Los nicaragüenses se enfrentan el domingo 6 de noviembre a un nuevo escenario electoral sin condiciones y que cercena sus derechos a elegir libremente a sus próximas autoridades municipales. Se trata de unos comicios a la medida del dictador Daniel Ortega, igual a lo ocurrido en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.
La tiranía sandinista está convocando a los nicaragüenses a participar en unos comicios calificados desde ahora por sectores de la oposición como fraudulentos, porque se efectuarán sin su participación debido a que Ortega eliminó a los partidos políticos opositores y mantiene encarcelados a más de 230 presos políticos, entre ellos, a los siete exaspirantes presidenciales que participarían en la contienda con el dictador el año pasado.
Las elecciones se efectuarán con la presencia de micropartidos colaboracionistas del régimen sandinista a quienes Ortega podría conceder algunas asignaciones y con quienes se repartirá los millonarios fondos que el Estado destina para realizar elecciones. La mayor parte quedará en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo eterno secretario general ha sido Daniel Ortega.
Para Benjamín Lugo, ingeniero de profesión y miembro del Congreso por la Unidad, integrado en el Espacio de Diálogo, no se trata precisamente de elecciones lo que habrá Nicaragua. “Son asignaciones lo que habrá. No son votaciones donde la gente pueda elegir libremente. Elecciones habrá hasta que en Nicaragua sea libre, antes no. Es una ilusión pensar que puede haber un proceso electoral libre en Nicaragua bajo una dictadura brutal y criminal como la que tenemos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó preocupación a través de un comunicado horas antes de los comicios. Ello debido a la falta condiciones para realizar elecciones libres, justas y competitivas y urgió al régimen “restablecer las garantías y libertades democráticas propias de una Estado democrático de derecho, mediante la separación de poderes y el cese de la represión”.
Un total de 3.7 millones de nicaragüenses están convocados a ir a las urnas en 153 municipios para “elegir” más de 6 mil cargos públicos, entre ellos, alcaldes, vicealcaldes y concejales. Ese proceso está controlado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigido por militantes del FSLN, la organización política con la que el sandinismo llegó al poder en 1979, que organiza a paramilitares y promueve el terrorismo.
Llamados a votar, bajo amenaza
Los ciudadanos son convocados a ir a las urnas en medio de acoso y amenazas.
Funcionarios del CSE y de la llamada Unidad de Victorias Electorales (UVC), realizan visitas en los municipios casa por casa para interrogar a la población sobre si acudirán a votar, y a la vez para advertir que de no hacerlo no podrían realizar trámites de documentos como la cédula de identidad, pasaportes, licencias de conducir y que estarían sujetos a aumentos en el pago de impuestos, denunció la organización Nicaragua Nueva Generación, un organismo que monitorea la situación de derechos humanos en Nicaragua.
“Es parte del asedio, la represión brutal de la dictadura contra la población. Manejan todos los mecanismos y todos los estamentos del Estado para presionar al pueblo porque saben que el pueblo no cree en las elecciones. Entonces ese pueblo va a hacer todo lo que pueda para quedarse en la casa. Nosotros sabemos que el año pasado (en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021) más del 80% de la población no salió a votar. Igual va a ser ahora, porque es la única manera de protestar porque no hay libertad ni hay democracia”, indicó Lugo.
Quedarse en casa como símbolo de protesta
Lugo dijo que están impulsando una campaña dentro de Nicaragua para que la población se quede en casa como una forma de denunciar y desconocer las elecciones municipales. “Porque es la única forma que tenemos de protestar dentro de Nicaragua. No se puede de otra manera, porque solo por sacar una bandera te pueden matar. Ya viste que a un hombre le dispararon un balazo en la cabeza por gritar Nicaragua libre”.
Lugo se refiere al caso de Jorge Luis Rugama Rizo, de 44 años, que fue asesinado de un disparo en la cabeza por gritar en julio de 2020 a una caravana del FSLN “¡Viva Nicaragua libre!”. El autor del crimen, Abner Pineda, fue liberado cuatro meses más tarde. Fue absuelto por “homicidio imprudente”. Así lo catalogó la “justicia” controlada por el sandinismo.
“Llamar a no votar y dejar las calles vacías es una protesta cívica de gran envergadura. Es desconocer la legitimidad de las elecciones y desconocer la legitimidad del régimen que las convoca.
Mientras la campaña electoral de las municipales solo fue de 13 días, los partidos colaboracionistas apenas se han hecho notar, porque no cuentan con base electoral.
¿Va por las 153 alcaldías?
Actualmente el FSLN tiene control de 142 alcaldías de las 153 en el país. 135 se asignó en 2017. Ortega arrebató posteriormente 7 de las 18 alcaldías en manos de la oposición. En julio pasado el partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), que era el principal partido opositor y a quien Ortega inhabilitó de participar en los comicios agosto de 2021, fue despojado de cinco municipalidades, hoy dirigidas por el FSLN.
“La Policía Nacional y operadores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sustituyeron de facto a las autoridades de cinco alcaldías gobernadas por el partido Ciudadanos por la Libertad -cuya personería jurídica fue cancelada en 2021-, luego de allanar las sedes el pasado 3 y 4 de julio. Desde el año 2018 el FSLN habría tomado el control de facto de 7 alcaldías, de un total de 18 que no eran gobernadas por el partido oficialista”, dijo la CIDH en su comunicado sobre los comicios municipales.
Se espera que Ortega se asegure el control de todas las alcaldías de Nicaragua, y que le otorgue algunas concejalías como “premio” a los partidos colaboracionistas a quienes los nicaragüenses han bautizado como partidos “zancudos”.
“La situación ha llegado al extremo que las pocas alcaldías que ellos concedieron en 2018, las pueden despojar en cualquier momento, con cualquier excusa como ha sucedido hasta ahora. No hay ninguna garantía en Nicaragua. Es un Estado fallido donde no hay ley, lo que nos corresponde es continuar desconociendo la legitimidad, legalidad y la autoridad de ese régimen sobre nosotros como ciudadanos nicaragüenses”.
Radicalización de la dictadura
Ortega va hacia una mayor radicalización de su dictadura, que incluye la persecución contra la iglesia católica igual a como ocurrió en la década de los 80.
“La evidencia es que es un régimen que no conoce de institucionalidad, no respeta los derechos humanos, y la Constitución. Ha violentado el orden constitucional y el orden democrático. Por eso le reclamamos a la OEA que cómo es posible que habiendo declarado ilegítimas las elecciones de 2021, no desconozca la legitimidad del régimen resultante. Es una cosa obvia, y la OEA tiene una asignatura pendiente con Nicaragua al no desconocer la legitimidad del régimen”, subrayó Lugo.