Los abusos de poder cometidos por jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) están a un paso de comenzar a ser investigados en el Congreso. Todo dependerá del apoyo que consiga la iniciativa en la Cámara de Diputados, luego de recibir una solicitud del diputado federal Marcel van Hattem para iniciar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI).
El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter recordando la importancia de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la necesidad de frenar las medidas arbitrarias de instancias gubernamentales cuando los reclamos populares no van acorde con la ideología de sus funcionarios. Lo que hoy padece Brasil es una oleada de censura que va desde las redes sociales hasta las protestas en las calles, y el diputado está dispuesto a llegar al fondo del asunto.
La orden para bloquear unas 43 cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas relacionadas con las manifestaciones fue el detonante para que van Hattem decidiera hacer la solicitud de investigación contra los jueces y el TSE. La decisión, anunciada por el magistrado Alexandre de Moraes, es solo una de tantas que conforman su abanico de medidas autoritarias. Tal como han comentado expertos, se ha pasado por encima de otros poderes del Estado con el objetivo de silenciar a quienes rechazan el resultado electoral a favor de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del pasado 30 de octubre.
Las arbitrariedades de Alexandre de Moraes
Para que se instale esta CPI se necesitan 171 firmas de los parlamentarios y, según lo que informó el diputado federal por el Partido Novo, ya cuenta con 127. En el mismo mensaje, pidió a los ciudadanos brasileños solicitar a sus diputados que apoyen la propuesta para así conseguir las 44 rúbricas que faltan.
Mientras avanza el proceso de recolección de firmas, Alexandre de Moraes sigue acumulando un listado de decisiones polémicas y discutibles en términos de abuso de poder. Estas son algunas tomadas antes y después de las elecciones:
- En julio ordenó eliminar publicaciones en redes sociales que vinculaban a Lula con la mayor red criminal del país, el Primer Comando Capital (PCC), a pesar de las reveladoras declaraciones del publicista Marcos Valério. Si no acataban, político bolsonaristas debían pagar multas de 10.000 reales diarios (más de 1800 dólares).
- En octubre, el equipo de Bolsonaro denunció cómo el TSE perjudicó la campaña del presidente en ejercicio al sacarlo del tiempo radial reglamentario para promover su candidatura.
- Ese mismo mes, prohibió contenido en redes sociales donde se calificara como «corrupto» a Lula, aunque la justicia lo declaró culpable y pasó 580 días tras la rejas por ese delito. Tampoco se le podía llamar «ladón» o «exconvicto».
- Luego de las elecciones, perfiles en Twitter de dirigentes bolsonaristas y diputados quedaron silenciados por orden del TSE.
- Ante las masivas protestas contra el resultado electoral, Alexandre de Moraes ordenó a la policía recabar datos de conductores de camiones que participaran en los bloqueos, así como de los líderes de las manifestaciones. Posteriormente, impartió la orden de bloquear sus cuentas bancarias.
El Congreso será conservador
Si bien Brasil atraviesa semanas llenas de incertidumbre —con los votantes del presidente Jair Bolsonaro exigiendo la revisión de los resultados—, actores políticos que rechazan el regreso del socialismo al país están tomando acciones contra presuntas irregularidades. Horas antes de que van Hattem anunciara la solicitud de investigación contra los jueces del STF y el TSE, el Partido Liberal (PL) confirmó que había introducido ante el órgano electoral una demanda para verificar los votos de las urnas fabricadas entre 2009 y 2015. Un informe técnico solicitado por esta formación política detectó que 61 % de un total de las 577.125 máquinas utilizadas en las elecciones de octubre «no pueden ser auditadas».
Un dato importante a tener en cuenta es que el próximo Congreso que toma posesión en enero de 2023, tiene mayoría conservadora. En la Cámara de Diputados el PL logró 99 escaños y en el Senado consiguió 19 de los 27 que se renovaron. Ese escenario abre la puerta a un gobierno complicado para Lula da Silva en términos legislativos, con altas probabilidades de investigaciones y hasta de la solicitud de un posible juicio político. Si el izquierdista logra materializar alianzas del Partido de los Trabajadores (PT) con minorías de la centroizquierda, podría cambiar el panorama. Pero por ahora todo indica que tendrá un parlamento en contra.