El Consejo de la Unión Europea (UE) prorrogó por un año más las sanciones a 21 funcionarios y a tres instituciones del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, se informó el jueves (13.10.2022).
En un comunicado, la UE indicó que las sanciones que estarán vigentes hasta el 15 de octubre de 2023 incluyen «la congelación de activos” y la prohibición a los ciudadanos y empresas de la UE a poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar «que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE”, explicó.
El informe destacó que la medida ocurre tras «la decisión injustificada” del gobierno nicaragüense de expulsar del país a la embajadora de la UE, Bettina Muscheidt, el mes pasado, y de cortar relaciones con Holanda, así como la respuesta recíproca de la UE de declarar persona non grata a la jefa de misión de Nicaragua ante la UE, Zoila Yanira Müller.
Indicó que la UE «sigue abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que éste se desarrolle de forma respetuosa”. Advirtió, sin embargo, que el bloque europeo «puede decidir renovar las sanciones y modificar la lista de entidades o personas afectadas en función de la evolución del país” de ahora en adelante.
La UE impuso por primera vez en 2020 sanciones a entidades «responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática” y a seis funcionarios «cuyas acciones políticas o actividades socavan la democracia y el Estado de Derecho” en Nicaragua.
Además de Rosario Murillo, también están sancionados por la UE sus hijos Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo; el presidente del Parlamento, Gustavo Porras; la titular del Poder Judicial, Alba Luz Ramos; la fiscal general Ana Julia Guido; el asesor presidencial Bayardo Arce y los jefes policiales Fidel Domínguez y Juan Valle, entre otros.
A fines de septiembre, la Cancillería nicaragüense expulsó a la embajadora Muscheidt, días después de que el bloque de 27 naciones exigiera a Ortega la liberación de más de 200 opositores presos.
La embajadora de la UE fue la segunda diplomática europea expulsada de Nicaragua por el gobierno de Ortega este año. En marzo, el Vaticano reportó la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Sommertag, quien había realizado gestiones para interceder por la libertad de los reos de conciencia.
Nicaragua vive una crisis política desde abril de 2018, cuando una rebelión ciudadana fue disuelta a balazos por policías y paramilitares, que dejaron 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).