El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega manejará las 153 alcaldías de Nicaragua después de la farsa electoral de este domingo, donde sólo participó el 17 % de los votantes, la mayoría víctima de una cocción estatal sin precedentes, que incluyó la visita casa por casa a los trabajadores públicos, estudiantes, comerciantes, transportistas y la entrega obligatoria de una fotografía en la urna comicial que reflejara el apoyo a los candidato del dictador.
Sin embargo, «la farsa electoral en Nicaragua es una contundente derrota para la dictadura de Ortega y una nueva victoria moral para los 200 presos políticos o secuestrados de Ortega en la cárcel de El Chipote», asegura en entrevista con PanAm Post el exembajador de Managua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien en marzo de este año en la reunión del Consejo Permanente llamó «dictador» a Ortega y lo fustigó por las 350 muertes ocurridas durante las protestas de 2018.
Lejos del régimen del cual formó parte, sostiene que «el alto abstencionismo de 83 % demuestra que la gente no cree en las elecciones de Nicaragua ni en la manera cómo estas fueron manejadas por Ortega y sus socios en el Consejo Supremo Electoral».
Esta vez, McFileds recalca que Ortega decidió priorizar el control del poder por encima de la credibilidad. «Él gana control total sobre las alcaldías pero también pierde credibilidad ante un proceso electoral saturado de controversia y polémica», dijo.
Para el exdiplomático, con los resultados de los comicios de este domingo «la dictadura de Nicaragua marcó un récord porque se queda con el 100 % de las alcaldías, sin competencia, y más de 1000 candidatos fantasmas que aparecían en las listas».
En decadencia
El enquiste del sandinismo en el poder municipal con la farsa electoral de Ortega representa un «retroceso de 50 años en la historia de Nicaragua porque nuevamente hay elecciones falsas y verdaderos dictadores», puntualiza McFields.
Lo es, considerando que en las elecciones de 2017, el FSLN obtuvo 135 de las 153 alcaldías. Las demás quedaron en manos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que se alzó con 11, Ciudadanos por la Libertad (CxL) con seis y una había quedado en manos de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
Ortega evitó repetir el panorama, cancelando en agosto la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad. Además, anuló a la oposición para mostrar por primera vez su verdadera cara, apunta McFields, el único periodista que ha pisado la casa de Ortega para reseñar la vida familiar del dictador.
Sabe lo que dice. Lo conoce. Estuvo más de una década como su alfil. Ahora revela que «Ortega ya no guarda sutilezas como en otras elecciones, donde dejaba algunos candidatos de la oposición bajo algún tipo de asignación en alcaldía. Es un dictador que no siente robarse las elecciones».
Incluso, estima que los sufragios en Nicaragua equivalen a una «elecciones a la cubana» porque ocurrieron sin observación, sin transparencia, nula credibilidad y bajo un control total del Estado-partido-familia tras precisar que «el Estado es controlado por un partido y ese partido es controlado por una familia».
Cada vez más solo
«Ortega se ha convertido en un paria político en las Américas», apunta McFields. Lo dice con propiedad. Él desertó de las filas del régimen para intentar quitarse «un yunque del alma» y destaca que durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Perú –el mes pasado– los países miembros «a una sola voz» condenaron los abusos del régimen sandinista, entre ellos, los ataques a las organizaciones sin fines de lucro –ya 758 han sido clausuradas de las 6000 que prestan servicio– y la persecución religiosa que contabiliza casi una docena de sacerdotes detenidos.
También subraya que el Gobierno de Estados Unidos sancionó a la industria del oro en Nicaragua y dejó abierta la posibilidad de extender las restricciones económicas hacia otras con la intención ir al «bolsillo de la dictadura que Nicaragua no va a salir con paños tibios porque no es una dictadura dispuesta a dialogar sino es una dictadura que encarcela sacerdotes».
Es verdad. El arresto domiciliario del obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, en el norte del país, tras dos semanas bloqueado en la curia por las fuerzas de seguridad de Ortega, quien lo culpa de incitar al «odio» para «desestabilizar al Estado de Nicaragua» así lo demuestra.
Si bien el Vaticano apuesta por el «diálogo», sería un «diálogo de sordos porque Ortega no ha dado señales de responder a estos llamados de diálogo que hace la Iglesia católica».
Presión sin avances
Desde Washington D.C., McFields insiste en la necesidad de «una mayor presión internacional en temas económicos y políticos». Ahora él engrosa la larga lista de desertores del régimen de Ortega, en la que figuran desde el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, «ficha» política del Frente Sandinista y padrino de matrimonio entre Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo; el procurador general, Hernán Estrada; el superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo; hasta la exnuera de Ortega, Yadira Leets, quien abandonó el país con dos de sus hijas sin intenciones de regresar.
Arturo McFields sabe que lograr esto en la región es complejo, considerando que Ortega consiguió la secretaría general del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) con el apoyo de los vecinos.
«Son acciones complejas que vienen a botar el trabajo que se viene haciendo en la comunidad internacional para presionar un cambio democrático en Nicaragua, pero creemos que después de las elecciones, a sus socios en la región les costará defender lo indefendible».
Además, «la irracionalidad política de Ortega es altísima. Nicaragua es el único país de las Américas que apoyó la anexión ilegal de cuatro territorios de Ucrania por parte de Rusia en Naciones Unidas junto a otras cinco naciones, de las cuales una era Siria y otra Corea del Norte».