La temida crisis migratoria continental llegó a EEUU y pareciera que es la única prioridad de la política exterior del gobierno Biden hacia Latinoamérica.
No se trata de un simple tema de choque electoral entre los dos grandes partidos en cuanto al manejo de la migración, sino un asunto que ya es visto como un problema de seguridad nacional.
Desde el gobierno de Barack Obama, planificadores militares y de política exterior manifestaban en diversos documentos el temor de que la crisis venezolana, acompañada de crisis nacionales en Cuba y Centroamérica derivarían en una presión migratoria sobre EEUU. Las acciones de apoyo de EEUU a los gobiernos suramericanos hacia donde se dirigieron las primeras oleadas de venezolanos en procura de refugio, aparte del indiscutible contenido humanitario tenía implícito el interés estadounidense para evitar que ese flujo se orientara hacia el Norte.
El documento de Estrategia de Seguridad Nacional emitido por Donald Trump en diciembre de 2017, destacaba que “nuestra responsabilidad fundamental es proteger al pueblo estadounidense, a la patria y el estilo de vida americano. Fortaleceremos el control de nuestras fronteras y reformaremos nuestro sistema de migración”. La respuesta Trump era y es la de un cierre generalizado de fronteras. Aparte de levantar secciones de un muro fronterizo en los límites con México, Trump impuso negociaciones con el gobierno de Manuel López Obrador para que México actuara como colchón de protección, impidiendo la llegada de nuevas oleadas de migrantes procedentes de Centroamérica y, recibiendo a migrantes deportados de EEUU o aspirantes a procesos de asilo estadounidense.
La versión Biden de la Estrategia de Seguridad Nacional, difundida el 12OCT22, se refiere al tema migratorio ampliamente y lo presenta como un asunto que implica la política exterior de EEUU hacia el hemisferio. “El movimiento de personas en las Américas, incluidos más de seis millones de venezolanos […] obligados a abandonar sus hogares desde 2015, afecta a toda América Latina y el Caribe y refuerza la necesidad de una acción regional. La “Declaración de Los Ángeles sobre Migración” complementa los esfuerzos internos de EEUU para modernizar su infraestructura fronteriza y construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano con una asociación audaz centrada en todo el hemisferio sobre el principio de responsabilidades compartidas, estabilidad y asistencia a las comunidades afectadas, la expansión de las vías legales, gestión humana de la migración y una respuesta coordinada a la emergencia”. El gobierno de Biden declara que su objetivo es “estabilizar las poblaciones migrantes y reemplazar la migración irregular con flujos ordenados que pueden impulsar el crecimiento económico en los EEUU y en toda la región”.
Para la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles el 06-10JUN22, el gobierno de EEUU convirtió el tema migratorio en el eje de sus negociaciones. Los representantes, en muchos casos los propios respectivos jefes de Estado, de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se comprometieron a “fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, así como fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional”.
El 12OCT22 el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU anunció un paquete de medidas para frenar el ingreso de migrantes a territorio estadounidense desde México, especialmente de venezolanos en procura de refugio. México se comprometió a recibir a los venezolanos que sean deportados por haber ingresado ilegalmente a EEUU. EEUU ofrece un programa de “permisos humanitarios” de trabajo temporal para 24.000 venezolanos que cuenten con patrocinantes en territorio estadounidense e ingresen vía aérea legalmente. La oferta para venezolanos incluye diversas condicionantes, estando vetada, entre otros, para aquellos que hubiesen ingresado ilegalmente a México o Panamá (desestimular el tránsito por la selva panameña de Darién) o que fueran beneficiarios de medidas de refugio en terceros países. Todo venezolano que ingrese a EEUU ilegalmente será deportado a México: las liberalidades migratorias que permitían que los venezolanos solicitaran refugio y asilo una vez ingresado a EEUU han terminado y el derecho universal al asilo humanitario quedó tambaleante a ambos lados del Rio Bravo/Grande.
Aparte de las medidas específicas para venezolanos, el gobierno Biden anunció un paquete migratorio para el año fiscal 2022 que incluye la oferta de 20 mil visas de trabajo exclusivas para ciudadanos de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador, además de varias decenas de miles de visas temporales para trabajadores no agrícolas mexicanos que sería parte de los beneficios que obtendría México al participar en el esquema de deportación de migrantes desde EEUU.
El canciller mexicano y precandidato presidencial Marcelo Ebrard fue quien negoció con su homólogo estadounidense Antony Blinken, los acuerdos migratorios para frenar el paso de venezolanos hacia EEUU. La más reciente reunión se produjo en la sede del Departamento de Estado en Washington y junto a Blinken estuvieron presentes por EEUU el fiscal General Merrick Garland y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
El 13OCT22 Ebrard dejó saber que había solicitado a su colega estadounidense la inclusión de otras nacionalidades entre los beneficiarios de “permisos humanitarios” de trabajo en EEUU, ya que México comienza a sentir la presión migratoria de personas procedentes de Colombia, Ecuador y Brasil. Por cierto, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante la visita de Blinken a Bogotá el 03OCT22, le solicitó que EEUU considerara la opción de establecer un programa de TPS (estatus de protección temporal) para colombianos en territorio estadounidense similar al existente para venezolanos. Blinken hizo caso omiso de la solicitud de Petro.
La multiplicación de gobiernos de izquierda en el Continente y una intenta campaña demagógica del régimen chavista al alimón con la cancillería cubana sobre pequeños países caribeños, hizo que la representación del “gobierno Guaidó” estuviera a punto de ser retirada de la OEA.
Gustavo Tarre Briceño ejerce la jefatura de la misión de Venezuela en la OEA como representante permanente designado por la Asamblea Nacional electa en 2015 y en calidad de vocero del gobierno provisional encabezado por Juan Guaidó. Su aceptación en tal condición fue aprobada mediante dos votaciones, primero en el Consejo Permanente el 09ABR19 donde se aprobó por 18 votos. Luego, a nivel de ministros de exteriores, el 28JUN19 la 49 Asamblea General de la OEA celebrada en Medellín, Colombia, decidió “aceptar al Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”. Por esta vía, la OEA dejaba sin efecto la decisión del régimen chavista anunciada el 27ABR17 y que entraría en vigencia el 27ABR19, de retirar a Venezuela de la OEA.
Los intentos de los gobiernos de Andrés López Obrador y Alberto Fernández para expulsar a Tarre Briceño fracasaron en 2021 al no lograr un apoyo significativo para sumar los votos necesarios, la mayoría simple de 18 votos, para que la Asamblea General celebrada de forma virtual el 10-12NOV21 dejara sin efecto la representación venezolana. La convocatoria de la Asamblea General para la ciudad de Lima, con la presencia de los gobiernos de Chile, Honduras y Colombia que recientemente habían girado a la izquierda, abrió la opción para que gobiernos declaradamente contrarios al gobierno provisional de Guaidó alcanzaran una votación suficiente para expulsar a Tarre Briceño.
La tarea para coordinar la estrategia y sumar apoyos para expulsar a Tarre Briceño de la OEA fue encomendada por los principales patrocinantes (México y Argentina desde dentro, Cuba y el régimen chavista desde afuera) al representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador (posee título nobiliario británico) sir Ronald Sanders. La estrategia definida por Sanders consistía en objetar la presencia de Venezuela en la 52 Asamblea General que se celebraría en Lima el 05-07OCT22 alegando que Venezuela dejó de ser miembro de la OEA. Una moción de orden, previa al inicio de las deliberaciones, dejando sin efecto las credenciales de la delegación venezolana era el mecanismo ideado por Sanders.
La trampa metodológica planeada por México y Antigua y Barbuda fue rápidamente conocida en los pasillos de la OEA en Washington lo que hizo que Tarre Briceño anunciara que no viajaría a Lima. Con la representación de Venezuela ausente no sería posible que Antigua y Barbuda presentara la moción de orden previa a las deliberaciones. La finta de Tarre Briceño hecha pública pocas horas antes del inicio de la Asamblea General Ordinaria en Lima, obligó a que la alianza en su contra adelantara una vía alterna para expulsarlo. El 03OCT22 optaron por presentar, ya casi comenzando las deliberaciones en Lima, un proyecto de resolución que fuera considerado por la Asamblea General dejando sin efecto la decisión del año 2019 cuando fue aceptado el representante del “gobierno Guaidó”. El proyecto de resolución llevaba por título: “Revocación de la aceptación de un representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019”. La aprobación de esa resolución sólo ameritaría 18 votos, una mayoría simple de votos con los cuales calculaban contar. La expulsión de Tarre parecía hecho cumplido.
Pero los proyectos de resolución para una Asamblea General de la OEA, que reúne anualmente a todos los ministros de exteriores del Continente, deben ser presentados a consideración con tiempo de anticipación. El proyecto de última hora presentado por Antigua y Barbuda con el apoyo de Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, llegaba tarde a la lista de proyectos para ser votados en la Asamblea de Lima. La consideración del proyecto contra Tarre sólo sería posible si la propia Asamblea aprobaba, como punto previo al inicio de los debates, un cambio en el temario y la agenda para lo cual se requeriría dos tercios de los votos y no la mayoría simple. En la primera sesión de la Asamblea General de Lima el 06OCT22, el embajador Sanders tomó la palabra para pedir que sus colegas votaran a favor de modificar el temario para incluir la resolución contra la representación venezolana. La votación no alcanzó los 24 votos necesarios para cambiar el temario pero si sumó 19 votos. Es decir. Si el proyecto de resolución contra Tarre hubiese sido votado, probablemente habría sido aprobado.
A favor de incluir la resolución contra Tarre votaron los representantes de México, Panamá, Perú, Saint Kitts y Neves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Suriname, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Granada y Honduras. Los ofrecimientos de un ilusorio petróleo venezolano a precio reducido, en caso de que EEUU permita que Chevron regrese a Venezuela, sirvieron al castrochavismo para ganar votos en el Caribe. Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, operador en el Caribe de las dictaduras de Cuba y Venezuela, ha mostrado en el seno del Caricom sus recientes pactos con Maduro que le han permitido perdón de deuda y reactivación de suministro petrolero subsidiado y a crédito mediante el esquema denominado PetroCaribe. Gonsalves promueve dentro de los países caribeños la línea de apoyar a Maduro y pedir a EEUU que suspenda las sanciones petroleras al régimen chavista. Al parecer, en los palacios presidenciales caribeños así como en importantes oficinas de Washington ha prosperado la fábula según la cual la caída de la producción petrolera venezolana es consecuencia de las sanciones y no de la destrucción del aparato productivo petrolero y de las negativas condiciones creadas por el chavismo en Venezuela.
Votaron en contra del cambio de temario los representantes de Paraguay, Canadá, EEUU y Guatemala. Los demás gobiernos asistentes se abstuvieron.
En medios diplomáticos llamó la atención que la representante de Panamá votara a favor de la propuesta contra el gobierno provisional venezolano. El 10OCT22, poco después de su regreso de Perú, la canciller panameña Erika Mouynes fue sorpresivamente destituida por el presidente Laurentino Cortizo. La salida del cargo de Mouynes, según diversas fuentes, estaría relacionada con su inconsulta decisión de acompañar la acción contra el representante venezolano en la OEA.
En todo caso, la votación en la OEA dejó ver que los cambios políticos en el Continente han mermado sustancialmente el respaldo internacional del “gobierno provisional” de Juan Guaidó. Aunque en algunos casos esa situación no significa un respaldo al régimen encabezado por Nicolás Maduro.
La “diplomacia” de la dictadura chavista recibió dos derrotas en un terreno que suele sentir como seguro: las Naciones Unidas.
El 07OCT22, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU basado en Ginebra, sometió a votación una resolución mediante la cual se renovaría por dos años el mandato de la “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. El crudo informe presentado por la MII pocas semanas antes, dejó en evidencia la cadena de mando, que comienza en el Palacio de Miraflores, responsable por la sistemática tortura a prisioneros políticos en Venezuela. El régimen chavista que forma parte del Consejo de Derechos Humanos procuró impedir la resolución que debía ser aprobada por la mayoría de los 47 miembros del organismo.
Un grupo de gobiernos, capitaneados por el representante de Paraguay, el embajador Marcelo Scappini Ricciardi, se encargó de redactar la propuesta de resolución, ganar los votos necesarios y hasta negociar con la delegación chavista en varias reuniones al respecto. Los enviados de Maduro junto al representante cubano, alegaban que Maduro estaba dispuesto a mantener la oficina que la Oficina del Alto Comisionado de DDHH mantiene en Caracas, a condición de que no se renovara el mandato de la MII. La posición de los gobiernos proponentes, incluyendo a Chile, era que ambos mecanismos eran complementarios. En el debate sobre el proyecto de resolución, Scappini hizo dos intervenciones. Laprimera para presentar el proyecto que era respaldado por 48 miembros de la ONU. En una segunda y dura intervención, el embajador paraguayo desmintió enviado de Maduro, Héctor Constan, quien insistía en que el proyecto era una imposición injerencista. Finalmente el Consejo votó favorablemente por la resolución que mantendrá en operaciones la misión de expertos que hace seguimiento a la violación de DDHH en Venezuela.
Sólo los gobiernos de China, Cuba, Bolivia, Eritrea acompañaron el voto del enviado de Maduro oponiéndose a la MII.
El 11OCT22, la dictadura venezolana recibió una segunda derrota en la ONU. La Asamblea General realizó la votación para la renovación de los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuyo mandato termina el 31DIC22. Ese día debían renovarse dos de los asientos latinoamericanos y Maduro aspiraba a ser reelecto como miembro del Consejo para permanecer por tres años más.
Maduro sólo obtuvo 88 votos por lo cual los gobiernos de Chile y Costa Rica se hicieron de las sillas que estaban en disputa. En 2019, las diplomacias rusa, chinas, iraní y cubanas habían logrado sumarle 105 votos a Maduro. La operación no funcionó en 2022.
Jair Bolsonaro podría ganar las elecciones en Brasil superando el margen de 5 puntos porcentuales con que lo aventajó Lula da Silva en la primera vuelta.
La segunda ronda en las elecciones presidenciales brasileñas tendrá lugar el 30OCT22. Las principales encuestadoras del país, que resultaron impactadas negativamente al fallar en sus predicciones del primer turno, mantienen a Lula da Silva como ganador. Encuestadoras menos conocidas están mostrando a Bolsonaro ganando en importantes cotos electorales lo que proyectaría un triunfo del actual mandatario.