de quienes se perdonaron décadas atrás.
Dijo George Orwell, quien no alcanzó a imaginar estos tiempos distópicos, que «quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro». Bien parecen saberlo el Gobierno de Sánchez y sus socios, con los que hasta la historia sirve de mercancía que intercambiar por votos, y bien hará su oposición (política y social) en no olvidarlo.