Eran los días previos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1939 un buque transatlántico, el Saint Louis, zarpó del puerto alemán de Hamburgo con 937 pasajeros a bordo, casi todos judíos refugiados que se habían percatado, a tiempo, creían ellos, de lo que estaba ocurriendo en Alemania con la llegada del nazismo. El Saint Louis tenía como destino Cuba y los pasajeros estaban en posesión de un permiso para ingresar a la isla, expedido legalmente por un funcionario, que luego cayó en desgracia con el gobierno de Federico Laredo Brú. Poco sabían los refugiados que su autorización de ingreso a Cuba había sido revocada, algo de lo que aparentemente sí estaban en conocimiento la tripulación y los propietarios del buque. A la llegada a Cuba, el gobierno le negó la entrada a la mayoría de los pasajeros, con la excepción de 28 refugiados. Comenzaría entonces un duro proceso de negociación con las autoridades cubanas y posteriormente con Estados Unidos y Canadá, dos países que tampoco autorizaron la entrada del buque a sus puertos, en buena medida por la presión política interna que se oponía a que estas naciones entraran en un conflicto que se percibía como europeo. El resultado final de este proceso, descrito con detalle en la Enciclopedia del Holocausto (Holocaust Encyclopedia), fue el retorno del Saint Louis a Europa. 254 pasajeros murieron eventualmente en los campos de concentración nazis, el resto escapó con vida porque logró llegar a Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda.
El Darién y los venezolanos huyendo de la miseria de su país, creada por un régimen hostil a su propio pueblo, conforman una tragedia que me trae a la memoria la historia del buque cargado de judíos, huyendo de la hecatombe creada por los nazis en Alemania y rechazados por tres países. Por supuesto que se pueden articular muchas diferencias entre los dos casos, y de ninguna manera intento banalizar el Holocausto comparándolo con el drama venezolano. Se trata simplemente de establecer semejanzas, un ejercicio de realismo ficticio, entre dos circunstancias, separadas por el tiempo, la geografía y las condiciones políticas del momento, pero que, sin embargo, tienen el paralelismo de dos desgracias que involucran a seres humanos intentando escapar de naciones en crisis, y que, caen, eventualmente, en una red de intereses que determinan sus destinos y, en muchos casos, sus muertes.
Hace menos de una semana se anunció una medida del gobierno norteamericano a través del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de acordar una decisión de humanitarian parole (libertad condicional humanitaria) para reducir el incontrolable flujo de migrantes venezolanos que intentan cruzar la frontera sur con México y que en el último año ha alcanzado la alucinante cifra de unas 160.000 personas, una fracción muy importante de los cerca de 2.000.000 que han intentado cruzar la frontera ilegalmente para recurrir al recurso de asilo una vez entrados en territorio norteamericano. La medida establece un máximo de 24.000 individuos para la nueva iniciativa que esencialmente se traduce en que solamente se permitirá el ingreso por vía aérea de venezolanos bajo este programa, que tengan un patrocinio individual o colectivo para garantizar su sustento en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se prohibió con efecto inmediato el ingreso de migrantes venezolanos por la frontera con México. La decisión contempla un acuerdo con México para garantizar el retorno de los migrantes a Venezuela, y un entendimiento con el gobierno de López Obrador para asegurar la entrada de un número de trabajadores mexicanos a Estados Unidos.
Es imposible no entender los fundamentos de la posición de Estados Unidos en defensa de sus propios intereses estratégicos, y la de México en obtener importantes concesiones a cambio de encargarse del espinoso asunto de la repatriación y control del ingreso de venezolanos por la ruta panameña de la selva del Darién. Por otro lado, es también cierto que la iniciativa del humanitarian parole, similar a la que existe con los ucranianos, y que fue solicitada por muchas organizaciones de venezolanos, constituye un avance en el tratamiento del tema de la migración venezolana a Estados Unidos. Pero concluido este aspecto positivo de la evaluación, acompañado del necesario agradecimiento, es indispensable preguntarse por las implicaciones negativas del anuncio y la circunstancia de que el mismo fue hecho conjuntamente con una serie de regulaciones legales cuyas implicaciones no pueden ser ignoradas. En primer lugar está la vulneración del derecho al asilo y la protección a los refugiados, establecidos en las normativas y tratados internacionales sobre la materia. En segundo lugar, la resolución fue tomada con efecto inmediato, ignorando la realidad de miles de familias e individuos que ya habían emprendido el camino del Darién. En tercer lugar, el acuerdo de repatriación con México parece ignorar la condición violenta de la frontera y la presencia de grupos armados irregulares que ponen en peligro la vida de los venezolanos. A ello se le une el que los términos de la repatriación son, por decir lo menos, poco claros en cuanto al mecanismo y las especificaciones sobre qué gobierno tendrá la responsabilidad de los costos y el transporte, si el mexicano o el venezolano. Por último, y quizás lo más importante, se ha aparentemente ignorado la circunstancia de que el régimen de Maduro hará un uso extraordinariamente efectivo de la decisión del gobierno norteamericano, la cual será presentada como una verificación de que las sanciones impuestas sobre Venezuela son las causantes de la tragedia de nuestro país. En otras palabras, no es difícil imaginar a los portavoces del régimen afirmar algo como: «Si no quieren que nuestra gente cruce ilegalmente sus fronteras, levanten las sanciones que han traído miseria al pueblo venezolano». Esto no es poca cosa dado que Estados Unidos ha sido un aliado fundamental de la fuerzas democráticas venezolanas, y, en especial, del gobierno interino, en presionar al gobierno de facto venezolano para que acceda a la realización de elecciones verificables y confiables con supervisión internacional.
De vuelta a la infausta analogía con el viaje del Saint Louis, esta vez en su travesía imaginaria por el Darién cargado de refugiados venezolanos. Miles de nuestros compatriotas han quedado atrapados en la red de intereses de tres países, dos probablemente legítimos, los de Estados Unidos y México y, el otro, profundamente obsceno porque el régimen venezolano es el causante último de la miseria de su pueblo y el escape de millones de venezolanos de su patria, como en su momento lo fue el nazismo con los judíos. No cabe duda de que esta horrenda circunstancia y el destino trágico de nuestra gente, nos recuerda dolorosamente que ningún país tiene el deber de resolver nuestro problema por nosotros, y que el provocar la salida del régimen del oprobio es, en última instancia, nuestra responsabilidad. Eso debería también resonar en los oídos de la dirigencia opositora, que sin ser causante de la desgracia, no hace todo lo que está en sus manos por unirse y tener una estrategia sólida para propiciar una salida constitucional a más de 20 años de penuria, secuestro y destrucción de Venezuela.