MADRID.- Los nuevos enfrentamientos entre el presidente peruano, Pedro Castillo, y el Congreso del país provocaron una alta cifra de desaprobación en las encuestas, con un 77% de rechazo al desempeño de Castillo y un 73% de rechazo al Congreso.
L a encuesta de Ipsos para el diario El Comercio apunta a un 27%. Respecto al Congreso, el 73% desaprueba su gestión y solo el 18% de aprobación para Castillo en unas cifras mejores en cualquier caso a las de julio (74% de desaprobación) y abril (76%).
Respecto al Congreso, el 73% desaprueba su gestión y solo el 18% la aprueba. También cae el rechazo a su gestión, ya que en julio era del 79% y en mayo, del 82%.
El estudio revela además que el 46% rechaza la labor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El 32% apoya su gestión -40% en Lima y 28% en el interior del país-.
La encuesta se basa en 1.209 entrevistas realizadas en los 24 departamentos del país y la provincia constitucional del Callao el 10 de noviembre. Los entrevistados fueron elegidos de manera aleatoria respetando cuotas de sexo y edad.
El viernes, una subcomisión del Congreso peruano aprobó un informe para acusar y procesar en un antejuicio a Castillo, por el presunto delito de traición a la patria al considerar que su país podría conceder una salida al mar a Bolivia.
«El informe final de la denuncia constitucional 219 ha sido aprobado por 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones», dijo la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
La decisión de la subcomisión parlamentaria abre las puertas para el inicio de un proceso de antejuicio a Castillo, pero aún debe ser debatido por el pleno del Congreso para acusar formalmente al presidente izquierdista. Por el momento no se fijó una fecha para la votación.
El informe, suscrito por el congresista de centroderecha Wilson Soto, se sustenta en una entrevista que brindó Castillo en enero a la cadena CNN en Español, donde no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decide a través de una consulta popular.
El informe parlamentario sostiene que la declaración de Castillo «vulneraría mandatos constitucionales».